De presentarse en 2026 un escenario inflacionario que rebase el objetivo del 3% del Banco de México no solo pondría a prueba la credibilidad del marco macroeconómico planteado por la autoridad financiera, sino que activaría tensiones latentes en la estabilidad, la cohesión social e incluso el propio escenario electoral. La historia económica nacional nos muestra que los repuntes inflacionarios además de erosionar el ingreso real suelen amplificar la polarización en un contexto ya exacerbado políticamente.

Las presiones internas se pueden reactivar producto de la propia política gubernamental de ganar simpatías. El incremento de 13% al salario mínimo, que llevaría el ingreso diario a $315.04 pesos en 2026, si bien tiene un claro objetivo redistributivo al beneficiar directamente a unos 8.5 millones de trabajadores, en términos macroeconómicos no tiene un efecto neutro. Nuevamente la historia nos refiere que aumentos salariales por encima de la productividad tienden a trasladarse a precios, particularmente en sectores intensivos en mano de obra y en MIPyMES con menor capacidad de absorción de costos. En un contexto de inflación subyacente que desde hace tiempo supera el 4%, este efecto de empalme puede consolidar expectativas inflacionarias, un factor clave para la toma de decisiones de política del banco central que pretende continuar con su ciclo de ajustes.

A lo anterior se suman los ajustes fiscales indirectos, como los aumentos al IEPS en bebidas azucaradas, tabaco y bebidas energéticas. Aun cuando la recaudación estimada de 670 mil millones de pesos ayudaría a las finanzas públicas en el corto plazo, el impacto directo en precios que se estima de entre 5% y 10% en esos bienes tiene un componente regresivo para el consumidor, especialmente en sectores de bajos ingresos donde los refrescos forman parte de la dieta cotidiana. En México, donde el consumo privado representa cerca de dos tercios del PIB, la percepción de pérdida de poder adquisitivo puede traducirse rápidamente en descontento social y presión sobre la ilusoria narrativa gubernamental.

De igual forma la eliminación del subsidio a las gasolinas establecido a finales del 2025 podría tener un efecto en los costos del transporte y la producción. En términos políticos, el fin de estos mecanismos de contención —junto con el acuerdo de mantener el precio de la gasolina magna en $24 pesos o una posible no renovación de programas como el PACIC— puede ser interpretado como un ajuste impopular y por tanto de rechazo.

El escenario internacional podría abonar directamente a las presiones inflacionarias. La escalada arancelaria de Estados Unidos sobre importaciones chinas, con tasas de 25% a 50% en sectores estratégicos, afecta indirectamente a México a través de las cadenas de suministro que si bien operan en el marco del T-MEC no quedarían inmunes del todo. Si a lo anterior añadimos la propia medida de nuestro país de imponer aranceles a países no socios, especialmente China, un impacto inflacionario adicional de 0.5 a 1% podría alimentar un debate interno sobre la conveniencia de una política comercial más proteccionista frente a los costos para la industria que finalmente se trasladarían al consumidor.

Si bien el aumento en precios internacionales podría verse parcialmente amortiguado de continuar el peso apreciado, hay que tener presente que la estabilidad cambiaria no siempre basta para contener shocks externos.

En este contexto, el margen de maniobra de Banxico se estrecha. Con una inflación persistente, la autoridad monetaria enfrentaría el dilema clásico entre combatir la inflación y no limitar aun más un crecimiento ya moderado que se ubica entre 1.1% y 1.2% para el próximo año. Las decisiones del banco central, aunque técnicas, no solo tienen consecuencias económicas también políticas.

En un entorno inflacionario, la tentación de seguir recurriendo a medidas de corto plazo para preservar apoyo electoral puede chocar con la necesidad de disciplina macroeconómica. Un posible repunte inflacionario en 2026 no solo sería una prueba para la estabilidad de la economía mexicana, sino un factor imperante en el debate político que se avecina.

El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®