Luego de un comportamiento poco disciplinado de la administración financiera del gobierno federal, que llevó a un incremento en el déficit fiscal que pasó de 2.1 por ciento del PIB en 2018 al 4.7 por ciento en el 2024, ello a pesar de haber agotado los ahorros mantenidos en los fondos de estabilización presupuestal; ahora el nuevo gobierno que se autodenomina “segundo piso” ha planteado para 2025 reducir la brecha al 3.3 por ciento del PIB, buscado sanear las finanzas públicas. Sin embargo, los compromisos financieros que marcan las políticas sociales están complicando la conducción de un proceso ordenado, orillando a generar subejercicios que pueden complicar la operación del aparato de gobierno.

Si bien ajustar el presupuesto y lograr la consolidación fiscal en principio es una política prudente, la estrategia de reducir el déficit público mediante recortes y subejercicios presupuestales —es decir, gastar menos de lo aprobado por el Congreso como lo ha estado haciendo el gobierno en el primer trimestre— puede tener consecuencias profundas para la economía, el bienestar social y la gobernabilidad del país.

Con la aprobación del paquete económico para 2025, se planteó como meta que los requerimientos financieros del sector público —medida del déficit fiscal— pasarán de 1.94 billones de pesos en 2024 a 1.43 billones en 2025, lo que significa reducirlo del 5.0 por ciento al 3.2 por ciento el PIB. Por su parte el gasto neto total aprobado para 2025 será de 9.30 billones de pesos, lo que representa una reducción de 3.3 por ciento en términos reales respecto al año anterior; en tanto que el gasto programable disminuirá 7.3 por ciento en términos reales según lo aprobado.

Ahora bien, de acuerdo con el “Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública”, al primer trimestre de 2025, los requerimientos financieros del sector público (RFSP) sumaron 159.2 miles de millones de pesos, lo que representa una reducción del 69.4 por ciento en comparación con el mismo período del 2024. Este resultado responde no sólo al apego al presupuesto aprobado, sino también a la ejecución de un subejercicio en el gasto programado.

De acuerdo con el informe trimestral, el gasto total a marzo fue de 2.30 billones de pesos, lo que representó una caída anual de 5.9 por ciento, y un subejercicio de 178,150 millones de pesos. Los subejercicios presupuestales ocurren cuando el gobierno no gasta los recursos que tiene autorizados en el presupuesto. Caso del gasto programable que se redujo 8.4 por ciento respecto de lo programado, este rubro incluye la operación del gobierno (incluyendo insumos y sueldos) pero también subsidios y transferencias cuyo subejercicio fue de 6.6 por ciento por debajo de lo programado.

Aun cuando un subejercicio parezca una medida de austeridad deseable —incluso cuando se reporta una destacada eficiencia en la recaudación de ingresos tributarios— puede ser reflejo de una “corrección” lastimosamente necesaria buscando evitar faltantes en el futuro para ejecutar programas que se consideran prioritarios, caso más obvio serían los programas sociales basados en transferencias directas que de faltar recursos para cubrirlos se tendría que volver a recurrir al endeudamiento o a recortes más drásticos.

Ahora bien, los subejercicios presupuestales que no son plenamente producto de eficiencias operativas conllevan el riesgo de deteriorar la calidad y cobertura de los servicios públicos. Un caso sonado en la actualidad es la reducción del gasto en insumos y materiales médicos, lo que está afectado el mantenimiento de hospitales o la contratación de personal médico. Otras deficiencias se pueden percibir en la ejecución de trámites en oficinas de atención al público afectando a los solicitantes de estos.

Limitar la eficacia del Estado en tanto prestador de servicios y bienes públicos, mediante recortes y subejercicios presupuestales mal planteados, puede resultar contraproducente, corregir los excesos no implica necesariamente pauperizar el gobierno. Es más apropiado fortalecer la capacidad para generar ingresos, planificar el gasto con eficiencia y atender las necesidades de la población bajo un esquema de sostenibilidad de largo plazo.

Así, el “segundo piso de la cuarta transformación” se enfrenta a un legado de pocos recursos productivos, altos compromisos sociales y un nivel de deuda que compromete las finanzas del país.

El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®