Abrir al mundo a los municipios de México
Sin embargo, a medida que aumentan sus responsabilidades, también lo hacen sus capacidades financieras. Y la verdad es clara: se les pide hacer más, pero tienen menos margen para responder.
Sin embargo, a medida que aumentan sus responsabilidades, también lo hacen sus capacidades financieras. Y la verdad es clara: se les pide hacer más, pero tienen menos margen para responder.
Ciudadanos que aún esperan servicios de salud dignos y medicamentos. Y millones de personas que viven con un sentimiento cada vez más extendido: cuando más necesitan respuestas, el gobierno simplemente ya no está ahí.
Los grupos criminales ampliaron su capacidad de operación, fortalecieron sus estructuras, extendieron su influencia territorial y aumentaron su capacidad para desafiar al Estado.
Nadie está de acuerdo en la injerencia indebida del extranjero en asuntos electorales de los mexicanos, pero tampoco se está de acuerdo en que la delincuencia organizada ponga gobernantes…
No fue una movilización espontánea ni una causa ciudadana surgida desde abajo. Fue una maniobra política establecida desde el centro del país, con el objetivo de intentar presentar a Chihuahua como un ejemplo de supuesta subordinación a intereses extranjeros.
No hay nada, de naturaleza ilegal, que se esté solicitando aquí. Se trata de hacer cumplir la ley. El tratado de extradición es claro y un instrumento firmado por el Estado mexicano —seguirlo no disminuye la soberanía (la realza).
En ese sentido, recientemente presenté un punto de acuerdo para plantear una respuesta inmediata ante esta presión: reducir en 50% el IEPS aplicado a gasolina y diésel para aliviar los costos logísticos…
Después de sembrar, invertir y esperar meses, los productores enfrentan una realidad brutal: enfrentan precios de entre 8 y 10 pesos por kilo, mientras que ese mismo producto se vende a los consumidores por entre 27 y más de 50 pesos en diferentes partes del país.
Dicho en palabras simples: estaríamos viendo a la presidenta en la boleta. Y no sola, sino con todo el aparato del gobierno detrás. Eso ya no es un ejercicio ciudadano.
La discusión se ha limitado al gobierno y a su partido Morena, excluyendo incluso a sus aliados PT y PVEM cuando en realidad hablamos de las reglas que organizan la competencia democrática de todo el país.
No somos dictatoriales y exigir estándares no es autoritarismo. El autoritarismo es la práctica de dejar que las decisiones estratégicas no tengan controles ni equilibrios con la sociedad recibiendo el castigo.
México no necesita más obras blindadas políticamente. Nuestro país necesita y demanda gobiernos que decidan bien, y que cuando lo no hagan, asuman las consecuencias de sus decisiones.
Cuando quienes organizan las elecciones dependen del poder político en turno para tener los recursos mínimos necesarios para llevar a cabo su función constitucional, no hay independencia genuina.
En diciembre pasado, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Ingresos. Desde el gobierno se repitió una y otra vez que no habría nuevos impuestos ni aumentos generalizados.
La sola discusión de esta propuesta evidencia una verdad incómoda: el oficialismo ha preferido reconocer el problema una y otra vez sin asumir la responsabilidad de resolverlo.
El discurso oficial presume “poner orden” y “combatir acaparadores”. Falso. Lo que realmente hacen estas leyes es abrir un corredor de discrecionalidad, donde una autoridad puede quitar derechos mediante silencio administrativo…
México atraviesa la crisis de agua más compleja de su historia reciente: presas deterioradas, redes colapsadas, acuíferos sobreexplotados, plantas de tratamiento insuficientes y una CONAGUA debilitada tras años de recortes.
Hoy, los alcaldes enfrentan al crimen organizado sin respaldo; las policías municipales operan con carencias extremas; y las comunidades viven a merced de grupos que se fortalecen ante la ausencia del Estado.
Vi a miles de personas decididas a tomar las calles, no para dividir, sino para construir. Para defender la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y la esperanza de millones de mexicanas y mexicanos que quieren un mejor país.
El derecho al agua exige inversiones reales, del orden de 350 mil millones de pesos, como han señalado organismos nacionales e internacionales. Pero en lugar de avanzar hacia esa meta, seguimos viendo recortes, indiferencia y abandono.