La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación absoluta de Juana Hilda González Lomelí, acusada hace casi dos décadas del secuestro y asesinato del empresario Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista Isabel Miranda, recién fallecida.
Esta resolución como pasó en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, deja a la luz uno de los mayores ejemplos de corrupción de la justicia en México, pues queda demostrado que el caso Wallace se construyó en base a mentiras, actos de tortura y pruebas falsas.
La sentencia fue elaborada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a unos meses de que los miembros del máximo tribunal sean remplazados. El proyecto salió adelante a pesar de las presiones a que los sometió la Fiscalía General de la República, que exigió no votar el asunto para dejarlo en manos de los nuevos integrantes.
Juana Hilda quien siempre alegó que sus declaraciones fueron bajo tortura, pasó 20 años en la cárcel, además de que la resolución del ministro Gutiérrez agrega que son inválidas las pruebas obtenidas por la fiscalía con base en confesiones ilícitas.
Un caso más de montaje, parecido al caso Cassez, acusada de secuestro por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. La pregunta es: hasta cuándo van a dejar de darse este tipo de actuaciones por parte de los encargados de la procuración de justicia en nuestro país.
Las sanciones para los personajes involucrados tendrían que ser ejemplares para que esto ya no siga sucediendo. 19 años se dice fácil, pero son muchos, tiempo en que la víctima estuvo injustamente privada de su libertad.
Juana Hilda fue detenida a partir de testimonios de personas que afirmaron haberla visto con Hugo Alberto Wallace entrando a su departamento ubicado en la Ciudad de México. Poco importó que la mujer negara en sus primeras declaraciones haber participado en el delito.
Una justicia que llega tarde, después de 19 largos años, la presidenta de la sala, Loretta Ortiz, ordenó que se comunique la sentencia lo más rápido posible al sistema carcelario para lograr la libertad inmediata de la víctima. La votación final fue de cuatro votos a favor y uno en contra.
Son claras las violaciones a los derechos humanos de la víctima, de hecho, es un caso que debería ser planteado en el ámbito internacional, a fin de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington se pronuncie en su momento al respecto.
Aunque la sentencia sobre el caso Wallace reivindica la importancia de un juicio justo a que tiene derecho todo ser humano, a la llamada presunción de inocencia, y a la prohibición de la tortura, también es una realidad que esta justicia llega después de 19 años para la víctima.
“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, frase atribuida al célebre filósofo, político y pensador romano Séneca. Hoy más que nunca, sigue siendo un pensamiento de actualidad.
La demora en una resolución puede causar mayor daño y resentimiento, la justicia no es una formalidad, sino una acción que se debe realizar en forma oportuna y con una eficacia que permita reparar el daño causado.
La justicia tardía provoca un sufrimiento a la víctima y una gran desconfianza en el sistema de impartición de justicia, en la ley y en las instituciones.
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