Como si se tratara de una nueva embestida del mar de fondo que golpeó recientemente al litoral acapulqueño, la violencia se ha intensificado y expandido a lo largo de la franja costera, generando terror entre los habitantes de comunidades rurales. En varios casos, el temor a ser víctimas ha obligado a familias enteras a desplazarse para resguardar su integridad. Las autoridades locales insisten en atribuir los hechos a reacomodos entre grupos delictivos, señalando como móviles el cobro de derecho de piso y ajustes de cuentas.
Aunque las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportan una reducción del 46.1 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Guerrero —pasando de 6.6 víctimas diarias en octubre de 2024 a 3.5 en marzo de 2025—, esta disminución no debe interpretarse como el fin de la violencia ni mucho menos como una pacificación del estado. El delito sigue ocurriendo, y en muchos casos, con mayor brutalidad y efectos devastadores en las comunidades.
Durante lo que va de abril, se han registrado múltiples enfrentamientos armados en las regiones Costa Chica y Costa Grande, así como en zonas urbanas del estado, dejando un saldo cercano a una veintena de muertos. Algunos de los crímenes se han caracterizado por un alto grado de violencia, incluyendo víctimas desmembradas.
La cadena de acontecimientos violentos es así:
El 4 de abril, un grupo armado a bordo de motocicletas irrumpió en una tortillería y asesinó a dos adultos mayores que presuntamente se negaron a pagar “derecho de piso”. Días después, en la comunidad de Rancho Viejo, un enfrentamiento armado dejó al menos 11 muertos. Al mismo tiempo, comunidades como Jaleaca de Catalán y Yextla vivieron jornadas de violencia que obligaron al desplazamiento de sus pobladores.
La noche del 8 de abril, se reportaron tiroteos entre grupos armados en Rancho Viejo. Las versiones oficiales no son concluyentes: una apunta a una disputa entre cárteles por el control de una plaza; otra, a una pugna interna dentro de un mismo grupo delictivo.
En Pilcaya, el asesinato de cuatro personas —incluyendo la hermana del presidente municipal, Fernando Ávila Zagal— revela que la violencia también afecta a figuras vinculadas con el ámbito político. El 7 de abril, un enfrentamiento entre elementos del Ejército y presuntos integrantes de un grupo criminal en Teloloapan dejó un saldo de un delincuente muerto y la incautación de un importante arsenal, vehículos robados y equipo táctico.
Las balaceras en Yextla, municipio de Leonardo Bravo, también causaron temor. Los habitantes optaron por suspender clases y adelantar las vacaciones escolares. Un video difundido en redes sociales mostró el ambiente de guerra: calles vacías, detonaciones constantes y humo en el aire.
El 11 de abril, en San Marcos, cuatro hombres fueron asesinados dentro de una vivienda y una niña resultó herida. Ese mismo día, fue asesinado el líder ganadero Constancio Hernández Villanueva. Su muerte se suma a una serie de ataques contra representantes del sector ganadero en la Costa Chica y Costa Grande, como los casos de Bulfrano Barragán Carmona y Guadalupe Viveros Pineda.
La violencia también alcanzó nuevamente a Acapulco. El 15 de abril, un hombre fue hallado con huellas de tortura en la colonia Miguel Alemán. Ese mismo día, una camioneta de transporte público fue incendiada por hombres armados, y otro ataque similar ocurrió contra una marisquería en la periferia del puerto.
El 11 de abril cuatro hombres fueron asesinados a tiros dentro de una casa en el Centro de San Marcos, en donde una niña resultó herida.
También ese día, Constancio Hernández Villanueva, alías Tancho, líder ganadero del municipio de San Marcos, fue asesinado a balazos. De acuerdo con los primeros reportes, su cuerpo fue localizado a en un terreno a un costado de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la localidad de La Caridad.
Con estos crímenes suma tres los hechos violentos contra ganaderos de la región Costa Chica, Bulfrano Barragán Carmona presidente de la Asociación Ganadera de Azoyú, fue atacado a balazos el jueves en la carretera de la comunidad El Macahuite, en las afueras de dicho municipio.
El 23 de junio de 2024, Guadalupe Viveros Pineda, presidente de la Asociación Ganadera del municipio de Petatlán, región de la Costa Grande de Guerrero, fue asesinado.
El 15 de abril un hombre fue localizado sin vida y con huellas de tortura en la colonia Miguel Alemán, cerca de la glorieta de Aguas Blancas, en Acapulco.
Una camioneta urvan de la ruta Excampo de tiro-Caleta fue incendiada por hombres armados en la avenida Adolfo López Mateos, en el fraccionamiento Las Playas, en la zona Tradicional del puerto.
Todo lo anterior demuestra que, aunque las estadísticas puedan reflejar una disminución en el número de homicidios dolosos, la violencia no ha cesado. Por el contrario, se ha transformado, afectando de manera directa a comunidades, sectores productivos y a la vida cotidiana de la población. Las cifras, aunque útiles para el análisis, no deben eclipsar la realidad en el territorio: el delito persiste, y muchas veces, con mayor crueldad y efectos desestabilizadores a nivel social.
Mientras tanto, las autoridades hablan de reacomodos entre grupos delictivos, pero no ofrecen soluciones reales. La extorsión, el derecho de piso y los ajustes de cuentas siguen marcando el ritmo de la vida en Guerrero. Cada semana se cuentan nuevas víctimas: adultos mayores asesinados por no pagar cuota, niñas heridas en medio de ataques, comerciantes y líderes comunitarios ejecutados.
La Sierra, las costas, y el puerto de Acapulco son escenarios de una guerra que no ha terminado. Y aunque los números bajen en los reportes, las historias que se viven en el terreno siguen siendo de dolor, incertidumbre y abandono. La violencia no ha dejado de ocurrir; simplemente ha encontrado nuevas formas de manifestarse.