La población acapulqueña vuelve a ser rehén de las acciones de protesta que llevan a cabo damnificados por el huracán John que exigen la entrega de los apoyos y la inclusión en el censo, dejando al 85 por ciento de los habitantes del puerto sin agua, en la víspera del inicio del periodo vacacional de fin de año.
Desde las cinco de la mañana del 6 de diciembre, alrededor de 120 habitantes de los poblados de El Cantón, Huamuchitos, Espinalillo, Valle de los Muertos y Garrapatas, tomaron el sistema Pagayo I, mientras que los pobladores de Tasajeras y Bella Vista lo hicieron en el centro de captación Papagayo II, dejando a Lomas de Chapultepec como la única fuente de captación activa del vital líquido, esta última es la que surte a colonias y hoteles de la zona diamante. En ambos casos, apagaron los equipos e impidieron que los operadores realizaran sus actividades.
Se sabe que la toma de las instalaciones está dirigida por Marco Antonio Suastegui, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) quien aseguró “entre los comuneros existe un hartazgo del continuo incumplimiento de promesas por parte de las autoridades.”
Las autoridades tanto municipales como estatales justifican su inacción porque mantienen una política de diálogo y no de garrote y porque el problema es competencia de la Secretaria de Bienestar, sin embargo se han hecho llamados al diálogo a los protestantes pero resultan ser voces en el desierto.
Al borde de la desesperación, funcionarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) pidieron “con el corazón en la mano” a los pobladores de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, liberen los sistemas de captación de agua Papagayo I y II, obteniendo los mismos resultados: oídos sordos. Los protestantes reiteran la exigencia de apoyo económico de la Secretaría del Bienestar Federal.
Hugo Lozano Hernández director de la CAPAMA, explicó que han intentado establecer un diálogo con la Secretaría del Bienestar y el Gobierno Federal para resolver la situación y pidió a los manifestantes ser solidarios con Acapulco y buscar una solución mediante el diálogo con los tres niveles de gobierno.
Francisco Rodríguez Cisneros, Subsecretario de Desarrollo Político y Social, dio a conocer que autoridades de los tres niveles de gobierno sostendrán una reunión con los habitantes de cinco comunidades rurales que mantienen tomados los sistemas de captación de CAPAMA esperando encontrar una solución al conflicto.
Hasta el momento, solamente se encuentra en funcionamiento el sistema de Lomas de Chapultepec, el cual está surtiendo 1.200 litros de agua por segundo, destinados exclusivamente para el área turística y comercial del puerto.
La suspensión de operaciones de los sistemas de captación, no solo afecta en el suministro de agua potable en las colonias y principales zonas del puerto, también afecta la distribución de agua a escuelas y hospitales.
La interrupción del suministro de agua a la ciudad por parte de protestantes, se está haciendo frecuente. El 28 de agosto Un grupo de campesinos tomaron las instalaciones del sistema de captación de agua, ubicado a la altura de la comunidad de Lomas de Chapultepec, exigiendo para su liberación que se les entregue 5 millones de pesos mensuales.
El 27 de enero de este año, habitantes de los siete bienes comunales de Cacahuatepec tomaron bajo su custodia los pozos del sistema papagayo 1 que abastece de agua a más de 46 colonias del puerto con más de 150 mil habitantes, en demanda de la entrega de los apoyos económicos a los damnificados por el huracán Otis. “Los pozos no se van a abrir, no va haber agua en Acapulco hasta que nos den una solución” fue su amenaza.
En esa ocasión, el área afectada comprendió las Brisas, Brisas Guitarrón, Zona Naval, Zona Militar, Puerto Marqués, La Poza, Bonfil, Unidad Habitacional Luis Donaldo Colosio, entre otras colonias.
El 24 de junio del 2022, comuneros de Cacahuatepec tomaron la fuente de abastecimiento en el poblado de Salsipuedes, en demanda de que se les entregara semilla mejorada y para que López Obrador se diera cuenta de que los programas de fertilizante y sembrando vida no llegan a todos los campesinos.
Si los hechos de interrupción en el suministro de agua y la exigencia de recibir apoyos continúan presentándose en Acapulco, las consecuencias sociales y económicas podrían ser graves tanto a corto como a largo plazo.
La falta de transparencia en los procesos de censo y la distribución de apoyos tras el paso de fenómenos naturales, como el huracán John, podría generar un sentimiento de injusticia en la población. Las personas que no reciban el apoyo adecuado o que no estén incluidas en el censo pueden sentir que sus necesidades no son reconocidas, lo que fomenta el descontento y la desconfianza hacia las autoridades gubernamentales.
Las condiciones de vida precarias, como la falta de acceso al agua, también podrían desincentivar futuras inversiones tanto locales como extranjeras. Los empresarios que buscan expandir sus negocios en Acapulco podrían optar por invertir en otras regiones con un entorno más estable y menos riesgoso.
La salud pública podría deteriorarse, la cohesión social se pondría a prueba, y las actividades económicas, especialmente el turismo, sufrirían un retroceso significativo. Además, la creciente desconfianza en las autoridades y las tensiones por la distribución desigual de apoyos podrían generar conflictos sociales que agravarían aún más la situación. La desesperación por la falta de respuestas eficaces podría generar protestas y disturbios.