México cierra el 2025 ante una encrucijada. Con el gobierno de la Cuarta Transformación entrando en su séptimo año y las elecciones intermedias de junio de 2027 ya en el horizonte (sin soslayar la posibilidad de que se realice la consulta de revocación), el país se prepara para transitar a lo largo de un 2026 marcado por profundas tensiones políticas y vulnerabilidades económicas. La frágil gobernabilidad impone riesgos para la inversión, el crecimiento y la cohesión social que podrían materializarse en un escenario potencialmente adverso.
En el terreno económico uno de los principales focos de preocupación será la revisión del T-MEC programada para julio. Este acuerdo, vigente desde 2020 (renovado del TLCAN), será prácticamente renegociado y el proceso no será sencillo. En un contexto global de creciente proteccionismo y bajo una lógica de seguridad económica, nuestro país seguramente enfrentará exigencias por parte de sus socios de concesiones que puedan resultar difíciles de procesar: temas vinculados a migración, seguridad y acceso a sectores estratégicos defendidos hasta ahora por el nacionalismo ideológico, podrían ser la punta de lanza. Las negociaciones serán tensas y cualquier decisión equivocada podría dañar significativamente la confianza de los inversionistas, en un momento en el que la incertidumbre internacional ya pesa sobre la economía nacional.
Desde el punto de vista de las finanzas públicas, el gobierno se enfrenta a desafíos nada menores. El déficit aprobado de 4.1 por ciento del PIB pone en evidencia que a pesar de los esfuerzos de consolidación, no se ha avanzado lo suficiente por lo que la dependencia de la deuda seguirá siendo alta y los esfuerzos por corregir las desviaciones serán más dolorosos reduciendo el margen de maniobra para operar una política económica que ayude a recomponer el débil crecimiento del PIB que se estima para 2025 impidiendo una recuperación en 2026, que difícilmente alcanzará el 1.5 por ciento de crecimiento cifra bastante alejada de las pretensiones gubernamentales (1.9-2.8 por ciento) discrepancias que pueden minar la credibilidad y confianza de los mercados.
En este contexto, la sostenibilidad de los programas sociales corre peligro si los ingresos no cumplen con las expectativas. Parte de la apuesta financiera del gobierno para 2026 depende de un aumento de la recaudación tributaria basada en mayor fiscalización y de la disciplina en el gasto. Empero si la economía no crece lo suficiente o si la inversión privada se sigue retrayendo por el entorno político, las previsiones de ingresos podrían no materializarse o hacerlo de forma tardía, lo cual complicará el financiamiento de los programas de transferencias abriendo la posibilidad de incrementar la deuda.
En el ámbito político, la anunciada reforma electoral impulsada por el régimen que podría implementarse con poca o nula apertura y sin consenso entre fuerzas opositoras, genera inquietudes graves. Sin plena claridad de que las reformas sean necesarias, su imposición podría debilitar aún más los contrapesos institucionales esenciales para una democracia sólida. Un mayor debilitamiento institucional, pondría en riesgo no solo la legitimidad democrática, sino también la estabilidad macroeconómica: los inversionistas requieren un entorno político predecible y transparente para planear a mediano y largo plazo.
Otro factor de riesgo para 2026 es la peligrosa combinación de percepción (más bien realidad) de inseguridad y la creciente violencia político-electoral. En un entorno donde parte de la sociedad ya expresa dudas hacia el gobierno —por una combinación de alta criminalidad, militarización de la gestión pública y crecimiento económico débil con inflación persistente— la desconfianza hacia las instituciones puede traducirse en menor consumo, menor inversión y mayor polarización social. La militarización de la seguridad y la sensación de impunidad y corrupción galopante añaden una capa adicional de fragilidad e incertidumbre. El clima de inseguridad no solo es social, es también económico y no escapa de la volatilidad internacional que se vislumbra.
El 2026 se perfila como un año de alto riesgo para México, cargado de desafíos políticos que pueden traducirse en frenos económicos si no se manejan con prudencia. La combinación de factores políticos y económicos convergen para crear un escenario complejo. Si el gobierno logra mantener la credibilidad y retomar la confianza de los mercados, articular el diálogo institucional y fomentar un crecimiento propicio, podríamos sortear los embates. Pero si no retoma la cohesión social —y se refuerzan las bases para un desarrollo sostenible—, los costos de esta incertidumbre podrían sentirse de forma profunda, no solo en las cifras económicas oficiales y no oficiales, sino en el bienestar material de la población.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®