La guerra que sostienen las bandas del crimen organizado que operan en Guerrero convierten a los trabajadores de la salud en víctimas potenciales de la violencia pues desde hace muchos años los tres órdenes de gobierno dejaron de brindar protección tanto a los que laboran en los hospitales y centros de salud, como a los que realizan los traslados de pacientes heridos por bala.
El 16 de febrero un comando interceptó a una ambulancia particular en la cual eran trasladados tres heridos a balazos provenientes del municipio de Ayutla, a mismos que fueron remataron a tiros dentro del vehículo, además mataron a un familiar que los acompañaba e hirieron a un segundo familia que los acompañaba el cual pudo huir.
El ataque se llevó a cabo alrededor de las 4 de la madrugada cuando la ambulancia A-05 de Atención Médica Inmediata fue interceptada por hombres armados que viajaban en una motocicleta y un taxi. Las personas fueron lesionadas tras un enfrentamiento armado el día anterior en Tutepec, Ayutla de los Libres.
Desde hace meses los traslados de lesionados, lo hacen ambulancias privadas o las que proporcionan las autoridades municipales y se dirigen de los municipios a los hospitales de segundo o tercer nivel, debiendo cubrir el costo final los familiares de los pacientes.
Por lo tanto heridos como personal médico viajan sin protección alguna salvo cuando los pacientes van en calidad de detenidos pero la vigilancia no es la suficiente como para resistir el ataque de algún grupo armado cuando se pretende acabar con la vida de los heridos o, incluso, del personal que los acompaña.
Cuando la Policía Ministerial lleva a algún herido o interno del Cereso, se queda una guardia mientras se le atiende. Ante esta indefensión de los trabajadores, y los pacientes, el sindicato ha pedido que sea la Guardia Nacional o militares quienes se encarguen del resguardo sea personal de los nosocomios y de los familiares.
El 14 de febrero otro comando irrumpió en el Hospital Donato G. Alarcón de Ciudad Renacimiento de la periferia de Acapulco, y remataron a balazos a un trabajador del panteón de Las Cruces que había ingresado herido de bala un día antes. Los hombres armados ingresaron al segundo piso donde se encontraba Gustavo “N”, en el área de Cirugía, donde le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.
Al menos desde 2016 hay una larga cadena de casis similares. El crimen no se detiene a la puerta de los hospitales. Rematar a heridos ante médicos y enfermeros se ha vuelto una práctica común. El asesinato “por remate” en un hospital en México no existe en las estadísticas oficiales, aunque sí existe en la vida cotidiana.
El 5 de noviembre del 2024 un sujeto armado entró al hospital del IMSS Bienestar en Coyuca de Benítez para asesinar a quien dos horas había ingresado herido.
Beatriz Vélez Núñez, presidenta de la Comisión del Salud del Congreso local y secretaria general de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), dijo que sus agremiados le solicitaron presentar una propuesta de ley federal para que los heridos de bala, con presunción de que fueron atacados por la delincuencia organizada, sean llevados a atención a hospitales de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Armada de México. La propuesta es añeja pero se mantiene sin respuesta.
La violencia dirigida hacia espacios tradicionalmente protegidos, como hospitales, refleja una debilidad institucional en la protección de áreas clave de la sociedad. Esto podría llevar a una sensación generalizada de inseguridad, donde las personas se perciben incapaces de acudir a los servicios médicos sin el temor de ser víctimas de la violencia del crimen organizado. La escalada de estos eventos puede generar un clima de pánico y desconfianza hacia las autoridades.
El que este tipo de crímenes pueda ocurrir repetidamente sin una respuesta efectiva de las autoridades refuerza la percepción de impunidad y debilidad institucional. Esto puede resultar en un aumento de la desconfianza generalizada en las fuerzas del orden, lo que a su vez dificulta la cooperación de la ciudadanía con las autoridades y genera un ambiente propicio para la expansión de la criminalidad.
La impunidad derivada de la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades podría llevar al desbordamiento del sistema de justicia, con un aumento en los crímenes violentos en la región. Si los sicarios y grupos criminales continúan atacando con impunidad, las instituciones encargadas de investigar y procesar a los responsables no podrán hacer frente a la creciente violencia, lo que podría resultar en más violencia y mayor inestabilidad.
La violencia prolongada y sin control en zonas específicas puede tener consecuencias económicas graves. El turismo, la inversión, y el desarrollo económico en regiones afectadas pueden verse seriamente afectados. Además, las familias podrían verse desplazadas debido a la inseguridad, lo que provoca un ciclo de pobreza y desestabilización social.
Si estos eventos siguen escalando, se podría generar un ciclo perpetuo de violencia, desconfianza, inseguridad y desestabilización social, lo que afectaría no solo a Guerrero, sino a todo el país, con implicaciones tanto en la calidad de vida de los ciudadanos como en el funcionamiento de las instituciones de salud y seguridad pública. Para evitar este escenario, es crucial que las autoridades implementen medidas eficaces y coordinadas de seguridad en hospitales y en las comunidades, junto con estrategias que fortalezcan la confianza pública en las instituciones.