Durante las vacaciones de Semana Santa, Acapulco registró cifras alentadoras para el sector turístico: ocupación hotelera cercana al 100 por ciento, más de 250 mil visitantes y una derrama económica superior a los 2 mil 500 millones de pesos. Sin embargo, detrás del aparente resurgimiento del turismo se esconde una realidad alarmante: una escalada de violencia que no se detiene, ni siquiera con la presencia de cuatro mil elementos de la Guardia Nacional desplegados para garantizar la seguridad.
Entre el 13 y el 20 de abril, se contabilizaron 25 homicidios, entre ellos seis transportistas, lo que provocó la suspensión del servicio público en algunas zonas urbanas por miedo a más ataques. El crimen organizado se ha infiltrado en la cotidianidad del puerto, dejando claro que ni el despliegue federal ha logrado contener la crisis.
La Fiscalía General del Estado aseguró tener más de 20 carpetas de investigación en contra de sujetos que amenazan a organizaciones de transportistas con matar a los conductores e incendiar camiones en caso de no acceder a pagar distintas cantidades de dinero.
La violencia no distingue sectores. El 18 de abril, Marco Antonio Suástegui Muñoz —líder social, fundador de la CECOP y actual dirigente de los Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de la Playa Icacos (TUDERPI) — fue baleado en plena zona turística, a escasos metros de la playa. Suástegui, una figura clave en la oposición a megaproyectos como la presa La Parota, ya había sido detenido en 2014 y tras 15 meses, fue puesto en libertad por falta de pruebas. Hoy, su atentado se suma a un patrón que muchos dirigentes de diversas organizaciones sociales consideran una estrategia para silenciar la protesta social.
Vicente Suástegui, su hermano fundador de la policía comunitaria de Cacahuatepec fue privado de su libertad el 5 de agosto de 2021, mientras manejaba el taxi colectivo con el que trabajaba. Hasta la fecha, no se conoce su paradero.
El 28 de julio del 2003, Marco Antonio Suástegui fundó junto a ejidatarios y campesinos de Cacahuatepec, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), con el fin de posicionarse en contra del proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual buscó edificar una represa en el río Papagayo.
La Parota sería una de más de las 300 presas programadas de México a Panamá. El objetivo es generar y acumular energía eléctrica en cantidades muy grandes para su exportación a través del Sistema de Interconexión Energética de América Central (SIEPAC) y de la red mexicana de interconexión eléctrica.
Se preveía la creación de 10 mil empleos durante la construcción y el desarrollo de clínicas, escuelas, carreteras y puentes.
Sin embargo la Cecop argumentó que 17 mil hectáreas que serían inundadas, aniquilando la flora y fauna de la región, la desviación del río Papagayo, propiciaría el desplazamiento de 36 comunidades y la afectación de 75 mil personas por la alteración del cauce del río.
La situación es particularmente grave en zonas suburbanas y rurales, donde el transporte público ha sido blanco constante de la delincuencia organizada. El 16 de abril, transportistas protestaron para exigir un alto a los ataques y la renuncia de Evelyn Salgado, gobernadora de la entidad. Horas más tarde, dos de los choferes que participaron en la manifestación fueron asesinados a tiros.
Mientras tanto, las autoridades locales insisten en promover una imagen positiva del puerto. Abelina López Rodríguez alcaldesa morenista evadió comentar sobre la crisis de seguridad y se limitó a invitar a los turistas “a divertirse en Acapulco” durante la inauguración del Jolgorio, un evento folclórico.
A pesar de los esfuerzos oficiales por proyectar control, la realidad contradice sus discursos. El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, admitió que se está intentando generar inestabilidad de forma “sistemática y continua”, sin identificar claramente a los responsables. Al mismo tiempo, pidió mayor compromiso a las autoridades municipales.
Mientras las instituciones intercambian acusaciones, los ataques continúan. El mismo 18 de abril, hombres armados robaron y quemaron una camioneta Urvan de transporte colectivo en la ruta San Isidro-Centro.
Desde 2022, bandas criminales se disputan el control de las playas, no solo para la venta de droga, sino también para el cobro de piso y extorsiones. Los enfrentamientos armados en playas como Caleta, La Roqueta, La Condesa e Icacos han sembrado el terror entre turistas y prestadores de servicios.
Uno de los casos más perturbadores ocurrió en noviembre de 2022, cuando dos grupos rivales se enfrentaron en motos acuáticas en plena bahía. Días antes, Ángel González Rizo, de 45 años, un salvavidas presuntamente confundido con un integrante de una banda rival, fue asesinado a puñaladas y lo degollaron. Tras ese crimen, al menos 100 trabajadores de playa abandonaron sus labores por miedo.
En Icacos, una de las zonas más emblemáticas del puerto, familias enteras han sido desplazadas. Desde 2018, al menos 46 hogares fueron ocupados por grupos del crimen organizado, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
La violencia en Acapulco ya no es un fenómeno periférico ni excepcional: es una amenaza sistémica que convive con el turismo, el comercio y la vida diaria. La militarización del puerto no ha logrado frenar el baño de sangre. Mientras se celebran cifras económicas, la población convive con el miedo. La “cara bonita” del Acapulco turístico se desvanece ante una realidad que clama por atención urgente y soluciones de fondo.