La guerra por el control territorial en Guerrero ya no se libra solo con armas, sino también con datos, cámaras y flujos de información. El crimen organizado ha comprendido que quien ve primero, actúa primero. Y mientras el Estado continúa reaccionando, las bandas criminales ya han aprendido a gobernar desde las sombras, con la tecnología como su nueva arma de poder.
En esta entidad, el crimen organizado ha incorporado la tecnología a su arsenal con una rapidez alarmante, transformando herramientas civiles como las cámaras de vigilancia en dispositivos de inteligencia operativa que refuerzan su dominio territorial. Mientras las fuerzas de seguridad intentan responder a esta amenaza, los grupos delictivos van un paso adelante, utilizando redes clandestinas de videovigilancia para controlar y sembrar el terror.
Se trata de Cámaras CCTV (Circuito Cerrado de Televisión), algunas con capacidad de grabar y otras de solo monitoreo en tiempo real. Se conectan a centros de monitoreo clandestinos o repetidores para enviar la información.
La instalación ilegal de cámaras por parte de bandas criminales en ciudades clave como Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco no es una mera táctica de espionaje: es una estrategia de poder. Estas cámaras, conocidas como “parásitas”, no solo vulneran la seguridad pública y la privacidad ciudadana, sino que consolidan zonas de impunidad donde el Estado queda excluido o subordinado. La delincuencia organizada no solo observa; diseña, reacciona y ejecuta con base en información en tiempo real, lo que ha erosionado profundamente la gobernabilidad en la región.
Durante 2025, las autoridades han asegurado al menos 200 cámaras ilegales en distintas ciudades guerrerenses. En Acapulco, tan solo en marzo, la Secretaría de Marina reportó el retiro de 144 dispositivos, distribuidos en dos operativos, mientras que reportes posteriores elevaron la cifra a 143 cámaras aseguradas, mostrando incluso inconsistencias en los datos oficiales.
Estas cámaras estaban estratégicamente colocadas en postes de luz, telefonía y puntos de tránsito clave, conectadas a centros de monitoreo improvisados, algunos con sofisticación comparable a un C4 militar, como ocurrió en dos colonias de Acapulco.
El 27 de febrero, también en este puerto, las autoridades retiraron 11 cámaras que se colocaron de forma irregular, esa acción también estuvo a cargo de la Semar.
Este despliegue tecnológico no es fortuito. Las bandas utilizan las cámaras para vigilar movimientos de civiles, comerciantes, rivales y autoridades, prevenir capturas, coordinar extorsiones, ajustar rutas de traslado de drogas o armas y asegurar sus propias operaciones. Incluso han comenzado a replicar modelos de seguridad institucional, estableciendo centros de control que operan con la misma lógica de un centro de mando oficial, pero con fines criminales.
En Chilpancingo, el fenómeno ha adquirido una dimensión especialmente violenta. El 25 de marzo, la SSP de Guerrero desmanteló 21 cámaras ilegales en el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla. Esta acción fue antecedida por una serie de ataques armados que dejaron al menos tres personas muertas y varios heridos, entre ellos líderes comerciales y agentes de seguridad. La violencia en esta ciudad ha escalado desde 2023, año marcado por asesinatos, ataques masivos y el magnicidio del presidente municipal Alejandro Arcos Catalán, apenas seis días después de asumir el cargo. Desde entonces, Chilpancingo se ha mantenido bajo una atmósfera de parálisis social y miedo colectivo.
Taxco, por su parte, ha registrado la incautación de al menos 16 cámaras, en operativos donde incluso se ha necesitado el apoyo logístico de la CFE para desmontarlas. El 21 de julio, las fuerzas de seguridad federales desmantelaron 13 cámaras más en la colonia La Panorámica, algunas de ellas conectadas como espejo al sistema de cómputo municipal, lo que plantea serios indicios de infiltración institucional o complicidad de funcionarios públicos.
Por su parte, Juan Andrés Vega Carranza, presidente municipal, informó que “… a estas cámaras no vinculadas, vamos a analizarlas, reactivarlas y volver a integrarlas al Sistema de Videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Taxco, para dar certeza y seguridad a las y los ciudadanos de que están siendo cuidados y monitoreados por las autoridades correspondientes a través del C2”.
Insistió en que este tipo de acciones buscan recuperar el control institucional de los espacios públicos, así como evitar que herramientas tecnológicas sean manipuladas con fines contrarios a la ley.
Esta situación no es anecdótica ni aislada. En la región norte, la descomposición institucional alcanzó niveles alarmantes a finales de 2024, cuando fueron detenidos 49 elementos de seguridad municipal en Taxco, entre policías, personal de Protección Civil y civiles que usurpaban funciones. De ellos, 10 fueron vinculados a proceso por delitos que incluyen desaparición forzada y extorsión.
El uso de cámaras por parte del crimen organizado no solo es una señal de su capacidad adaptativa, sino también un símbolo de la asimetría tecnológica que existe frente a las fuerzas del orden. Mientras la vigilancia estatal es limitada, burocrática y sujeta a protocolos, las bandas operan con flexibilidad, recursos ilimitados y una lógica de guerra de información. Esto les permite anticipar movimientos de las fuerzas armadas, evadir cercos operativos y sembrar el terror como una forma de dominio cotidiano.
Los decomisos de cámaras son un golpe a las operaciones del crimen organizado, pero no son suficientes para erradicarlo. Las bandas reaccionan adaptándose a las circunstancias y buscando nuevas formas de operar, lo que requiere una estrategia integral que combine la vigilancia con la investigación, la inteligencia y el combate a la corrupción, según expertos en seguridad.