Una reforma propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que desde su inicio fue duramente criticada debido a su impacto en la independencia judicial y a una inminente politización de la justicia.
Ya aprobada la reforma solo quedaba observar cómo se desarrollaría la elección, y si el actual Instituto Nacional Electoral (INE) sería capaz de brindar seguridad y transparencia a los votantes.
De entrada, la elección estuvo marcada por el desinterés de la gente en general. No salió la población a votar porque para empezar fue muy complicado el mecanismo adoptado en las boletas, de ahí el tema tan polémico de los famosos acordeones.
Una vez concluida la elección vinieron las quejas. Hay demasiadas, en una votación que debió garantizar en los hechos la imparcialidad y transparencia de estas.
Documentemos dos casos inexplicables, de mujeres con un perfil idóneo que fueron borradas del mapa sin fundamento alguno. Ahlelí Feria y Verónica Rugerio, candidatas certificadas para ocupar cargos federales, fueron eliminadas en una aparente arbitrariedad del sistema de justicia.
Este hecho ha encendido las alertas de la comunidad jurídica y de la ciudadanía informada, dos perfiles altamente calificados fueron excluidos de manera injustificada de los nombramientos recientes realizados por el INE a través de los acuerdos CG572/2025 y CG574/2025, que forman parte de los mecanismos de designación del Poder Judicial de la Federación.
Ahlelí Antonia Feria Hernández, jurista con una trayectoria impecable, fue postulada para Magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito (Veracruz). A nivel nacional fue la mujer más votada en su categoría.
A pesar de que se reservaron tres vacantes para mujeres, fue excluida sin explicación legal alguna, y en su lugar se designaron hombres con menor puntuación. La paridad sustantiva fue ignorada, y el derecho a una representación equitativa pisoteada.
La jurista ha presentado una impugnación en el juicio SUP-JDC-1695/2025, exigiendo la nulidad del acuerdo y su designación directa como medida de reparación efectiva, basada en jurisprudencia y en tratados internaciones.
El caso de Verónica Rugerio no es muy diferente. Candidata a Jueza de Distrito en Materia Penal en el Tercer Circuito (Jalisco), también fue ignorada a pesar de ser la mujer más votada sobre los candidatos hombres de su circuito, además de contar con una constancia oficial de idoneidad, cumplimiento de requisitos constitucionales y evaluación favorable.
Su nombre no apareció en el acuerdo de designación. No se explicó el por qué. Se eligió a otros perfiles masculinos que no contaban con los votos suficientes para ser elegidos. Esta omisión fue impugnada en el juicio SUP-JIN-338/2025.
Lo que está en juego no es un cargo, es un derecho. Estos hechos no se tratan solo de dos nombramientos, es saber si en el México actual una mujer con un perfil impecable puede ser borrada sin motivo y si las instituciones callarán ante ello.
Ambos casos reflejan un patrón estructural de exclusión dentro del Poder Judicial Federal. Los derechos político-electorales no pueden ser decorativos, ni depender del género, ni mucho menos de criterios opacos. Lo que se exige no es un privilegio, es la aplicación justa de las reglas.
Ojalá que se restablezca la legalidad y se siente un precedente federal irreversible. Ambas deberían ser nombradas en los cargos que se ganaron con méritos.
¿Confirmará la Sala Superior del Tribunal Electoral que incluso las mujeres más votadas por la sociedad mexicana puedan ser ignoradas? ¿Se restituirá la confianza de millones en la posibilidad de un Poder Judicial verdaderamente equitativo?
Al tiempo…
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