A las pésimas condiciones físicas de las carreteras federales en el país, que acumulan 7 años de baches y deterioro sin mantenimiento, se suma la inseguridad en las carreteras del país que dejó de ser un problema invisible. Es una crisis conocida, documentada y reconocida por el propio gobierno. Lo que no existe es una respuesta institucional a la altura. Mientras los robos, las extorsiones y la violencia avanzan en las vías federales, el Estado sigue sin ofrecer a transportistas y productores un lugar claro donde denunciar y obtener justicia. Esa omisión tiene consecuencias y responsables.
Frente a esta realidad, presenté una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en Caminos y Puentes Federales. No se trata de una bandera partidista ni de un gesto político, sino de una respuesta urgente a un vacío institucional que hoy favorece a la delincuencia y deja en la indefensión a quienes mueven al país.
La sola discusión de esta propuesta evidencia una verdad incómoda: el oficialismo ha preferido reconocer el problema una y otra vez sin asumir la responsabilidad de resolverlo. La inseguridad en carreteras solo vuelve a la agenda pública cuando productores y transportistas, cansados de la indiferencia, recurren a bloqueos para ser escuchados. No es reacción preventiva ni estrategia de Estado; es una respuesta tardía, forzada por la presión social, a un flagelo que se dejó crecer por omisión y falta de voluntad política.
Las carreteras federales se han convertido en uno de los espacios más peligrosos del territorio nacional. Cada cincuenta minutos se registra un intento de robo y tan solo en 2024 se documentaron más de 24 mil robos de carga, un aumento del 16 por ciento respecto al año anterior. Estados clave para la producción, el comercio y el abasto concentran esta violencia. Sin embargo, estas cifras apenas reflejan una parte del problema, porque una proporción significativa de los delitos no se denuncia.
En las reuniones que he sostenido con productores del campo y transportistas durante las últimas semanas, el mensaje ha sido contundente: cuando ocurre un asalto en carretera, no existe una autoridad clara a la cual acudir. Denunciar implica detener la unidad, pagar grúas, enfrentar trámites interminables y, en algunos casos, exponerse a nuevas extorsiones. Para muchos operadores, denunciar significa perder tiempo, dinero y seguridad. Ese vacío institucional explica por qué la impunidad se ha normalizado en las vías federales.
La inseguridad en carreteras no es un problema sectorial ni una molestia aislada. Es un asunto estructural que impacta directamente a la economía nacional. Más del 58 por ciento de la carga y casi el 94 por ciento de los pasajeros se trasladan por carretera. El autotransporte genera millones de empleos y es una columna vertebral del desarrollo del país. Aun así, quienes sostienen esta actividad estratégica hoy se sienten desprotegidos por el Estado.
Este contexto explica las movilizaciones y protestas recientes de productores y transportistas. No fueron actos irresponsables ni presiones indebidas, sino la consecuencia de años de omisiones, de compromisos incumplidos y de una inseguridad que se volvió cotidiana. Los bloqueos incomodan, pero deberían incomodar más las razones que los provocaron.
La semana pasada, tras intensas jornadas de diálogo, se levantaron los bloqueos y se alcanzaron acuerdos para evitar mayores afectaciones. Entre ellos, uno fundamental: avanzar en la creación de una Fiscalía especializada en delitos cometidos en carreteras federales. El problema es que en México los acuerdos sin instituciones suelen quedarse en el papel. Sin voluntad política, los compromisos se diluyen rápidamente.
Por eso la iniciativa que presenté busca reformar la Ley de la Fiscalía General de la República y crear una instancia especializada, con atribuciones claras, personal capacitado y capacidad real de investigación. No se trata de inflar estructuras ni de simular soluciones, sino de cerrar un vacío que hoy permite que el crimen opere con ventaja en las carreteras del país.
Resulta cada vez más difícil entender que, frente a una crisis documentada y reconocida, el oficialismo insista en cerrar la puerta a propuestas que buscan resolverla. No se trata de desconocimiento ni de falta de diagnósticos: los datos están sobre la mesa, las protestas lo confirman y las víctimas se acumulan. Persistir en ignorar alternativas viables por venir de la oposición no es una postura política; es una omisión que tiene consecuencias reales en la vida de miles de personas. Gobernar también implica escuchar, corregir y asumir que no todas las soluciones provienen del mismo lado.
México no puede aspirar al desarrollo mientras sus caminos sigan siendo territorios de riesgo. Proteger a quienes producen, transportan y trabajan no es una concesión ni un favor: es una obligación constitucional. Cuando el Estado falla en garantizar seguridad, no solo incumple su función básica, también rompe la confianza de quienes sostienen la economía todos los días.
La creación de una Fiscalía Especializada en Delitos en Vías Federales es una medida necesaria, posible y urgente. Si el oficialismo decide postergarla o ignorarla, deberá asumir el costo de seguir normalizando la violencia en las carreteras. Porque en este tema ya no hay espacio para la indiferencia: actuar o no actuar también es una decisión política.
El autor es senador de la República y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal
@MarioVzqzR