El balance de los primeros meses de gobierno de Claudia Sheinbaum en Guerrero es dual. Por un lado, las inversiones son innegables y han permitido iniciar la reconstrucción de Acapulco, atender comunidades rurales y mejorar indicadores de seguridad. Pero por otro, la mayoría de los proyectos están aún en fase inicial, sin consolidación ni soluciones de fondo a problemas estructurales.
Durante el periodo 2024-2025, Guerrero —y en particular Acapulco— se colocó en el centro de la agenda federal. Con inversiones superiores a los 18 mil millones de pesos, la entidad recibió programas sociales, proyectos de seguridad y obras de infraestructura. Entre ellos destacan el Centro Integral Planeado (CIP) Acapulco-Coyuca, proyectos carreteros, de agua potable y rehabilitación portuaria. Sin embargo, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó estos avances como logros en su primer informe de gobierno, se trata de acciones aún en proceso, cuyos resultados están lejos de consolidarse. El riesgo central es que muchos de esos proyectos carecen de ajustes estructurales que les den viabilidad de largo plazo, lo que hace que los logros actuales sean todavía reversibles.
La agenda de Sheinbaum en Guerrero se definió por la emergencia. En septiembre de 2024, cuando Acapulco aún no terminaba de reponerse de los estragos del huracán Otis, el huracán John golpeó nuevamente al puerto y a las regiones Costa Chica y Centro. El saldo fue devastador: más de cinco mil personas evacuadas, ríos desbordados, calles inundadas, cerros desgajados, carreteras colapsadas y 18 personas fallecidas. Este doble impacto obligó a colocar a Guerrero como prioridad, con casi 10 mil millones de pesos destinados directamente al estado, de los cuales más de 8 mil millones se canalizaron a Acapulco.
La meta presidencial es recuperar al puerto como destino turístico internacional. Para ello, Fonatur asumió la creación del CIP Acapulco-Coyuca, un plan de desarrollo turístico que abarca toda la franja costera de ambos municipios. A esto se suman 20 proyectos estratégicos de agua potable y saneamiento, un programa de plantas recicladoras de basura, mantenimiento de playas y la avenida Costera, además del llamado Marinabús, un sistema de transporte marítimo entre Puerto Marqués y el Zócalo.
No obstante, las obras presentan debilidades de fondo. Se instalan equipos de bombeo en los sistemas Papagayo I y II, pero la red de distribución de agua tiene más de 50 años de antigüedad. Las fugas son constantes y dejan sin suministro a más de la mitad de la ciudad. Así, aunque las inversiones son reales, el problema estructural permanece.
Lo mismo ocurre con el drenaje pluvial. En las zonas más afectadas por inundaciones se amplían coladeras y tuberías, pero se omite un hecho fundamental: existen al menos 12 unidades habitacionales construidas sobre humedales y cauces naturales. Esas áreas son técnicamente inhabitables y deberían reubicarse, pero la ciudad carece de suelo urbanizado disponible y el tema ha quedado fuera de la planeación oficial. El riesgo de repetir tragedias en futuros ciclones sigue latente.
En materia turística, Fonatur ha renovado banquetas en la avenida Miguel Alemán, pero no ha planteado un reordenamiento del transporte urbano, saturado y desorganizado. En las playas, el gobierno levantó un censo de vendedores ambulantes con la intención de regular la actividad, pero no se ha avanzado hacia un ordenamiento real. La dificultad es que gran parte de ese comercio informal está protegido por grupos delincuenciales.
El Marinabús, presentado como alternativa de movilidad para evitar bloqueos en puntos estratégicos como la glorieta de la Diana o el asta bandera, también enfrenta limitaciones. Aunque fue inaugurado, opera con un solo catamarán de 19 plazas y sin muelles terminados en Puerto Marqués ni en el Zócalo. Los comerciantes se oponen a la construcción del muelle y amenazan con impedirla si no son incluidos en los beneficios. A ello se suma la ausencia de estacionamientos formales en la zona, lo que deja el espacio bajo control de franeleros que cobran cuotas excesivas, muchas veces con amenazas y violencia.
Estos ejemplos muestran que, aunque hay proyectos visibles, su viabilidad depende de resolver obstáculos logísticos, sociales y de seguridad que aún no tienen respuesta.
La presidenta también anunció un ambicioso plan para hacer de México una potencia portuaria, con 12 proyectos de ampliación y mejoramiento en igual número de puertos, incluido Acapulco. La iniciativa podría abrir nuevas oportunidades de comercio, pero está en etapa inicial y enfrenta el reto de articularse con cadenas logísticas nacionales e internacionales que aún no están aseguradas.
En paralelo, el Plan Lázaro Cárdenas del Río contempla la rehabilitación y ampliación de 820 kilómetros de caminos artesanales en Oaxaca y Guerrero, principalmente en la zona mixteca, amuzga, nahua y tlapaneca. La medida busca conectar comunidades marginadas con mercados regionales, aunque su éxito dependerá de garantizar mantenimiento permanente y seguridad en territorios donde la presencia del crimen organizado limita la movilidad.
En materia de seguridad, Guerrero logró reducir la incidencia de homicidios dolosos en 12.3 por ciento durante el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024. Este avance colocó a la entidad en la posición número 20 a nivel nacional. Sin embargo, el dato debe analizarse con cautela: la violencia homicida sigue siendo uno de los principales problemas y está lejos de erradicarse. El propio obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González, pidió el 1 de septiembre estrategias “valientes” para pactar una tregua que pacifique a los municipios más golpeados por la violencia.
El programa Sendero de Paz busca mejorar la calidad urbana en Acapulco mediante iluminación, rehabilitación de pavimentos, accesibilidad universal y creación de áreas verdes y culturales. Aunque estos proyectos contribuyen a la seguridad y el tejido social, su impacto dependerá de la capacidad de sostenerlos frente al deterioro urbano y la violencia criminal.
La red hidráulica obsoleta, las viviendas en zonas de alto riesgo, el transporte urbano caótico, la informalidad controlada por grupos criminales y la violencia persistente son factores que pueden revertir los avances. Si no se acompañan de medidas de planeación urbana, seguridad sostenida y participación social, los logros de hoy corren el riesgo de convertirse en promesas incumplidas mañana.
Los avances reportados por Sheinbaum son reales, pero descansan sobre bases endebles. La sustentabilidad es frágil y el margen de reversión alto. Guerrero, y especialmente Acapulco, siguen siendo territorios donde cada progreso debe consolidarse con visión de largo plazo, de lo contrario, la reconstrucción quedará atrapada en un ciclo de vulnerabilidad y crisis recurrente.