La noche del 19 de mayo, la violencia volvió a imponerse en la zona rural de Acapulco. En el poblado Kilómetro Treinta, un grupo fuertemente armado irrumpió con violencia extrema, desatando un enfrentamiento prolongado con saldo que se encuentra en versiones encontradas, para la Fiscalía General del Estados fueron. Adán Casarrubias Flores, comisario del poblado afirmó que fueron seis muertos y tres más heridas.
La cifra del comisario no ha sido rechazada o confirmada por ninguna autoridad. Lo que dificulta corroborar los datos es el hecho de que la mayoría de los cadáveres fueron recogidos por sus familiares para evitar que se los llevara el Servicio Médico Forense (Semefo).
La escena incluyó quema de vehículos, detonaciones de granadas de fabricación casera, casas rafagueadas y una comunidad entera sometida al terror.
Una vivienda cercana a la base de taxis también fue atacada a balazos. A escasos metros, una tienda exhibía manchas de sangre, presuntamente de otra víctima cuyo cuerpo fue retirado por sus propios familiares, sin intervención de peritos. Este patrón se repite cada vez con más frecuencia: comunidades que asumen funciones de levantamiento de cuerpos ante la ausencia efectiva del Estado.
La carretera federal Acapulco-México amaneció bloqueada en ambos sentidos, bajo resguardo de la Guardia Nacional. Las escuelas suspendieron clases y el transporte público dejó de circular, paralizando totalmente la actividad en poblados como Xaltianguis, El Treinta y Kilómetro 42. La vida cotidiana se vio interrumpida por el miedo.
Los datos recabados permiten concluir que fue un ataque orquestado por un comando armado con fusiles AK-47, AR-15 y armas cortas automáticas. La balacera, que duró al menos 10 minutos, se extendió desde Kilómetro Treinta hasta Xaltianguis. Pobladores afirman que los atacantes llegaron con listas de domicilios específicos donde abrieron fuego indiscriminadamente. Algunos habitantes intentaron repeler el ataque, pero la superioridad táctica y armamentística de los agresores impuso el caos.
La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que fue activado un operativo interinstitucional horas después del ataque, integrando fuerzas del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía estatal y Policía Estatal. No obstante, para entonces el daño ya estaba hecho. Granadas caseras, cartuchos útiles, chalecos tácticos y restos de una camioneta blindada abandonada reflejaban la magnitud del operativo criminal.
Las calles amanecieron vacías. Comercios cerrados. Nadie quiere salir. El miedo ha tomado el control. La presencia del crimen organizado en este corredor, que conecta a Acapulco con regiones estratégicas del estado, no es nueva: se remonta a finales de los años noventa. El Kilómetro 30 ha sido históricamente un nodo del trasiego de drogas y disputas entre facciones criminales. Desde hace décadas ha sido la puerta de entrada de la droga hacia Costa Grande. La impunidad, ha sido constante.
La presencia de bandas delincuenciales y hechos de violencias en ese corredor del poblado del Kilómetro Treinta se data desde finales de la década de los 90. Este reciente episodio recuerda otros eventos atroces ocurridos en esa comunidad.
En 2001, integrantes de la familia Torres fueron asesinados por Abel Arizmendi, entonces comisario municipal. Más tarde, él mismo y su hijo fueron asesinados con extrema crueldad.
Arizmendi apareció dentro de una camioneta, al lado del cadáver de su hijo. Le habían sacado un ojo, le habían dado varios tiros en el pecho. A su hijo, Abel Arizmendi Díaz, fue castrado y asesinado.
El 12 de julio del 2013, elementos del ejercito mexicano iban a detener a dos integrantes de un grupo delictivo y la población de El Treinta se volcó contra los uniformados impidiendo que se consumara la detención.
Al respecto Manuel Mondragón y Kalb, entonces comisionado nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, dijo: “Yo creo que hay líderes, sin duda que están coludidos, y estos contaminan a la población y en algunos lugares con campanadas en la iglesia o el grito de las señoras o las mujeres, exasperan el ánimo se presentan este tipo de situaciones, pero siempre hay conexión de algunos con ellos, son cómplices de estas personas”. Sin embargo omitió dar el nombre del grupo al cual pertenecían quienes iban a ser detenidos.
En 2014, el periodista Jorge Torres Palacios fue secuestrado y ejecutado, en hechos atribuidos, presumiblemente, a las mismas pugnas territoriales.
La violencia es estructural. La disputa entre remanentes del cártel de los Beltrán Leyva, células de “La Barbie”, y otros grupos menores han desangrado a la región. En septiembre pasado, siete personas murieron en otro enfrentamiento armado, uno de ellos identificado como “El Polo”, jefe de sicarios de un grupo ligado a Édgar Valdez Villarreal.
La incapacidad del Estado para contener esta espiral queda plasmada en los números oficiales. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Guerrero fue en abril el segundo estado del país con más víctimas de homicidio doloso (169), solo detrás de Guanajuato. Acumula ya 405 asesinatos en lo que va del año. Entre marzo y abril, los homicidios crecieron 53.6 por ciento, pasando de 110 a 169 víctimas. El estado mantiene una tasa de 4.68 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, más de tres veces el promedio nacional.
En Guerrero, donde operan al menos 15 grupos del crimen organizado, la violencia ya no es una amenaza latente: es el estado de facto. Periódicamente, Acapulco, se ve golpeada por enfrentamientos entre grupos criminales por el control de las rutas del narcotráfico. Las autoridades reaccionan, pero no controlan. Responden, pero no previenen. En zonas como Kilómetro Treinta, el Estado ha sido rebasado.