Pese a la legislación progresista y la narrativa oficial de avance, la violencia feminicida en Guerrero no ha sido frenada de manera estructural ni sostenida. Las cifras reportadas no reflejan el total de la problemática, y la debilidad institucional, sumada a factores socioculturales y criminales, impide que las reformas legales se traduzcan en una reducción real del riesgo para las mujeres.
La política pública requiere no solo de normas más severas, sino de una transformación profunda en la justicia, la cultura y la seguridad.
El gobierno del estado de Guerrero difundió que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el periodo de junio de 2024 a mayo de 2025, la entidad alcanzó su mejor posición en una década en el combate al feminicidio, ubicándose en el lugar 28 a nivel nacional.
Sin embargo, aunque este descenso en la estadística oficial es presentado como un logro institucional, el contexto real desmiente cualquier triunfalismo.
Si bien se ha reconocido la implementación de políticas públicas para la erradicación de la violencia de género por parte de la actual administración, el entorno sigue marcado por una persistente y diversa manifestación de violencia contra las mujeres, que las cifras oficiales no alcanzan a reflejar con precisión.
Históricamente, Guerrero ha tenido una alta incidencia en este delito. En 2018, la entidad se situó en el lugar 12 nacional, con 35 feminicidios registrados. Para el ciclo 2020–2021, la cifra bajó a 11 casos, una caída que coincide con el confinamiento por la pandemia de COVID-19, periodo en el que disminuyeron las denuncias y el registro de delitos a nivel nacional. Por ello, los datos más recientes ofrecen un reflejo más cercano de la situación actual, aunque aún limitado por las debilidades institucionales y sociales en torno al registro y la atención a la violencia feminicida.
De acuerdo con cifras federales actualizadas, Guerrero ocupa actualmente el lugar 24 en denuncias por violación, el 26 en violencia familiar, el 18 en lesiones dolosas contra mujeres y el 8 en homicidios dolosos de mujeres. Estos indicadores reflejan que la violencia de género sigue presente en diversas formas, y que la disminución aparente de feminicidios no significa una erradicación efectiva ni mucho menos estructural del problema.
Durante el primer trimestre de 2025 se registraron 14 feminicidios en el estado, de los cuales 7 ocurrieron en Acapulco y el resto en municipios como Zihuatanejo, Alcozauca, Taxco, Chilapa, Iguala y Chilpancingo. La entidad se posicionó entonces como la quinta con más casos de feminicidio doloso, con una tasa de 0.91 víctimas por cada 100 mil mujeres. A esto se suman otros 13 homicidios dolosos con presunción de feminicidio.
Organizaciones como la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVM) presentan cifras propias que contrastan con las oficiales. Según sus registros, en el mismo periodo se documentaron feminicidios en Acapulco (4), Alcozauca (1), Tlapa (1), Iguala (1), Igualapa (1) y Zihuatanejo (2). Además, advierten que en 2024 hubo 176 víctimas de feminicidio en la entidad, muy por encima de lo reportado oficialmente. Entre diciembre de 2018 y agosto de 2024, la organización contabiliza 91 casos, lo que contradice la narrativa oficial de avance sostenido.
Por su parte, el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres (OVM) ha denunciado que las cifras oficiales subestiman la realidad. Alegan que la clasificación de feminicidio no es clara, que existe una confusa categoría de “feminicidios dolosos” y que los Ministerios Públicos y la Fiscalía carecen de protocolos eficaces con perspectiva de género, lo cual limita tanto la judicialización como la prevención del delito.
Aunque Guerrero se ubique actualmente entre los estados con menor número de feminicidios reportados, ello no implica una disminución real del riesgo para las mujeres. La violencia persiste en formas graves como violencia sexual, intrafamiliar, económica y psicológica. La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, decretada en 2017 por violencia feminicida, continúa vigente, sin que los colectivos de mujeres perciban una atención efectiva por parte del Estado.
En este contexto, el gobierno estatal promueve una serie de reformas legales como logros en su estrategia de protección a las mujeres. Entre ellas destacan:
La Ley Camila (2023), que endurece las sanciones contra agresores sexuales.
El Decreto 241 (noviembre 2022), que prohíbe la cohabitación forzada, reformando el Código Penal para proteger a niñas y adolescentes de uniones impuestas.
La Ley Ingrid Guerrero (Decreto 204, enero 2025), que penaliza la difusión no autorizada de imágenes de mujeres víctimas de violencia.
La reforma al artículo 5º de la Constitución local, que reconoce el derecho a la búsqueda inmediata de personas desaparecidas.
La Nueva Ley de Bienestar (2025), que incluye un programa económico específico para madres jefas de familia.
No obstante, estos avances normativos, si bien importantes, resultan insuficientes frente a una realidad dominada por la impunidad, la normalización de la violencia y la persistencia de patrones culturales profundamente arraigados. Tres de cada diez mujeres en Guerrero consideran normal el maltrato de su pareja o familiares, y un 11 por ciento de los hombres justifica las agresiones hacia las mujeres como expresión de roles tradicionales o de dominio masculino.
Además, el crimen organizado agrava este panorama. Las mujeres son reclutadas para explotación sexual, utilizadas como blanco de represalias o asesinadas como método de intimidación. No es casual que los homicidios violentos contra mujeres se concentren en regiones con fuerte presencia de grupos criminales: Costa Grande, Acapulco, Centro, Norte, y municipios de La Montaña, Costa Chica y Tierra Caliente.