La participación de un adolescente en el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, revivió la polémica sobre el reclutamiento de jóvenes en Guerrero por parte del crimen organizado, pero esa es solo una de las violaciones a los derechos humanos a las que están expuestos los adolescentes guerrerenses, la otra le convierte en víctimas de homicidios.
Guerrero enfrenta una de las crisis de derechos humanos más graves de México en cuanto a la vulnerabilidad de sus jóvenes. Si bien el fenómeno del reclutamiento juvenil por parte de los cárteles de drogas ha sido un tema central en los últimos años, un análisis más profundo revela una compleja red de violaciones a los derechos humanos que les afecta, exponiéndolos a riesgos mortales tanto por la violencia organizada como por las estructuras de pobreza y abandono social que los rodean.
Los informes destacan que Guerrero es uno de los estados donde los jóvenes son más vulnerables al reclutamiento por parte de los grupos criminales. Los carteles de Sinaloa, el CJNG y Los Viagras están activamente reclutando menores para actividades ilícitas como el cobro de “piso”, el secuestro y, en casos más extremos, el trabajo como sicarios o halcones.
En este sentido, la región se ha convertido en un foco de atención para las organizaciones internacionales de derechos humanos, como la CIDH y UNICEF, que han instado al Estado mexicano a tomar medidas más contundentes para erradicar este fenómeno.
La falta de oportunidades educativas y laborales, sumada a las altas tasas de pobreza y violencia en el estado, crea un caldo de cultivo perfecto para que los cárteles exploten a los jóvenes en su beneficio. Muchos de estos jóvenes provienen de familias desestructuradas, con antecedentes de pobreza extrema y/o adicciones, lo que los hace más susceptibles a ser captados bajo falsas promesas de empleo o, en casos más graves, mediante amenazas y coacciones directas.
El uso de redes sociales y videojuegos como TikTok y Fortnite para enganchar a los jóvenes demuestra cómo las tácticas de los criminales se han adaptado a las nuevas realidades tecnológicas, haciendo aún más difícil para los padres y autoridades identificar los riesgos a los que están expuestos los adolescentes.
No se trata solo de una amenaza de explotación laboral o criminal, sino también de una exposición constante a la muerte. Guerrero es una de las entidades con más altos índices de homicidios dolosos y feminicidios, y los menores de edad no están exentos de esta violencia extrema.
En 2025, hasta el primer semestre, se registraron al menos 39 asesinatos de menores de 17 años, lo que refleja una alarmante tendencia en el estado.
Los casos de jóvenes asesinados son especialmente desgarradores, como el de Mateo y Porfirio, dos menores de edad asesinados por un grupo del crimen organizado en Chilapa, o el de César Mendoza Duarte, un adolescente de 13 años secuestrado, torturado y ejecutado tras ser obligado a realizar confesiones falsas para la cámara.
Estos crímenes no son casos aislados, sino parte de una ola de violencia que no discrimina ni por edad ni por género, afectando profundamente a la comunidad.
Lo que distingue la situación de Guerrero de otros estados es la combinación de dos amenazas mortales que enfrentan los jóvenes: el reclutamiento forzado y la violencia letal. Los adolescentes no solo son capturados para convertirse en sicarios o “halcones”, sino que también están expuestos a ser asesinados, ya sea por las mismas bandas criminales que los utilizan o por otras que disputan el control del territorio.
El caso de César Mendoza Duarte refleja perfectamente esta dinámica. El joven no solo fue explotado laboralmente por los criminales, sino que también fue brutalmente ejecutado tras ser forzado a grabar un video en el que se le obligaba a confesar delitos que probablemente no había cometido. Este tipo de violencia sistemática no solo despoja a los jóvenes de su vida, sino que también destruye el tejido social y perpetúa el ciclo de pobreza, violencia y desesperanza en las comunidades más afectadas.
En 2025, se presentaron varias iniciativas en el Congreso para tipificar el reclutamiento forzado de menores como un delito específico en el Código Penal Federal, con la intención de establecer penas más severas para los responsables. Sin embargo, las estadísticas extraoficiales revelan que cada semana, aproximadamente 50 jóvenes son reclutados por grupos criminales, lo que evidencia la magnitud de la crisis.
La respuesta institucional no solo debe ser judicial, sino también preventiva. Es urgente visibilizar las causas estructurales que permiten que el reclutamiento y los homicidios de menores sigan ocurriendo. La falta de acceso a una educación de calidad, la carencia de oportunidades económicas y la violencia generalizada deben ser abordadas de manera integral para lograr una solución sostenible.
La situación de los jóvenes en Guerrero es una crisis multifacética que no solo expone a los adolescentes a ser reclutados por el crimen organizado, sino también a ser víctimas de homicidios y torturas. Es crucial que las autoridades mexicanas tomen medidas más efectivas y urgentes para abordar tanto las causas estructurales de esta problemática como las consecuencias inmediatas.
La violencia en Guerrero no es solo una cuestión de seguridad pública, sino una violación continua de los derechos humanos que afecta a una generación entera de jóvenes, con efectos devastadores para el futuro del estado y del país.