Si bien Guerrero ha dado pasos importantes en la implementación de legislación para prevenir y erradicar la trata de personas, la realidad demuestra que estas medidas aún no han tenido un impacto significativo en la reducción de estos delitos relacionados y en el marco del Dia Internacional contra la explotación sexual y tráfico de personas, el 23 de septiembre, se revelan las debilidades.
El Estado debe intensificar sus esfuerzos mediante un enfoque más integral, que combine políticas sociales, fortalecimiento institucional, sensibilización y respeto a los derechos humanos. La trata de personas es una violación sistemática de los derechos fundamentales, y sólo a través de un trabajo conjunto entre autoridades, organizaciones sociales y comunidades se podrá erradicar este flagelo.
Guerrero, a pesar de haber sido pionero en la implementación de leyes para prevenir y erradicar la explotación sexual y la trata de personas, continúa figurando entre los cuatro primeros lugares a nivel nacional en la incidencia de estos delitos. A pesar de las reformas legales, los resultados siguen siendo insuficientes y los casos de explotación y trata de personas, en su mayoría, quedan sepultados dentro de la estadística delictiva, sin un seguimiento adecuado.
La explotación sexual es la principal forma de trata que afecta a las mujeres guerrerenses. De acuerdo con informes de colectivos feministas nacionales, las víctimas tienen edades que oscilan entre los 13 y los 34 años, siendo el 72% de ellas menores de 22 años.
En el caso de los hombres, la trata se dirige principalmente a la explotación laboral forzada, la mendicidad y, en menor medida, al tráfico de órganos. Las víctimas más vulnerables son los niños, niñas y adolescentes de la región.
En las zonas de la Montaña, especialmente en municipios como Cochoapa, Metlatónoc, Atlixtac y Acatepec, se continúa con la compraventa de mujeres y niñas bajo el argumento de los “usos y costumbres”. Estas prácticas son toleradas en comunidades marginadas donde las familias, sumidas en la pobreza, recurren a este medio para obtener recursos materiales a cambio de la “venta” de sus hijas. Este fenómeno persiste debido a las condiciones de marginalidad extrema en la región.
En las zonas urbanas y turísticas como Acapulco, el turismo sexual es una de las formas de trata más comunes. La extorsión, tanto de autoridades locales como de redes criminales, se utiliza para captar a las víctimas, sin importar su edad, sexo ni nacionalidad. Existen también redes internacionales dedicadas a la explotación sexual infantil, con niñas de entre 8 y 9 años como víctimas.
Guerrero sigue siendo uno de los estados con mayor incidencia de compra y venta de niñas. Desde los 12 años, muchas son compradas y forzadas a contraer matrimonios, convertirse en esclavas domésticas o ser utilizadas en trabajos forzados en el campo. A pesar de los esfuerzos por erradicar esta práctica, la falta de transparencia y la discrecionalidad en su ejecución han permitido que muchas de estas niñas desaparezcan sin dejar rastro. En los mejores de los casos, son obligadas a contraer matrimonio forzadamente.
Las niñas compradas para estos fines son valoradas entre 40,000 y 200,000 pesos. Sin embargo, no existe una estimación exacta de cuántas han sido víctimas de este delito, pero se calcula que alrededor de 300,000 niñas en Guerrero están expuestas a este tipo de explotación.
A pesar de que Guerrero cuenta con legislación para prevenir y sancionar la trata de personas, como la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas publicada en 2016, los resultados siguen siendo limitados. No existen cifras claras sobre el número de procesados o sentenciados por trata de personas, ya que los registros oficiales tienden a enfocarse en otros aspectos relacionados, como la violencia general y las causas subyacentes del delito.
Entre 2017 y 2018, Guerrero experimentó un aumento alarmante en los casos de trata de personas, pasando del lugar 24 al lugar 14 a nivel nacional. Este incremento de 267% en tan solo un año refleja la magnitud de la crisis y la falta de eficacia de las políticas implementadas hasta la fecha.
Políticas Sociales en Comunidades Indígenas: Es urgente llevar a cabo un enfoque integral que incluya políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas, particularmente aquellas en zonas marginadas, para evitar que las familias se vean obligadas a vender a sus hijas.
Sensibilización y Educación sobre Derechos Humanos: Es fundamental continuar con la labor de sensibilización y concientización en las comunidades, especialmente en las zonas rurales y marginadas, sobre los derechos humanos y las consecuencias legales de la trata de personas. A través de la educación, las comunidades deben ser informadas sobre el impacto negativo de estas prácticas, así como los derechos que poseen y la importancia de la denuncia.
Fortalecimiento Institucional: Es necesario reforzar las capacidades de las instituciones encargadas de la investigación, el seguimiento de casos y la persecución de redes de trata. Esto incluye la mejora de los sistemas de recopilación de datos e inteligencia, que permitan una mejor identificación de las víctimas y de las redes operativas.
Revisión de las Prácticas Culturales: Aunque los “usos y costumbres” de las comunidades indígenas están protegidos por la Constitución, es necesario subrayar que la trata de personas, especialmente la venta de niñas, es una violación grave de los derechos humanos. Las autoridades deben trabajar para desmontar estas prácticas dentro del marco de respeto a los derechos humanos y la legalidad.
Transparencia y Creación de Indicadores: La falta de información precisa sobre la magnitud del problema impide un diagnóstico adecuado y, por ende, el diseño de estrategias eficaces. Es crucial que se establezcan mecanismos de recopilación de datos específicos sobre la trata de personas y que se formulen indicadores que permitan medir los avances en la lucha contra este delito.
Fomentar la Denuncia: Se debe incentivar a las víctimas y a la población en general a denunciar la trata de personas, a pesar del miedo, la desinformación y las amenazas que puedan existir. Las denuncias son fundamentales para desmantelar las redes de trata y garantizar que las víctimas reciban la protección necesaria.