El 1 de octubre de 2025 se cumplió un año del gobierno de la primera mujer en encabezar la presidencia de México. Su administración llegó con la bandera de dar continuidad a la autollamada Cuarta Transformación, pero también con el reto de imprimir un sello propio en materia económica; no obstante, el lastre de la administración anterior será una pesada carga en el logro de este objetivo.
Los resultados macroeconómicos son limitados. El crecimiento de los tres primeros trimestres atribuibles a esta administración ha sido débil y se prevé un cierre de año nulo. La inversión extranjera directa no alcanzará las expectativas y la nacional permanece estancada. El empleo formal se encuentra estable, con baja desocupación, pero alta informalidad. El consumo perdió dinamismo: si bien el gasto social sostuvo la demanda de los hogares más pobres, la inflación en alimentos básicos redujo ese efecto. El crecimiento sigue siendo insuficiente para absorber la presión demográfica y atender rezagos en salud, educación y vivienda.
En balance se mantiene la expansión del gasto social junto con una estrategia más coherente en política industrial y comercial. Aunque persiste la defensa de la “soberanía económica”, el manejo de la relación con Estados Unidos y un entorno internacional caracterizado por tensiones arancelarias obligó al nuevo gobierno a desplegar medidas diferenciadas de la administración anterior.
Un importante reto para la actual administración ha sido el regreso de Donald Trump en enero de 2025 y la introducción de una política comercial proteccionista; sus decisiones de reintroducir aranceles generalizados para proteger empleos manufactureros impactaron de inmediato a México, que optó por la diplomacia logrando mitigar parcialmente los efectos, aunque se mantuvieron aranceles sobre automóviles, acero, aluminio y cobre.
En un buen intento de política industrial se lanzó el “Plan México”, un esquema de incentivos fiscales, infraestructura y financiamiento público-privado para atraer inversiones en sectores estratégicos y reforzar el contenido nacional en manufacturas. Se impulsan compras públicas dirigidas a empresas locales bajo el discurso de “soberanía productiva”. Sin embargo, la estrategia enfrenta limitaciones financieras y escepticismo del sector privado, que advierte sobre encarecimiento de insumos y pérdida de competitividad exportadora.
Sin duda que un gran lastre son y seguirán siendo las deterioradas condiciones en que se encuentran las ahora denominadas “empresas estratégicas de interés nacional”; el costo de sostener a Pemex y CFE como ejes estratégicos amenaza con generar deuda contingente de alto impacto en las finanzas públicas. Además, las reformas han reducido las facultades de los reguladores en favor de la Secretaría de Energía. Paralelamente, se impulsa la generación solar y eólica, aunque bajo control estatal a través de CFE.
En materia presupuestal, el reto ha sido reducir el déficit, pero las prioridades de gasto han incrementado presiones fiscales y la deuda del país en aproximadamente 1.5 billones de pesos adicionales para 2025 y un presupuesto de 1.6 billones de endeudamiento nuevo para 2026, que representa el 4.1 por ciento del PIB y pone en riesgo la calificación de la deuda soberana y con ello, las finanzas públicas.
El primer año se mantuvieron programas sociales emblemáticos como pensiones universales y becas educativas, considerados intocables. El dilema es sostener el gasto social como herramienta de legitimidad política y al mismo tiempo convencer a inversionistas y calificadoras de que la disciplina fiscal no se ha perdido; mientras tanto, los pagos de intereses absorben una proporción creciente del presupuesto.
A pesar del intento por dar un cambio de orientación a la política económica diferenciándose de la administración anterior, el ámbito político no ha sido lo terso que se pretendía. En cierta manera se empieza a pagar la factura de las decisiones anteriores con el surgimiento de escándalos de corrupción, opacidad y operaciones ilegales; la incertidumbre que está generando un nuevo poder judicial que arrancó con tropiezos, y la insuficiencia de los resultados en materia de seguridad que siguen erosionando la actividad economía cotidiana.
En perspectiva, el primer año ha sido difícil y controvertido. Ciertamente la continuidad en el gasto social y la centralidad del Estado reflejan la tradición de gobiernos de izquierda, empero la influencia de las bases ancla del régimen han desdibujado las decisiones y acciones que no reflejan un rumbo claro ni una visión de largo plazo certera en materia de política económica que genere crecimiento sostenible y bienestar real.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®