La violencia cotidiana que se registra en Guerrero no obedece a las estadísticas. Aun cuando se registró un menor numero de homicidios entre el 23 y el 28 de enero, se registraron hechos violentos que estuvieron a punto de impactar a la economía de Acapulco.
Los datos del del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dados a conocer el 17 de enero, indican una disminución en delitos de alto impacto, como son feminicidio, extorsión, robos con violencia en sus diferentes modalidades, como robo a transeúnte, a vehículo y a casa habitación y precisan que en Acapulco, los homicidios dolosos disminuyeron en un 50.1 por ciento desde el inicio de la administración federal, pasando de 2.13 homicidios al día en septiembre, a 1.06 en diciembre de 2024.
Pero la violencia cotidiana se manifiesta de otra manera. En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, 8 de cada 10 personas de Acapulco y Chilpancingo dijo sentirse insegura en la ciudad donde viven. En el caso de la capital del estado el 86.8 por ciento dijo sentirse insegura contra el 76.9 por ciento que lo afirmó en el periodo septiembre-diciembre del 2024. Con ello pasó a ser la octava ciudad del país con mayor percepción de inseguridad.
En Acapulco el 80.9 por ciento consideró insegura la ciudad contra el 73.8 por ciento del periodo anterior.
Durante la jornada violenta del 23 de enero se registraron ataques a balazos a cinco choferes de firmas como Sigma, grupo Modelo, Coca Cola, de los cuales dos murieron por lo que suspendieron el reparto de los productos
Ante esos hechos, como medida preventiva, los trabajadores de Pepsi, Sabritas, Bimbo, Bonafont, Heineken y Moctezuma decidieron suspender sus recorridos para evitar posibles ataques.
Las autoridades entablaron diálogo con los administradores de las empresas y el 26 de enero reanudaron el servicio pero con vigilancia policiaca a efecto de “generar condiciones para la continuidad de las actividades económicas”, según se dijo el comunicado.
Ese 23 de enero un chofer de una camioneta tipo Urvan de la ruta Vacacional–Aeropuerto fue asesinado cuando circulaba por el Fraccionamiento Libertadores, cerca del penal de Las Cruces.
La familia de la víctima recogió el cuerpo y se lo llevó a su domicilio antes de la llegada de las autoridades.
El 25 de enero a Fiscalía General del Estado (FGE) informó que tras un cateo a un inmueble, luego de una fuerte operación en la Central de Abasto del puerto, se decomisó droga, un arma y pertenencias de una víctima de extorsión.
En el dispositivo fueron decomisadas 18 bolsas con marihuana, una bolsa de plástico con semillas de marihuana, dos bolsas de plástico con dos cigarrillos confeccionados y 10 envoltorios con piedra.
Además de un arma larga, cartuchos, equipo de radiocomunicación, una máquina para soldar y dos máquinas traga monedas.
Posteriormente unos 200 comerciantes de la Central de Abasto bloquearon tres horas de manera intermitente el bulevar Vicente Guerrero para señalar abuso de autoridad de las fuerzas federales y estatales por el cateo y cesen estos operativos, pues más allá de brindarles seguridad, generan miedo.
El 28 de enero Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó En Acapulco, Guerrero, derivado de acciones del Gabinete de Seguridad en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero, fue detenido Alexander “N”, quien tenía denuncias por extorsión en el mercado central de Acapulco, además, contaba con órdenes de aprehensión por extorsión y delincuencia organizada.
En la madrugada del 27 de enero, Un grupo de civiles armados lanzaron gasolina y prendieron fuego a siete locales del mercado de la colonia Las Cruces en Acapulco, cerca del panteón municipal. El saldo fue de varios locales quemados.
Estos incidentes pueden ser reflejo de un conflicto subyacente entre grupos criminales. A medida que el crimen organizado se enfrenta con mayor intensidad a las fuerzas del orden, puede haber un aumento de ataques directos a civiles, lo que incrementa la violencia generalizada en la zona.
Cuando los ataques a choferes y trabajadores del transporte no se resuelven o se perciben como impunes, se genera un clima de desconfianza hacia las autoridades. La población puede sentir que la violencia es incontrolable, lo que provoca un aumento en el miedo y la desconfianza generalizada.
Los empresarios podrían enfrentar mayores costos para garantizar la seguridad de sus trabajadores o el transporte de mercancías. La contratación de servicios de seguridad privada o la adquisición de equipos adicionales para proteger los vehículos podría generar un encarecimiento en la operación de negocios, lo que, en última instancia, podría ser trasladado al consumidor.
Ante la inseguridad, algunos sectores económicos podrían recurrir a formas informales de empleo o de distribución de productos, lo que afectaría el control fiscal y el marco regulatorio de la economía local.
La violencia persistente, especialmente cuando se orienta hacia actores clave en la economía como los transportistas, puede desencadenar un círculo vicioso que afecta tanto la seguridad pública como la estabilidad económica. En el corto plazo, esto puede generar mayores costos y menor disponibilidad de bienes, mientras que a largo plazo, puede llevar a una menor inversión, una economía más débil y una creciente inseguridad, afectando la calidad de vida de los habitantes de Acapulco.
Al inicio de 2024 se registró una situación similar que provocó la suspensión del servicio público por más de 15 días tanto en este puerto como en Chilpancingo y Taxco. Los ataques se debieron a la exigencia del pago de la extorsión y también porque choferes se negaron a hacer labores de vigilancia para las organizaciones criminales.