La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 por la Cámara de Diputados, con un monto total de 10.1 billones de pesos, refleja una orientación clara: consolidar el gasto social como pilar del modelo económico vigente. En apariencia, se trata de un presupuesto expansivo y socialmente responsable, con reasignaciones por cerca de 17,788 millones de pesos para fortalecer educación, ciencia, tecnología y apoyo al campo (restándoles del presupuesto del recién reformado Poder Judicial). Sin embargo, el análisis más allá de la cifra revela una tendencia preocupante: el presupuesto se está utilizando más como un instrumento de legitimación política y sostenimiento del gobierno, que como una verdadera herramienta de desarrollo económico.
Los programas sociales prioritarios absorberán alrededor de 987 mil millones de pesos. La Pensión para Adultos Mayores, con 526,508 millones, se mantiene como el eje central del gasto; a ella se suman las Becas Benito Juárez con 184,595 millones, la Pensión Mujeres Bienestar con 56,969 millones, y Sembrando Vida con 40,664 millones, entre otros. Son programas con un fuerte impacto distributivo en el corto plazo, pero de limitada aportación a la productividad nacional. En contraste, la inversión en infraestructura estratégica —la que genera empleo, impulsa cadenas de valor y eleva la competitividad— representa apenas una fracción del gasto total unos 960.1 mil millones de pesos de los cuales 536.8 mmdp (5.3 por ciento del gasto total) se destinará a proyectos prioritarios, como el Tren Maya (30 mil millones), el Corredor Interoceánico (25 mil millones) y las obras hidráulicas de la CONAGUA (20,762 millones), manteniendo así la lógica de continuidad de obras emblemáticas más que una visión integral de desarrollo regional o sectorial.
En materia de salud y educación, el incremento de recursos —6.4 por ciento más que en 2025 para salud y refuerzo de becas educativas— es positivo, pero sigue condicionado a la lógica del subsidio y no al fortalecimiento institucional. Aun con mayores recursos, los retos estructurales en ambos sectores persisten: rezagos en infraestructura, falta de personal y baja eficiencia en la gestión, se debe entender que no se educa con becas sino con conocimiento.
El presupuesto, instrumento central de la política económica, debería ser el punto de equilibrio entre el gasto social y la inversión productiva. Pero cuando la asignación de recursos se desbalancea hacia el asistencialismo sin contrapartida en productividad, el país pierde su base de crecimiento. En términos económicos, el gasto social se vuelve dádiva y no palanca de desarrollo; en términos políticos, se convierte en mecanismo de permanencia en el poder; en compra de votos y niveles de popularidad.
La sostenibilidad del bienestar social no puede depender de la voluntad política, sino del crecimiento económico que lo haga financieramente viable. El presupuesto 2026 aprobado privilegia apoyos y subsidios, pero no impulsa la inversión que genere los recursos futuros para sostenerlos. Ganan los ciudadanos en el corto plazo al recibir recursos en efectivo, pero pierde el crecimiento potencial del país.
Más aún, la deuda pública, aunque se mantiene dentro de márgenes aparentemente manejables respecto al PIB, se vuelve preocupante cuando su financiamiento no se traduce en proyectos productivos. La deuda que no produce crecimiento es una deuda que se paga sin retorno, y su costo termina restando margen fiscal a las generaciones futuras.
El populismo de Estado traslada el eje de la política económica del crecimiento sostenible hacia el cálculo electoral. En lugar de fortalecer el aparato productivo, se privilegia la entrega directa como vía de legitimación. Pero la pobreza y la desigualdad estructural no se corrigen con transferencias monetarias permanentes, sino con empleo, productividad, innovación y desarrollo. Los apoyos monetarios pueden fortalecer la economía de los hogares en el corto plazo, pero sin infraestructura, educación de calidad ni inversión privada, las carencias estructurales se perpetúan.
El presupuesto debería ser la brújula del desarrollo nacional. En cambio, se está convirtiendo en un escudo político. El reto para México no es gastar más, sino gastar mejor: volver a poner al presupuesto al servicio del crecimiento, no del gobierno.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®