La amenaza del huracán Erick, con posibilidad de alcanzar una intensidad entre categorías 3 y 5 en la escala Saffir-Simpson, y que atravesaría el territorio estatal, encendieron nuevamente las alarmas en Guerrero. Las proyecciones de lluvias que podrían superar las 20 pulgadas y los fuertes vientos han desatado el pánico en Acapulco, una ciudad aún marcada por las secuelas de los huracanes Otis y John.
Sin embargo, en esta ocasión, el área potencial de afectación es considerablemente mayor, comprometiendo a más de 113 mil personas en más de una decena de municipios, incluyendo Acapulco, San Marcos, Cuajinicuilapa, Ometepec, Juchitán, Azoyú, Copala, Florencio Villarreal, Cuautepec y Marquelia.
Al filo del mediodía del 18 de junio las autoridades de gobierno emitieron un comunicado suspendiendo las labores y la movilidad general a partir de las 8 de la noche hasta el día siguiente, y en las oficinas de gobierno, exceptuando las áreas operativas, se suspenden las labores.
Pese a la magnitud de la amenaza, la respuesta gubernamental sigue siendo reactiva y fragmentaria. Hasta el 17 de junio, la alerta oficial únicamente abarcaba dos municipios guerrerenses, evidenciando nuevamente una preocupante desconexión entre la magnitud del riesgo y la capacidad de anticipación de las autoridades.
Las escenas en Acapulco fueron elocuentes: compras de pánico, estantes vacíos en supermercados, filas interminables en tortillerías y gasolinerías, y comerciantes reforzando accesos en previsión de saqueos. La experiencia reciente ha sembrado un temor justificado entre la población, ante la percepción —no infundada— de que el gobierno no garantiza protección efectiva ni orden en momentos críticos.
A través de un video informativo, Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR), hizo un llamado a la calma y exhortó a la ciudadanía a consumir y hacer compras de forma responsable.
Si bien la Secretaría de Protección Civil, junto con los Comités de Abasto, activó protocolos de reabastecimiento y la Ley Antirrapiña fue puesta en marcha, el enfoque institucional se mantiene centrado en la gestión de la emergencia, no en la reducción estructural de riesgos.
No obstante, las autoridades y administrativos de tiendas comerciales advirtieron que el acaparamiento por parte de los consumidores podría derivar en un desabasto temporal y en el incremento injustificado de precios de los productos.
También advirtieron sobre la aplicación se sanciones a quienes incurran en actos de rapiña, ya que esta se encuentra tipificada como delito en el código estatal ameritando cárcel en la mayoría de los casos cárcel.
Se debe recordar que rapiña, saqueos y desabasto se tradujeron en daños por más de 390 millones de pesos para los diferentes comercios tras el huracán ‘Otis’ y a ello se debe sumar los robos de por lo menos 7.3 millones de pesos a sucursales bancarias y cajeros automáticos tras el caos generado.
La verdadera raíz del problema sigue siendo soslayada por las autoridades: Guerrero, y particularmente Acapulco, permanece atrapado en un círculo de vulnerabilidad provocado por una combinación de omisiones históricas y malas decisiones políticas. A pesar de las catástrofes recientes, no se han corregido los factores estructurales que convierten los fenómenos naturales en tragedias humanas.
Problemas estructurales ignorados
Los daños por huracanes y lluvias intensas en Guerrero son predecibles: inundaciones, deslaves, colapsos de infraestructura y severas afectaciones sociales. Aun así, ni la planeación urbana ni la gestión del territorio han sido transformadas para reducir esta exposición.
En Acapulco, persisten decenas de asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo, como Colosio, Coloso, Cayaco, Llano Largo, Puerto Marqués y El Veladero. Hasta el primer trimestre del año, más de cuatro mil 300 familias vivían en condiciones de riesgo extremo, muchas en viviendas precarias construidas en laderas, márgenes de ríos o zonas de cauces pluviales. Colonias como Manantiales, La Libertad, El Quemado y Loma Bonita resultaron gravemente afectadas por huracanes anteriores, pero las autoridades no han impulsado ni reubicaciones efectivas ni alternativas habitacionales viables.
A nivel estatal, más de siete mil 500 familias se encuentran en zonas de alto riesgo, en un contexto agravado por la falta de servicios básicos, como agua potable, drenaje y acceso vehicular, así como por una deficiente o inexistente recaudación fiscal en estas áreas.
Además de los daños patrimoniales, estos eventos naturales generan impactos económicos y sociales profundos, especialmente en familias ya marginadas.
Costa Chica, tiene un porcentaje de pobreza significativamente mayor que el promedio nacional, según el Coneval. En 2020, un porcentaje considerable de la población de Guerrero se encontraba en situación de pobreza, y una parte significativa en pobreza extrema.
Sin embargo, la omisión oficial persiste: no se han actualizado los Atlas de Riesgo, ni se han diseñado planes de prevención integrales ni mecanismos de sanción contra actores políticos que promueven o toleran la ocupación de zonas peligrosas con fines clientelares.
Aunque la información meteorológica y las alertas se difunden con mayor eficiencia que en el pasado, el enfoque gubernamental sigue anclado en la respuesta inmediata. La prevención, la gestión territorial sostenible y la planeación urbana son asignaturas pendientes que las autoridades han preferido evadir.
La reiteración de desastres en Guerrero no es solo producto del cambio climático, sino consecuencia directa de decisiones políticas y administrativas que han perpetuado la vulnerabilidad de la población. Mientras no se rompa ese patrón —con políticas públicas orientadas a la reducción del riesgo, reubicación ordenada y desarrollo urbano sustentable—, fenómenos como el huracán Erick seguirán dejando huella no solo en la geografía del estado, sino también en su tejido social y económico.