Cuando un gobierno es realmente transparente y los ciudadanos pueden acceder sin trabas a información detallada sobre las actividades gubernamentales, no solo se ejerce un derecho innegable, sino que también se genera confianza, lo que se traduce en crecimiento económico. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para el desarrollo económico y social de cualquier nación; especialmente en el caso de México, su importancia se ha vuelto aún más crítica tras la reciente desaparición del INAI, lo que representa un retroceso significativo en los esfuerzos logrados.
La rendición de cuentas está estrechamente relacionada con la transparencia, ya que es el mecanismo mediante el cual se evalúa la credibilidad de los informes gubernamentales. En estricto sentido, no existe otra forma que garantice que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y sin desvíos. Uno de los principales beneficios es el estrechamiento de los márgenes que incentivan la corrupción, uno de los flagelos que más han deteriorado el servicio público en nuestro país.
Lamentablemente, en varios países latinoamericanos, la corrupción es endémica, y México no escapa a esta realidad. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, elaborado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, México ha mantenido por cuatro años la misma calificación de 31 sobre 100 puntos, lo que lo ubica en la posición 126 de 180 países evaluados. Sin duda, fortalecer los mecanismos de transparencia beneficiaría enormemente el cambio de percepción negativa que se tiene.
La transparencia permite que los ciudadanos supervisen el uso de recursos públicos, lo que a su vez fomenta un comportamiento más honesto entre los funcionarios. Lamentablemente, el régimen actual no ha hecho mucho por contribuir al cambio prometido; si se considera que en materia de compras públicas durante el sexenio 2018-2024, el 80 por ciento de los contratos del gobierno se asignaron por adjudicación directa.
La falta de transparencia y rendición de cuentas tiene sin duda un costo; lamentablemente, no existen estudios que hayan dimensionado su valor. Los más relativamente aproximados son aquellos que han intentado medir la corrupción; sin embargo, también adolecen de una metodología plenamente aceptada. El rango es muy amplio: desde el 0.4 por ciento del PIB estimado por el INEGI en encuestas sobre sobrecostos en trámites hasta el 10 por ciento del producto, cifra multicitada por analistas y periodistas pero que carece de una fuente claramente identificada.
Una cifra más útil para valorar la falta de transparencia y rendición de cuentas son los montos de gastos observados y no justificados durante las revisiones de las cuentas públicas llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Según sus informes, en el período 2019-2022 se han documentado alrededor de seis mil casos de posibles desvíos de recursos federales, con un saldo superior a 220 mil millones de pesos que no han sido recuperados o justificados. En este contexto, sería pertinente esperar los resultados para los años 2023-2024, durante los cuales se incrementó significativamente el gasto y la deuda pública y se concluyeron varios proyectos de obra pública, al menos en términos formales.
Sin duda, el nuevo gobierno enfrenta desafíos importantes si realmente desea destacar en transparencia y rendición de cuentas y justificar que la desaparición de los organismos garantes de estos derechos no limitará el acceso ciudadano ni generará mayor desconfianza. Para ello, requiere implementar estrategias efectivas; algunas ya han sido anunciadas, como avanzar en la digitalización de trámites.
También es necesario mejorar el acceso a información mediante plataformas digitales donde se publique información relevante sobre gastos e inversiones públicas. Sin embargo, será crucial reducir al mínimo las adjudicaciones directas y erradicar la reserva injustificada y arbitraria de información, una práctica lamentablemente común en gobiernos opacos.
La implementación efectiva y proactiva de acciones transparentes transforma las relaciones entre lo público y lo privado generando confianza y participación, al mismo tiempo fomenta la inversión y el cambio positivo. La transparencia y la rendición de cuentas son también un motor económico.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®