Aunque la propuesta de Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión —que incluye reformas para perseguir este delito de oficio y fortalecer la investigación— ha sido bien recibida por el sector privado en Guerrero, sin embargo advierten que las modificaciones legales por sí solas no bastan. La efectividad de esta estrategia dependerá de su implementación real, así como de una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno y los sectores sociales y económicos.
La extorsión en Guerrero es mucho más que un problema jurídico: es una crisis de seguridad pública con implicaciones sociales, económicas y psicológicas profundas. Afecta a individuos, comerciantes, transportistas y empresarios, y desincentiva la inversión y la actividad económica en múltiples municipios.
Este delito adopta múltiples formas: llamadas telefónicas amenazantes, cobros ilegales, intimidación directa mediante grupos armados, y el uso de redes sociales y tecnologías para ejercer presión psicológica. Aunque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó una ligera disminución entre abril de 2024 y abril de 2025 (de 31.2 a 27.97 casos diarios), las cifras no reflejan la complejidad real del fenómeno, ni su persistente violencia estructural.
En Guerrero, la extorsión representa el 5.6 por ciento del total nacional, pero su impacto local es desproporcionado. En ciudades como Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo e Iguala, se han documentado agresiones contra tortillerías y transportistas, incluyendo quema de vehículos y asesinatos, como parte de las estrategias coercitivas de grupos criminales.
Organizaciones empresariales han denunciado desde 2021 que la extorsión ha evolucionado: ya no se limita a llamadas, sino que implica presencia física de grupos armados en los negocios. Estas prácticas no sólo violan la ley, también imponen un sistema económico paralelo en el que la violencia sustituye al Estado como regulador.
En marzo de este año, el Congreso del Estado de Guerrero discutía una reforma para endurecer las penas —de 15 a 30 años de prisión— por extorsión cometida a través de medios tecnológicos, y contemplaba agravantes si las víctimas pertenecen a comunidades indígenas o afromexicanas. Si bien estas propuestas representan un avance legal, sin instituciones capaces, personal entrenado, investigaciones robustas y voluntad política sostenida, seguirán siendo letra muerta.
A lo largo del primer trimestre del año se registraron actos de violencia contra tortillerías y choferes y permisionarios del transporte urbano en Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo e Iguala con quemas de locales y unidades vehiculares per también se incluyeron asesinatos de conductores.
Apenas el 6 de julio, un hecho violento puso en evidencia la gravedad del problema: siete tráileres de empresas subcontratadas por la minera Capela (filial de Industrias Peñoles) fueron incendiados en una acción presuntamente orquestada por La Familia Michoacana, para presionar por pagos de extorsión. Este acto no solo afectó a empresarios locales, sino que evidenció una vez más la captura de zonas productivas por parte del crimen organizado.
Hace un año los gobiernos estatal y federal asumieron el control de la vigilancia y seguridad en este municipio tras la desarticulación y desplazamiento de la autodefensa.
El caso también revela las conexiones entre política local, economía informal y grupos armados. Algunos de los empresarios afectados tendrían vínculos con antiguos grupos de autodefensa como la Policía Tecampanera y exalcaldes con presuntos nexos con el crimen organizado, en un contexto de reacomodo de poder criminal tras la ejecución del exlíder Juan Carlos Flores Ascencio, alias La Beba.
Trascendió que los vehículos quemados son de empresarios locales de Teloloapan, algunos con vínculos con la desaparecida Policía Tecampanera y sus líderes, así como del exalcalde perredista Homero Hurtado Flores, a quien se le señaló de nexos con La Familia Michoacana, y es parte del reacomodo por el control económico de la zona que inició hace un año luego del presunto asesinato del jefe de plaza Juan Carlos Flores Ascencio, La Beba.
En el periodo de la autodefensa de la Tecampanera, sus líderes controlaban el 30 por ciento de los servicios de acarreo de material mediante flotillas de tráileres que lograron adquirir y que metieron a trabajar mediante empresas, algunas con prestanombres.
El problema incluso alcanza a funcionarios públicos. El 8 de julio, el director de Obras Públicas de Chilpancingo, Juan Antonio Luquín Mendoza, recibió amenazas de extorsión, mientras aparecían mantas en distintos puntos de la ciudad acusándolo de nexos con el crimen. La dependencia negó cualquier vínculo y denunció una campaña para desestabilizar la gestión pública.
A pesar de que líderes como Arcadio Castro Santos, presidente de los Industriales de la Masa y la Tortilla, afirman que en 2025 no se ha registrado el cierre de negocios por extorsión, lo cierto es que la amenaza persiste, y empresarios viven bajo constante presión.
La Coparmex Guerrero reporta que uno de cada dos empresarios ha sido víctima de extorsión y que el delito aumentó en un 68 por ciento, lo cual contradice los reportes oficiales de reducción. Además, desde 2015 se observa una tendencia sostenida al alza, lo que demuestra que no hay una política eficaz y consistente para frenar el fenómeno.
La extorsión en Guerrero no se resolverá únicamente con cambios al Código Penal. Se necesita una estrategia integral que incluya:
Recuperación territorial por parte del Estado
Desmantelamiento financiero de grupos criminales
Protección efectiva a víctimas y denunciantes
Fortalecimiento de policías locales y ministerios públicos
Inversión social y comunitaria en zonas bajo presión criminal
Sin estas condiciones, las reformas legales serán un paso insuficiente ante un problema estructural que ya desbordó lo meramente jurídico.