Para muchos han resultado inesperadas y, tal vez, hasta sorprendentes, las acciones concretadas por las áreas vinculadas a la seguridad pública y la persecución del delito a raíz del decomiso en marzo último de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, que se pretendieron documentar como otras substancias para eludir el pago de los impuestos correspondientes.

Ese hecho, dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acompañado por el Fiscal Alejandro Gertz Manero y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, condujo a realizar la investigación sobre los ilícitos cometidos, obtener órdenes de aprehensión y ejecutar detenciones; la más significativa, hasta ahora, es la del Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del Almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina durante la gestión del expresidente López. En el entramado de la información sobre el caso y la comisión de otros ilícitos homólogos precedentes al del decomiso mencionado, se han producido asesinatos y muertes cuyas circunstancias y responsables deben esclarecerse.

Estamos, indudablemente, ante una cuestión de la mayor relevancia que valdría la pena observar por encima del clima de polarización instalado por la mayoría oficial desde diciembre de 2018 y que no ha sido rectificado a partir de octubre del 2024, aunque hay matices propios de la actual titular de la presidencia de la República y su antecesor. Los hechos, las investigaciones, los procesos iniciados o por iniciarse y sus resultados hablan y hablarán y, desde la perspectiva de cada quien en el mundo de las ideas y las propuestas para ejercer el poder, habrán de tomar su dimensión política. Será natural, sin necesidad de atizar la polarización desde la pluralidad excluida.

Desde luego que las administraciones de Morena cargan y cargarán con la responsabilidad de la comisión de estos ilícitos contra los ingresos públicos por la ausencia de integridad de quienes hayan participado en calidad de titulares de funciones públicas. De poco alcanza el señalamiento de los secretarios García Harfuch y Morales Ángeles e, incluso, de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la distinción entre la institución armada y sus integrantes imputados por hechos de corrupción, o el señalamiento del Fiscal Gertz sobre la información que, a principios de 2024, le habría dado el exsecretario Ojeda en torno a las irregularidades que aparecían en la introducción al país de gasolina y diésel sin la manifestación fiscal correspondiente en las aduanas marítimas.

Sin embargo, por la red de involucramiento de la Armada de México en funciones ajenas a la disciplina militar y el control presidencial sobre la Fiscalía General de la República y, obviamente, de sus colaboradores directos en el gabinete de seguridad, vale observar la voluntad de la titular de la presidencia de la República para que se actuara con decisión, celeridad y contundencia.

Tomó una determinación relevante y significativa; relevante porque marca un compromiso a favor de las finanzas públicas y en contra de la retícula de corrupción y financiamiento político derivado del llamado “huachicol fiscal”, y significativa porque eludió quedar atrapada en la noción de que acreditar la corrupción en el nivel -el círculo cercano al ex secretario de Marina-, el momento -la gestión de su antecesor-, los montos -decenas de millones o más por buque- y la actividad en cuestión -venta de combustibles cuyo precio no baja con el mercado internacional-, resultaría de mayor perjudico para el régimen.

No es descabellado pensar que esa determinación ha sido motivada por el ambiente de tensiones y presiones generado por el presidente Donald Trump y la postura del gobierno estadounidense sobre el Estado de Derecho en nuestro país, en general, y los niveles de impunidad que disfrutan quienes incurren en conductas delictivas que afectan mayormente el tejido social y la imposición de sus procederes sobre la sociedad, en particular. ¿La información sobre el buque decomisado en Tampico fue producto de investigaciones de las autoridades mexicanas, derivó de la cooperación con los Estados Unidos para combatir un delito originado en un puerto de ese país o de la cooperación binacional?

En cualquier supuesto, la actuación de las autoridades mexicanas es susceptible de valorarse positivamente en Washington; eleva la confiabilidad de los interlocutores mexicanos, pues aunque el contrabando de gasolina y diésel de su país al nuestro no sea en sí una prioridad, sí es asunto de interés la vinculación del dinero generado por el “huachicol fiscal” para el financiamiento ilegal de actividades partidistas y políticas de personas postuladas y electas a cargos públicos.

En este contexto, cabe colocar en perspectiva la elección, gestión -solo por usar la palabra- y exhibición de vínculos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el Cártel de Sinaloa; los señalamientos del Tesoro estadounidense sobre operaciones de lavado de dinero vinculadas a dicha organización delictiva en Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia del expresidente López, y las acciones emprendidas para presentar ante la justicia al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López Hernández en el Ejecutivo de esa entidad, Hernán Bermúdez Requena, presunto jefe del grupo criminal “La Barredora”. Es decir, consideraciones en el ámbito de la opinión pública por situaciones vinculadas a la expansión de la delincuencia organizada durante el período 2018-2024.

En tanto la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana abandera la acción en marcha, con avances evidentes, hoy el saldo parece: (i) de riesgo para Morena -o más bien para algunas corrientes- si se establece la conexión entre este delito y otros homólogos y sus candidaturas; (ii) de hecatombe para la administración de las aduanas del país y la política de relevar a supuestos civiles corruptos por los militares que se suponía no lo eran; (iii) de urgente revisión interior y máximo control de daños en la Armada de México para atemperar el deterioro y el desprestigio, ya que la exposición es alta y profunda; y (iv) de firmeza y fortaleza para la presidencia por actuar y, tal vez, marcar que ocupa el terreno elevado y sus ventajas.