Por segunda vez en casi dos siglos, Chilpancingo enfrenta la posibilidad real de suspender su fiesta más emblemática: el Paseo del Pendón y la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo. La amenaza no proviene de un desastre natural ni de una crisis sanitaria, sino del avance directo de las organizaciones criminales sobre la vida pública y las decisiones de autoridad en la capital guerrerense.
Con 194 años de historia ininterrumpida —salvo la suspensión de 2024 tras los asesinatos de altos funcionarios y organizadores— el Pendón simboliza continuidad comunitaria y gobernabilidad. Que vuelva a estar en riesgo por segundo año consecutivo revela un deterioro profundo del control estatal frente a los grupos delictivos.
El 26 de noviembre aparecieron lonas en al menos tres puntos de la ciudad —incluyendo un kínder y zonas públicas— donde un grupo criminal advierte que no permitirá la realización ni del Pendón ni de la feria. El mensaje, fue directo a la ciudadanía y con amenazas explícitas: “Les informamos que lamentablemente no habrá feria de navidad, debido a que sólo la hacen para juntarles dinero a Los Ardillos, se les quemará todo donde se quieren poner”. Con él se busca no solo intimidar, sino reclamar la capacidad de veto sobre festividades históricas.
El jueves 20, un mensaje similar circuló en grupos de WhatsApp. La ausencia de pronunciamiento inmediato por parte del gobierno estatal evidencia un vacío político en un momento crítico.
El alcalde Gustavo Alarcón Herrera, lleva meses alertando sobre el deterioro de la seguridad en la capital. Desde septiembre ha solicitado refuerzos estatales y federales tras episodios como el asesinato de un agente municipal, el incendio de tres unidades de transporte —con cuatro mujeres lesionadas— y una jornada de violencia que exhibió la fragilidad operativa local.
Ahora, mediante el oficio PM/0644/2025 dirigido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reitera su demanda urgente: Chilpancingo requiere intervención del Gobierno Federal para garantizar la seguridad durante las festividades del Bicentenario.
El elemento más delicado es la acusación contenida en las lonas, donde se señala a funcionarios municipales —incluido el hijo del alcalde— de entregar recursos públicos a una de las organizaciones criminales. Aunque no están verificadas, estas acusaciones forman parte de una estrategia común del crimen organizado para erosionar credibilidad institucional y destrozar la cohesión social.
La amenaza al Pendón es también un síntoma de la disputa estructural entre dos organizaciones:
Los Ardillos, liderados por Celso Ortega Jiménez, con influencia política local.
El Cártel de la Sierra o Los Tlacos, encabezados por Onésimo Marquina Chapa, El Necho.
Ambos buscan controlar no solo economías ilegales, sino también espacios simbólicos y decisiones civiles que definen la vida comunitaria. Interferir en una festividad histórica equivale a demostrar poder para regular la vida social de la capital.
Pese a las amenazas, el gobierno municipal informó que esta edición de la feria se realizaría con medidas extraordinarias: No habrá bares; Se evitarán espectáculos que hagan apología del delito.
Tendrá un enfoque cultural; El Paseo del Pendón se reduciría en extensión y duración; Se reubicarán juegos mecánicos y algunos eventos para disminuir riesgos.
La estrategia muestra una intención de preservar la tradición, pero también reconoce que las condiciones de seguridad no permiten un desarrollo convencional.
El 2 de diciembre, el Consejo Consultivo de la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo anunció la renuncia del coordinador del Paseo del Pendón y la cancelación del certamen Señorita Flor de Nochebuena, en medio de un clima de incertidumbre.
Según el informe, solo 35 de los 60 consejeros permanecen activos; los contingentes de los barrios tradicionales anticiparon que no participarán; los grupos de danza, colectivos culturales y tlacololeros también han decidido retirarse.
El Paseo del Pendón es más que una festividad local: es un vestigio de celebraciones que se remontan a 1529 y que, desde 1825, forman parte de la identidad cívica de Chilpancingo. Interrumpirlo nuevamente marcaría un precedente grave: que una tradición de casi dos siglos pueda ser cancelada por presiones criminales sin que el Estado recupere la iniciativa.
La posible suspensión del Pendón no es un evento aislado, sino un indicador crítico del equilibrio de poder en Chilpancingo. Si el Estado no logra garantizar la realización de un símbolo histórico, enviará el mensaje de que el crimen organizado tiene capacidad para dictar la agenda pública, condicionar celebraciones comunitarias y someter a las autoridades locales.
En términos de gobernabilidad, el riesgo no es solo la cancelación de una fiesta: es la consolidación de un poder criminal capaz de sustituir funciones del Estado y reescribir las normas de convivencia en la capital guerrerense.
La disputa por el Pendón muestra que Chilpancingo no necesita más diagnósticos: necesita autoridad, presencia y decisiones sostenidas del Estado. Permitir que el crimen dicte qué se celebra y qué no, sería aceptar un retroceso incompatible con cualquier proyecto de reconstrucción institucional.
Si por segunda ocasión el Estado falla en proteger su propia tradición, el mensaje será contundente: en Chilpancingo no gobiernan las instituciones, sino quienes imponen el miedo. La respuesta federal y estatal dejará claro si México tolerará que una festividad bicentenaria caiga bajo control criminal.
La defensa del Pendón no es solo una cuestión de seguridad: es una batalla por el derecho de una comunidad a preservar su historia frente a quienes buscan someterla. La fuerza del Estado será puesta a prueba, pero también la de la ciudadanía que se niega a entregar su identidad al crimen organizado.