El caso de los jornaleros reclutados desde diversos municipios de Guerrero, los cuales fueron destinados al rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha generado un manto de dudas y contradicciones entre las autoridades locales y la universidad involucradas, lo que ha dejado la sensación de que algo se oculta detrás de este supuesto “programa de trabajo” denominado “Raíces Mexicanas Floreciendo en Estados Unidos”.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades de Acapulco, Chilpancingo y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) por deslindarse de cualquier responsabilidad, las pruebas existentes sugieren que, al menos, hubo explotación laboral y posibles violaciones a los derechos humanos, incluidas posibles desapariciones forzadas.
El comunicado oficial DGIC/047 de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) anunciando una investigación sobre la desaparición de personas guerrerenses en el contexto de trabajo agrícola en Teuchitlán genera más preguntas que respuestas.
A pesar de este esfuerzo investigativo, el enfoque de las autoridades parece estar alejado de indagar a fondo sobre las conexiones entre la Universidad Autónoma de Guerrero, las alcaldías involucradas y la empresa Big Force Academy, lo que ha despertado sospechas de que se está protegiendo a ciertos actores con poder en la región.
El testimonio de una de las víctimas, identificado como “Roberto”, ha revelado la manipulación y los engaños que fueron utilizados para trasladar a los jornaleros bajo la promesa de capacitación agrícola en el extranjero. Los involucrados, entre ellos la administración municipal de Chilpancingo y la UAGro, están siendo señalados por ser parte de una campaña publicitaria engañosa que promocionó el programa de reclutamiento con logotipos oficiales, lo que sugiere una colaboración activa en la creación de una fachada legal para lo que podría ser un entramado de explotación laboral.
Este caso tiene su origen en febrero de 2023, cuando 50 personas de diferentes municipios del estado fueron enviadas bajo la premisa de recibir una capacitación agrícola en Jalisco. Sin embargo, el destino final para estos trabajadores no era Florida, como se les había prometido, sino un rancho en Teuchitlán.
De las 100 personas que respondieron al reclutamiento, muchos fueron convocados directamente por autoridades municipales de localidades como Chilpancingo, Iguala y Acapulco, lo que plantea serias dudas sobre el nivel de involucramiento y conocimiento que estas autoridades tenían sobre la situación real.
A pesar de las afirmaciones categóricas de las autoridades que niegan cualquier responsabilidad, han caído en contradicciones. La exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, desmintió las acusaciones y sostuvo que no hubo reclutamiento alguno, mientras que el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, negó que su institución estuviera involucrada en actividades de reclutamiento, a pesar de que documentos oficiales muestran lo contrario.
La actual alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, también intentó desvincularse, señalando que su administración solo promovió programas legales de bienestar para la población, pero no dejó claro si se trataba de un programa de reclutamiento laboral ilícito.
Lo más alarmante son los posibles vínculos entre la exalcaldesa Hernández Martínez y figuras del crimen organizado. En un video publicado el 6 de julio de 2023, se observa a la exfuncionaria estrechando la mano de un hombre armado, que resultó ser un líder de un grupo criminal.
Previamente en marzo del mismo 2023, había participado en un desfile en el municipio de Heliodoro Castillo Tlacotepec junto al alcalde de ese lugar Serafín Hernández Landa y en el contingente estuvo el líder del grupo criminal Los Tlacos conocido como “El Nencho”. Ello plantea una inquietante red de relaciones que podrían haber facilitado, o incluso respaldado, el reclutamiento de jornaleros bajo engaños.
Además, el rector Saldaña Almazán no ha escapado de la controversia. El 3 de abril de 2018 y el 22 de febrero de 2019 señaló por sus comentarios sobre la necesidad de “dialogar” con actores del crimen organizado para garantizar la paz en Guerrero.
Tal declaración, sumada a su reciente involucramiento en la campaña de reclutamiento, solo alimenta las sospechas de que estos actores podrían estar protegiendo o incluso coordinando estas operaciones con fines poco claros.
En el caso de Abelina López Rodríguez, en marzo del 2022 dos marinos recibieron la instrucción de darle protección y acompañar a José Narro Céspedes entones senador de Morena, en una comida en el restaurante Cambalache Oasis, donde se encontraba quien sería el futuro gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.
Ambos permanecen en calidad de desaparecidos. El 6 de marzo de este años familiares de ellos se manifestaron acusando la falta de resultados en la investigación.
Las versiones sobre lo que realmente ocurrió en el Rancho Izaguirre siguen siendo contradictorias y turbiamente vagas. Mientras algunos funcionarios insisten en que las personas que participaron en el programa fueron bien tratadas y que varias lograron obtener visas para trabajar en Estados Unidos, otros testimonios apuntan a una explotación inhumana, con jornaleros siendo privados de su libertad bajo falsas promesas de mejores oportunidades.
El gobierno de Acapulco, en lugar de ofrecer respuestas claras y transparentes, ha optado por minimizar el asunto y eliminar los registros públicos relacionados con el reclutamiento. Esto solo refuerza la percepción de que hay algo más profundo y oscuro detrás de este caso, que no ha sido del todo esclarecido. Ante esta situación, surgen múltiples dudas sobre la complicidad de las autoridades locales y su falta de voluntad para investigar a fondo un caso que, más allá de ser un simple fraude laboral, podría involucrar delitos más graves, como tráfico de personas y explotación bajo condiciones de esclavitud.
Este embrollo no parece ser un simple malentendido, sino un complejo entramado de engaños, complicidad institucional y, posiblemente, corrupción a nivel estatal. Mientras las autoridades evaden responsabilidades, las víctimas siguen sin respuestas, y el futuro de la investigación parece depender de la voluntad de las mismas instituciones que podrían estar encubriendo la verdad.