Ahora en pausa para el final del actual periodo de sesiones ordinarias del Congreso o el próximo, el régimen se adelantaba a su propia Comisión Presidencial para la Reforma Electoral al impulsar el dictamen y la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados de la iniciativa del Dip. Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena/RP) para modificar la fecha en la cual podrían realizarse consultas populares y de revocación del mandato presidencial. Me concreto a esta última. La disposición vigente contempla su eventual realización por una sola vez en el período presidencial, luego de la conclusión del tercer año del mandato.
En el contexto inmediato, el iniciador es Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena y tiene reconocida cercanía con la encargada del poder ejecutivo; presentó su propuesta el 18 de septiembre último; el proyecto de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales está fechado el 20 de octubre siguiente y se distribuyó a sus integrantes el 6 de noviembre en curso para ser discutido y votado en ese órgano el 10 siguiente.
El asunto es parte de las deliberaciones de carácter electoral; no parecería haber prisa, pero alguna hubo y después la pausa con el señalamiento positivo a la propuesta desde Palacio Nacional. Es pausa, no rectificación; al tiempo que se refrendan dos argumentos para permear el planteamiento: ahorro de dinero público al evitar erogaciones en año no electoral si se realiza con las votaciones para renovar la Cámara de Diputados; y propiciar que participe el mayor número de personas ciudadanas, dada la baja asistencia a las casillas de votación en 2022 (17.7 por ciento de la lista nominal de electores).
Ambos argumentos merecen comentario: a) si en 2028 el presupuesto federal fuera de 10 billones de pesos, el costo estimado de un proceso toral para la vida pública del país sería de 5 mil millones de pesos o 0.05 por ciento del gasto. La cifra sola puede parecer alta, pero en perspectiva y conforme a su objeto, es plenamente asequible para las finanzas públicas; y b) ¿y por qué querría el oficialismo la más alta participación en un proceso de revocación de mandato cuando está al cargo del poder ejecutivo federal? ¿Por demócratas? No, porque asumen la desnaturalización de la figura y pretenden la repetición del gambito de 2022: ratificar el mandato de quien no lo requiere para continuar en el período de seis años.
Independientemente de si usted favorece el procedimiento para cesar a quien esté al cargo de la presidencia la República, la reforma constitucional de 2019 acusa sendos errores técnico y político; además, la reforma planteada abre una contradicción hacia las entidades federativas: (i) faltó el referente hacia la votación de la persona electa y cuyo mandato plantea revocarse, porque basta que participe el 40 por ciento de la lista nominal de electores y la mayoría vote por la revocación, sin requerir también que esa nueva mayoría sea superior en, al menos, un voto a la que le confirió el cargo; (ii) el consenso de las minorías de 2019 para dar sus votos a un gobierno que ya incumplía los compromisos hechos normas constitucionales para establecer la Guardia Nacional como una institución civil de seguridad pública; y (iii) la reforma propuesta no adecua la eventual realización de procesos de revocación de mandato de ejecutivos locales para que coincidan con la elección constitucional intermedia de su período (ver el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el DOF el 20.12.2019).
El oficialismo no rigió su conducta de acuerdo con la modificación de ese año y tergiversó la figura. No obstante que en el artículo tercero transitorio precisa que es “el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza”, en la Ley Federal de Revocación de Mandato (DOF 14.09.2021) apareció el interés real que ya no requería de mayorías calificadas, pues en la fr. V del artículo 19 se ordenó la pregunta esquizofrénica de la revocación-ratificación: “¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su período?”. Esto en vez de una boleta con el título “Revocación del mandato presidencial por pérdida de confianza” y dos cuadros, uno para el sí y otro para el no.
Hay amplia literatura sobre el uso de los procedimientos de democracia directa bajo control gubernamental para bañar de legitimidad a las definiciones del régimen. La alteración de la revocación en nuestro caso acusaba ya un componente de fraude: son las personas partidarias de quien está en el ejecutivo quienes promueven y realizan la recolección de firmas (3 por ciento de la lista nominal de electores en, al menos, 17 entidades federativas) “por pérdida de confianza”, para colocarla en la boleta. Ahora se pretende incidir en el abuso al proponerse que la votación sobre la falsa revocación o innecesaria consulta de ratificación se realice el día de la jornada electoral para la renovación de la Cámara de Diputados, que es la fecha para las elecciones locales con las modalidades para renovar distintas autoridades (en 2027 habrá comicios para renovar el poder ejecutivo en 17 entidades federativas).
¿A qué aspira el gobierno morenista con esta reforma? Hay varias hipótesis para articular la respuesta: (1) terminar definitivamente con la interpretación del uso de la figura por el fundador y dirigente real de Morena o por corrientes más afines a él que a su sucesora para acreditar que una cosa es la titularidad del cargo y otra el dominio de las bases; (2) alumbrar el camino hacia el alineamiento de corrientes y grupos internos, aliadas, simpatizantes e, incluso, quienes no tendrían por qué asumir un compromiso y estarían llamadas a la imparcialidad o la neutralidad, a favor de candidaturas oficiales en todo el territorio del país, bajo la presión de que no hacerlo es estar en contra de la titular del ejecutivo y del proyecto de la “transformación del país”; y (3) elevar las posibilidades de triunfo de las candidaturas oficiales a la Cámara de Diputados, los poderes ejecutivos locales, las presidencias municipales, las alcaldías y los congresos locales.
Saltan las implicaciones: (A) la profundización de la polarización entre el bloque morenista y quienes piensan distinto, la confrontación de la crítica y la exclusión de la pluralidad en la valoración de los problemas del país y la deliberación de sus mejores soluciones; (B) el uso de la gestión presidencial y los instrumentos de propaganda a su disposición -medios públicos e incidencia publicitaria en los medios privados y redes socio digitales- para hacer campaña a favor de la “ratificación” presidencial y las personas aliadas que harán posibles los propósitos de su gobierno; y (C) la reflexión táctica de los partidos de oposición (con registro o en vías de obtenerlo) sobre la mejor forma de ir a la competencia por los sufragios y establecer la dimensión de la pluralidad que disiente el 6 de junio de 2027.
Para Morena el riesgo mayor está en un escenario como el de 2021, donde la suma de las oposiciones (PAN, PRI, PRD y MC) alcanzó 22,798,242 votos y el bloque oficialista (Morena, PVEM, PT, PES y FxM) obtuvo 23,462,352 sufragios. Y para las minorías opositoras el riesgo mayor está en el escenario similar al de 2024 para las diputaciones, donde alcanzaron 24,354,580 votos y el oficialismo obtuvo 32,316,689 sufragios.
Imposible no percibir la descomposición política, económica y social, así como los brotes de cansancio con la narrativa sin sustento y algunas expresiones de hartazgo. Al régimen se le juntan el hambre y las ganas de comer en su propuesta de colocar a la titular de la presidencia en la boleta. Así o más nítida la nueva vuelta de tuerca a la erosión de la democracia. Electoralmente ya estamos en 2027 y falta la reforma.