El más reciente informe de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI muestra una disminución estadística en la percepción de inseguridad en algunas ciudades de Guerrero; sin embargo, esta aparente mejora contrasta con una realidad mucho más preocupante: la violencia y la actividad del narcotráfico en la entidad permanecen fuera de control.
Ciudades como Acapulco, Chilpancingo e Ixtapa Zihuatanejo continúan siendo percibidas como inseguras por un porcentaje significativo de su población. En Chilpancingo, el 84.1 por ciento de los encuestados consideró insegura su ciudad en marzo de 2025. Aunque esta cifra representa una disminución respecto al 86.8 registrado en diciembre de 2024 y al 87.3 de marzo de 2024, la ciudad sigue encabezando la lista de las más inseguras del estado.
En Acapulco, la percepción de inseguridad se mantuvo prácticamente sin cambio respecto a marzo del año anterior, con un 79 por ciento de la población mayor de 18 años expresando sentirse insegura. Si bien hubo una leve mejora respecto al 80.9 por ciento registrado en diciembre pasado, no se observan avances significativos en términos reales.
Ixtapa-Zihuatanejo, aunque registra el menor nivel de percepción de inseguridad en el estado, tuvo un ligero aumento respecto a diciembre de 2024, al pasar de 48.4 a 49.2 por ciento. Comparado con marzo de 2024, sí se aprecia una reducción más notoria (de 56.6 a 49.2), pero esto no refleja necesariamente una mejora sostenida ni estructural.
Estos indicadores contrastan fuertemente con la creciente ola de violencia que ha azotado a Guerrero en las últimas semanas. Tan solo en lo que va de abril de 2025, el estado ha superado los 80 homicidios, escalando al quinto lugar nacional en asesinatos, cuando semanas antes no figuraba siquiera entre las diez entidades con mayor número de homicidios. Uno de los casos más representativos fue el asesinato de Luis Justo Herrera, padre del alcalde de Azoyú, ejecutado junto con su chofer el 24 de abril a las afueras del rancho “Dos Potrillos”, en plena región de la Costa Chica.
Los asesinatos con crueldad están siendo frecuentes. El 28 de abril un joven de 13 años y otro de 22 fueron asesinados a balazos mientras circulaban a bordo de una camioneta por la carretera de Cochoapa el Grande a Dos Ríos. Eran comerciantes que se dedicaban a la distribución de refrescos y bebidas alcohólicas, originarios de Yozondacua, municipio de Cochoapa el Grande.
El 29 de abril el cuerpo de un hombre asesinado a balazos con las manos mutiladas y los pies atados fue abandonado en la parada del transporte público afuera de la colonia Magisterial de Iguala, en el crucero de Periférico Poniente y la carretera federal a Ciudad Altamirano, donde nueve días antes fueron quemadas dos motocicletas.
El cadáver estaba boca arriba semidesnudo, solo tenía puesto un bóxer y calcetas blancas. Tenía un impacto de bala en la frente y en el pecho tenía
clavado un picahielo con el que se sostenía una cartulina que fue dejada con un mensaje escrito que nuevamente se adjudicó “La Plaza”.
Fuentes policiacas informaron que dentro de una hielera de unicel que fue dejada junto a la víctima fueron dejadas sus manos que le fueron mutiladas, en tanto que los pies los tenía atados a la altura de los tobillos.
“Entiendan hijos de su p… madre vivan bien. Ustedes no se cansan de robar yo no me canso de romperles la madre. Vamos a limpiar de todas estas ratas, aquí les dejo al primero de sus compañeritos por andarse metiendo a robar a las tiendas y autopartes”, indicaba el mensaje de amenaza.
Ese mismo día en el nuevo libramiento Tixtla-Chilpancingo fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años de edad con cuatro impactos de bala calibre 9 mm.
Las autoridades locales anuncian como un logro el que Guerrero se posicionara en el noveno lugar nacional en homicidios dolosos, con un 4.8 por ciento del total registrado en el país durante el primer bimestre del año.
Este repunte de violencia no es un hecho aislado, sino parte de una problemática estructural. Guerrero continúa siendo un estado clave para las economías criminales, en particular el narcotráfico y la extorsión. La fragmentación de los grupos delictivos, sumada a la disputa por territorios estratégicos, ha generado un ambiente de violencia descontrolada. A esto se suma la corrupción institucional y la ausencia de políticas públicas eficaces que permitan enfrentar el fenómeno desde su raíz.
El estado, históricamente vinculado al cultivo de marihuana y amapola, ha comenzado también a registrar la presencia de cultivos de coca, lo que refuerza su papel como nodo estratégico en las rutas del narcotráfico internacional. Además, el puerto de Acapulco continúa siendo una vía fundamental para el ingreso de cocaína procedente de Sudamérica, lo que incrementa la presencia y operación de cárteles y redes criminales.
La violencia en Guerrero no solo genera un profundo daño social, sino también un impacto económico creciente. Las familias y empresas locales deben destinar recursos a medidas de protección, enfrentar extorsiones o incluso migrar para evitar ser víctimas del crimen.
Las cifras que sugieren una disminución en la percepción de inseguridad no deben interpretarse como una mejora real de las condiciones de seguridad en Guerrero. La continuidad de asesinatos, el control territorial por parte de grupos criminales, y la fragilidad institucional muestran que la violencia persiste como un fenómeno estructural, agravado por una economía criminal que sigue expandiéndose sin freno.