El reciente relevo en la Secretaría de Hacienda, el primer cambio destacado en el Gabinete de un gobierno que apenas cumplirá los primeros seis meses de administración, nos da pauta para llevar a cabo un análisis de los riesgos y retos que la administración de las finanzas públicas tiene para este y los siguientes años.
Aun cuando el cambio en la titularidad de la dependencia había sido previamente comentado, no escapa de la atención que la renuncia se realiza en un momento complicado en términos del inquietante entorno económico en el que cerró 2024 y el que se augura para 2025.
Entre 2018 y 2020 durante la pandemia de COVID-19, México enfrentó desafíos económicos significativos, lo que llevó a un aumento en el déficit público para financiar medidas de apoyo económico y sanitario. Sin embargo, el déficit como porcentaje del PIB no sobrepasó el nivel de 3 por ciento y se mantuvo en control.
No obstante, en los últimos años, la administración federal cayó en la tentación del uso de la deuda como herramienta para financiar programas sociales y obras de infraestructura improductivas y costosas que respondían más a una agenda política-ideológica, con lo que el aumento del gasto se hizo realidad en el último año de gobierno, tradicional año electoral.
Habría que agregar que el Producto Interno Bruto cerró el 2024 con el crecimiento del 1.5 por ciento real, prácticamente un punto porcentual por debajo de lo establecido por la SHCP. Cabe hacer notar la destacada estrategia de recaudación fiscal que hasta el momento ha podido mantener los ingresos presupuestales en un nivel equivalente al 22.1 por ciento del PIB, pero sin crecimiento resulta poco sostenible en el futuro.
Así mismo, el gasto se mantuvo de acuerdo con lo presupuestado y con ello, fue necesario hacer uso del endeudamiento planteado en el presupuesto.
El gran problema de un creciente déficit público es la forma de financiarlo. Un gasto más racional y equilibrado mediante un proceso de consolidación fiscal permitiría suavizar la curva y reducirlo sin que se presenten restricciones significativas; sin embargo, para logarlo es necesario que la economía crezca lo suficiente lo que todo indica que no será así.
De acuerdo con los cálculos de Hacienda, para lograr reducir el déficit del 5 por ciento al 3.2 por ciento se requiere crecer al menos 2.3 por ciento el próximo año, pero la realidad y los pronósticos apuntan a que no se supere el 1 por ciento en 2025, máxime en un entorno de deuda cara y conflictos arancelarios que impactarán la actividad productiva.
El otro lado de la moneda en el tema del financiamiento del déficit fiscal es que se ha optado por hacerlo con deuda. Para 2024 el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (medida más amplia de la deuda), sobrepasó el 50 por ciento del producto, pasando de 13.1 billones de pesos en 2021 a 17.4 en 2024. Por su parte, el costo financiero de esta deuda para el próximo año se estima en 3.2 por ciento del PIB y equivale a 1.4 billones de pesos.
Cubrir este gasto sin crecimiento suficiente y en un entorno de altas tasas de interés, pone en riesgo toda posibilidad de control, máxime si se adicionan los problemas sin resolver del enorme y creciente endeudamiento de PEMEX, producto nuevamente de la ideología.
Los nuevos encargados de la dependencia no son improvisados, como tampoco lo fueron sus predecesores; sin embargo, mientras la política económica no tome acciones inmediatas a la recuperación y crecimiento, siga privilegiando un gasto poco productivo y no contenga la incertidumbre en materia de inversión, el país estará en peligro de entrar en una perversa espiral de deuda, inflación, lento crecimiento y pauperización que ya lo vivimos hace algunas décadas y que tuvo graves consecuencias en el desarrollo del país.
EL autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®