A pesar de las intervenciones federales y de las estadísticas que muestran una tendencia descendente en la incidencia de homicidios en Guerrero, Acapulco sigue siendo el municipio con la mayor tasa de homicidios dolosos en el estado, concentrando más de la mitad de estos crímenes.
Guerrero, a nivel nacional, ocupa el sexto lugar en homicidios, manteniéndose como una de las entidades más afectadas por la violencia. Entre las víctimas, se encuentra un sector particularmente vulnerable: los elementos de seguridad pública.
La cadena de asesinatos en los que los cuerpos policiales son blanco de ataques armados se ha intensificado, evidenciando un clima de extrema violencia dirigido a aquellos encargados de garantizar el orden y la seguridad.
Los asesinatos de agentes en Guerrero son el resultado de una compleja combinación de factores, entre los que destacan el narcotráfico, la corrupción institucional, la pobreza y la falta de confianza en las autoridades. Como pieza clave en la lucha contra el crimen organizado, los policías se han convertido en objetivos prioritarios para los cárteles, que buscan eliminar cualquier obstáculo que impida su operación.
La situación se ve aún más agravada por la escasez de recursos, la sobrecarga de trabajo y el desgaste emocional de los agentes, lo que limita su capacidad para enfrentar la violencia de manera efectiva.
Aunque las autoridades federales han implementado diversas estrategias de seguridad, la violencia sigue siendo un fenómeno persistente. La respuesta institucional, que en muchos casos ha involucrado el despliegue de fuerzas militares en lugar de una policía local bien capacitada, ha resultado insuficiente.
La presencia de las fuerzas armadas no ha logrado abordar los problemas estructurales subyacentes, como la corrupción local y la falta de justicia en las instituciones de seguridad pública.
El caso más reciente de la serie de ataques a cuerpos policiales es el asesinato de Emmanuel Alejandro Ramírez Merlín, el sexto policía ejecutado en lo que va del año. El crimen ocurrió el 13 de octubre en la colonia Garita, cuando el agente, quien se encontraba franco, fue sorprendido por sicarios a bordo de una motocicleta.
A plena luz del día, uno de los atacantes le disparó, dejando el cuerpo del policía en su automóvil con múltiples impactos de bala. Emmanuel Alejandro era sobrino de Rosario Merlín García, ex diputada federal por el PRD y ex candidata a la presidencia municipal de Acapulco en 2021.
Crece el número de ataques
El asesinato se suma a una larga lista de homicidios de agentes ocurridos en lo que va del 2025, un año que ha sido especialmente violento para las fuerzas de seguridad en Guerrero.
Entre los casos más destacados están los ocurridos el 3 de julio, cuando un policía fue asesinado en la colonia Progreso, y el 9 de julio, cuando dos policías fueron ejecutados en el mismo sector, uno de ellos un conocido creador de contenido en redes sociales, donde denunciaba la inseguridad y las fallas del gobierno local. Estos hechos evidencian el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran los oficiales, quienes no solo son atacados por su función, sino también por sus denuncias públicas contra la corrupción y la impunidad.
De acuerdo con los datos de la organización Causa en Común, entre el 27 de junio y el 9 de julio, Guerrero registró siete asesinatos de policías, lo que eleva el total a 19 agentes caídos en lo que va del 2025. A nivel nacional, el conteo asciende a 212 policías asesinados en los primeros siete meses del año, un promedio de un asesinato diario, lo que refleja un alarmante incremento del 37% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Guerrero se mantiene entre los cinco estados más peligrosos para las fuerzas de seguridad, junto con Sinaloa, Guanajuato, Michoacán y Veracruz.
Los ataques contra agentes varían desde emboscadas hasta intentos de ejecución directa. El caso más grave ocurrió el 27 de junio, cuando una patrulla de la Policía Municipal de Igualapa fue emboscada por un comando armado sobre la carretera federal Acapulco–Pinotepa Nacional, dejando cuatro oficiales muertos, entre ellos el subdirector de la corporación.
Otro caso significativo fue el 7 de julio, cuando un agente de Tránsito Municipal en Chilpancingo logró evitar su ejecución cuando el arma del agresor se encasquilló.
El constante asesinato de policías en Guerrero no solo refleja la magnitud de la violencia organizada, sino también la debilidad institucional de las fuerzas de seguridad locales. La corrupción dentro de las corporaciones policiacas, tanto municipales como estatales, facilita la operación de los cárteles, que a menudo logran cooptar a los oficiales.
Además, la falta de una policía confiable y bien equipada contribuye al abandono de las comunidades, quienes no solo viven bajo el yugo del crimen organizado, sino que también pierden la confianza en aquellos que deberían protegerlos. Los ataques a los cuerpos policiacos se convierten, así, en un síntoma de un problema mucho más profundo que la violencia misma: el colapso de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia.
A pesar de los esfuerzos de seguridad implementados en Guerrero, el asesinato de policías sigue siendo un grave problema que refleja la incapacidad de las estrategias actuales para frenar la violencia de manera efectiva. La creciente vulnerabilidad de los cuerpos policiales ante los ataques armados, combinada con la falta de recursos y la corrupción estructural, subraya la urgente necesidad de reformar las instituciones de seguridad pública y fortalecer la confianza de la sociedad en sus autoridades.