En Guerrero, uno de los estados más violentos de México, el asesinato de dirigentes políticos ha sido una constante durante los procesos electorales de los últimos años. Este fenómeno no solo refleja la grave crisis de inseguridad que afecta al estado, sino también la penetración del crimen organizado en las estructuras de poder local y regional.
El asesinato de Antonio Abad Bravo Salgado, conocido como “Toño Bravo”, el 27 de octubre de 2025, en Iguala, Guerrero, es un claro ejemplo de la creciente violencia política que caracteriza a este estado, especialmente durante los procesos electorales.
El cuerpo de Bravo Salgado fue encontrado degollado en su departamento, un crimen que refleja la extrema violencia que enfrentan los actores políticos en la región, donde la criminalidad organizada y las fuerzas fácticas imponen su voluntad a través del terror y la intimidación.
Bravo Salgado fue una figura política de relevancia en su región. Nacido en Teloloapan, Guerrero, ocupó cargos importantes como presidente municipal en dos ocasiones y tuvo una carrera marcada por la lucha contra las estructuras de poder locales, muchas de ellas vinculadas a grupos criminales.
Su tiempo como alcalde interino de Teloloapan en 2020 estuvo marcado por la imposibilidad de ejercer el cargo debido a la presión de actores violentos, algunos de ellos asociados con poderosas familias locales y grupos del crimen organizado. Según fuentes cercanas, Bravo Salgado fue forzado a dejar el puesto tras enfrentarse a amenazas de muerte y asedio constante.
Este clima de violencia política llevó a Bravo Salgado a mudarse a Iguala, donde, aunque mantuvo un perfil bajo, continuó siendo una figura activa en la política, siempre en la sombra, buscando, en diversas ocasiones, ser candidato a diputado federal por Morena.
Sin embargo, su participación en los procesos electorales estuvo marcada por las mismas restricciones que sufrió como alcalde: una constante amenaza de violencia que le impedía hacer campaña libremente, especialmente en las redes sociales, donde consideraba que podría ganar.
El asesinato de Toño Bravo es solo uno de los últimos eslabones de una cadena de violencia política que ha marcado los procesos electorales en Guerrero. En los últimos años, especialmente durante los procesos de 2023-2024, la entidad ha sido escenario de al menos 14 homicidios de dirigentes políticos, muchos de los cuales eran militantes de Morena.
Esta cifra subraya un patrón persistente: los actores políticos que se oponen a los intereses de los grupos criminales o que se perciben como una amenaza para el control territorial de estos, se convierten en objetivos de exterminio.
Los sicarios, que operan al servicio de cárteles del narcotráfico y de grupos criminales locales, son los encargados de ejecutar estos asesinatos. Las víctimas, como Bravo Salgado, no solo son eliminadas por su actividad política, sino también por su rol en la disputa de poder sobre los recursos y el control territorial en una región donde la influencia del crimen organizado es dominante.
La violencia política en Guerrero no es un hecho aislado, sino una manifestación de la descomposición del sistema democrático, donde las mafias utilizan el asesinato como una herramienta para moldear los resultados electorales.
La impunidad en Guerrero sigue siendo un factor clave que permite la perpetuación de esta violencia política. Las investigaciones sobre los asesinatos de figuras políticas a menudo quedan en la inacción o son manipuladas por intereses corruptos dentro del sistema judicial y de seguridad.
En el caso de Bravo Salgado, las primeras indagatorias apuntan al robo de su teléfono celular y camioneta, lo que podría sugerir un móvil económico; sin embargo, es necesario analizar más a fondo si detrás de este crimen se ocultan otros intereses políticos.
En paralelo, la impunidad se extiende a otros crímenes de alto perfil, como el asesinato de Anselmo Campuzano Martínez, abogado y activista, quien fue atacado a balazos el 3 de octubre de 2025. Campuzano había estado involucrado en la denuncia de irregularidades dentro de la Fiscalía Regional y había recibido amenazas por su activismo. Otro factor común es que ambos eran simpatizantes y promotores de la candidatura de Mojica Morga para el gobierno del estado
Este patrón de violencia parece estar directamente relacionado con la disputa por el poder político y judicial en la región, donde las mafias locales imponen sus reglas y protegen a figuras clave dentro de las instituciones.
Beatriz Mojica, quien tenía una relación cercana con Bravo Salgado, condenó enérgicamente su asesinato y exigió una investigación seria y transparente.
El asesinato de Antonio Abad Bravo Salgado y la violencia política en Guerrero son una manifestación de una estructura de control que, a través de la intimidación y el asesinato, busca moldear los resultados electorales y mantener el dominio de grupos criminales sobre el territorio. En este contexto, la política en Guerrero se ha convertido en un campo de batalla donde la democracia es secuestrada por la violencia organizada.
La constante presencia de sicarios vinculados al crimen organizado y la impunidad con la que operan, plantea serias dudas sobre la viabilidad de los procesos democráticos en la región. A medida que se acercan nuevas elecciones, la necesidad de una reforma integral en el sistema de justicia y una estrategia de seguridad más eficaz es más urgente que nunca.