La indignación que despertó el asesinato de Martín Roberto Ramírez Ruiz, presidente del patronato de la Feria de San Mateo, y de José Vidal Nava, maestro de ceremonias, no solo tiene repercusiones inmediatas en la credibilidad de las autoridades estatales y municipales, sino que también podría generar consecuencias políticas y sociales de largo alcance durante 2025.
El asesinato ocurrió el 24 de diciembre al filo de las 7 de la tarde en el mismo barrio de San Mateo, uno de los más antiguos de la capital de Guerrero mientras los habitantes del barrio señalado se preparaban para el recorrido del Teopancalaquis, una actividad emblemática de la feria.
Se sabe que hombres armados se infiltraron entre los participantes y dispararon contra Ramírez Ruiz, quien falleció en el lugar e igual suerte tuvo Vidal Nava, quien se encontraba a su lado. Además resultaron heridos una mujer y un menor los cuales quedaron fuera de peligro posteriormente.
Desde entonces a la fecha la información tanto del gobierno del estado como del municipio ha sido lacónica se presume como uno de los móviles, la extorsión bajo la cual se encontraba el patronato pues un grupo delincuencial no solo pretendía un porcentaje de la derrama sino establecer la cartelera de los artistas a presentarse en el transcurso de la feria.
El 15 de diciembre, Leopoldo González González, arzobispo de Acapulco, lanzó un llamado pidiendo a los grupos criminales una tregua para el periodo de fin de año. “Respaldamos este llamado realizado por la Arquidiócesis Primada de México, esto para establecer una tregua nacional de paz con motivo de las fiestas de nuestra señora de Guadalupe y la Navidad, unidos en este empeño renovemos el compromiso de trabajar por una sociedad reconciliada”, expresó. Posteriormente a los asesinatos, autoridades municipales y estatales incurrieron en contradicciones. El comité organizador de la feria con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y de los artistas programados, canceló la feria, constituyendo una pérdida cultural para la comunidad, pues se trata de un evento con 199 años de antigüedad.
La cancelación también representó un impacto económico significativo pues comerciantes, artistas y trabajadores que dependen de este evento para generar ingresos y que se vieron afectados por la cancelación. Se hizo muy notoria la ausencia de visitantes en el recinto ferial, lo que ha dejado un vacío palpable en una celebración que, año tras año, ha sido un punto de encuentro para las familias de la región.
Para el gobierno estatal la Feria de Chilpancingo no está cancelada e incluso se reforzaron las medidas de seguridad para garantizar la integridad de los asistentes dijo Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político, y en ese contexto circuló la versión de que el 28 de diciembre habría un espectáculo con artistas que originalmente no estaban en la agenda.
A las 5:40 de la tarde, mediante la página de la Feria se difundió un comunicado oficial para informar que, “debido a problemas técnicos derivados de la insuficiencia de capacidad eléctrica el evento ‘Una Tarde por la Paz y la Unidad’, programado para este sábado 28 de diciembre, ha sido cancelado. Agradecemos su comprensión y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar”.
Durante el sepelio afloraron los reclamos al gobierno estatal y municipal por la falta de avances en la investigación, recordando el asesinato de Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo ocurrido en octubre pasado a una semana de haber tomado posesión lo cual es un reflejo de la inseguridad que afecta al estado de Guerrero pero también se argumenta la violencia política.
Tanto Ramírez Ruíz como Vidal Nava fueron simpatizantes del PRI y tuvieron actividad en ese instituto político. Durante el pasado proceso electoral, el primero organizó varios actos proselitistas para los candidatos de la alianza PRI- PRD- PAN en el barrio de San Mateo, entre ellos Manuel Añorve Baños, entonces candidato a la reelección para la Cámara de Senadores, y Bonifacio Montúfar Mendoza, el candidato a diputado local, ambos del tricolor.
Vidal Nava en varias ocasiones fungió como maestro de ceremonias en actos proselitistas que se realizaban en las oficinas estatales del PRI y fue un cercano colaborador de Ramírez Ruiz en la organización de la Feria de San Mateo, cuando fueron atacados a balazos estaban juntos ultimando detalles.
El crimen subraya la incapacidad de las autoridades estatales y municipales para enfrentar el crimen organizado en la región. Este hecho podría resultar en un fuerte golpe a la imagen de los gobiernos local y estatal, especialmente si se percibe que hubo negligencia o complicidad en la situación de inseguridad. La falta de acción en la protección de figuras públicas y podría ser utilizado políticamente para desacreditar a los actores gubernamentales y alimentar el descontento popular.
Dado el nivel de violencia en Guerrero y la creciente preocupación por el poder de los cárteles, el caso podría aumentar la presión sobre el gobierno federal para tomar medidas más drásticas. La inacción de las autoridades locales podría hacer que el gobierno central se vea obligado a intervenir de manera más directa.
Esto podría llevar a un incremento en las fuerzas de seguridad en la región, pero también generar tensiones entre el gobierno federal y los locales, especialmente si se percibe que los líderes locales no están dispuestos a colaborar o que existen complicidades dentro de las estructuras políticas locales.
La cancelación de la Feria de San Mateo, podría desatar una serie de protestas, tanto por la pérdida de la tradición como por la indignación hacia la violencia que acabó con la celebración. Esta festividad es de las más antiguas del país y un evento que moviliza a miles de personas, tanto a nivel local como de turistas.
El caso podría llevar a movilizaciones masivas en demanda de justicia, seguridad y el cese de la impunidad, lo que afectaría la cohesión social en la región. La protesta social podría ir más allá del ámbito local y extenderse a otras partes del estado o incluso al ámbito nacional.
Las consecuencias políticas y sociales del asesinato de Martín Roberto Ramírez durante 2025 dependerán en gran medida de las respuestas que den las autoridades locales, estatales y federales. Si no se toma una acción decidida para combatir la impunidad y el crimen organizado, el evento podría desestabilizar aún más la región, afectando la política, la seguridad y la cohesión social en Guerrero.