Acapulco presenta una problemática urbana que se extiende mucho más allá de los daños causados por los huracanes. Este 2025 se planteó como el periodo para el despegue de la reconstrucción pero hay omisiones que garantizan la repetición de los desastres.
En primer lugar, la ciudad ha crecido sin una planificación adecuada, lo que ha derivado en la expansión hacia zonas vulnerables y con un alto riesgo de inundación. La falta de regulaciones estrictas en la construcción y la permisividad hacia el desarrollo en áreas de alto riesgo, como las zonas inundables, ha expuesto a la población a situaciones de vulnerabilidad crítica.
Existen 104 zonas de “alto riesgo” hidrológico y 37 sitios inundables, que incluyen áreas densamente pobladas como Ciudad Renacimiento, Llano Largo y Luis Donaldo Colosio. A pesar de las advertencias sobre estos riesgos, las autoridades locales han permitido la construcción en estas áreas, lo que se traduce en una falta de previsión que debe ser rectificada urgentemente.
En lugar de abordar de manera efectiva la reubicación de los asentamientos en zonas vulnerables, el enfoque de reconstrucción ha sido parcial y reactivo, con intervenciones superficiales en lugar de soluciones estructurales a largo plazo. La promoción de la construcción en áreas no aptas, como las zonas de alto riesgo, ha agravado la situación y comprometido la seguridad de los habitantes, además de generar daños colaterales como grietas en calles, cortes de energía y afectaciones a los sistemas de agua potable.
El agua potable ha sido uno de los mayores desafíos para Acapulco durante la reconstrucción. Más del 6.91 por ciento de los hogares no cuentan con servicio de agua entubada, lo que subraya la crisis estructural de la infraestructura hidrosanitaria de la ciudad. Aunque la reconstrucción contempla la creación de un nuevo sistema de aguas, este tipo de medidas son paliativas si no se aborda el problema desde su raíz: la infraestructura de más de 50 años de antigüedad y sin mantenimiento preventivo integral.
La falta de agua potable no solo afecta a la población en términos de calidad de vida, sino que también pone en riesgo la recuperación económica de Acapulco, especialmente en el sector turístico, que es uno de los principales generadores de ingresos para el municipio. El malestar social generado por la escasez de agua, como lo evidencian las protestas en eventos públicos, refleja la magnitud del problema y la necesidad urgente de soluciones sostenibles en la gestión del recurso hídrico.
Otro aspecto es la concentración de la inversión pública en la zona turística, en detrimento de las necesidades de la población en áreas más vulnerables. De los 33 mil millones de pesos destinados a la reconstrucción, una parte significativa se ha canalizado hacia la rehabilitación de infraestructuras turísticas y de seguridad en las zonas de alto valor económico. Esto ha generado controversias y descontento en la población local, que percibe que las prioridades no reflejan las verdaderas necesidades del municipio.
Si bien el turismo es un motor clave para la economía local, especialmente con un crecimiento del 50.3 por ciento en la llegada de turistas nacionales, la recuperación del sector debe ser balanceada con la atención a las necesidades básicas de la población. La inversión en seguridad y en la rehabilitación de la Bahía histórica es importante, pero el enfoque debe ser más inclusivo, abarcando a todos los sectores de la sociedad, particularmente aquellos que se dedican al comercio local y la prestación de servicios.
La vulnerabilidad social muestra que el 32.3 por ciento de los hogares en Acapulco están construidos con materiales de baja calidad y espacio insuficiente, lo que agrava la situación en casos de fenómenos naturales como huracanes y tormentas tropicales. La falta de materiales adecuados para la construcción en las áreas de alta vulnerabilidad no solo expone a las personas a mayores riesgos, sino que también ralentiza el proceso de recuperación.
Si bien la administración municipal ha implementado ciertas medidas, como la prohibición de la construcción en zonas inundables y la sanción a las constructoras que no cumplan con las normas de uso de suelo, las acciones son insuficientes si no se refuerzan con políticas de reubicación de asentamientos y un plan integral de resiliencia que considere tanto la infraestructura como la organización social.
La reconstrucción de Acapulco debe trascender la restauración superficial de infraestructuras y adentrarse en una visión a largo plazo que contemple soluciones estructurales a los problemas urbanos. Esto implica:
Reordenar el crecimiento urbano, reubicando a las poblaciones más vulnerables de las zonas de riesgo e impulsando un desarrollo más organizado. Mejorar la infraestructura hidrosanitaria, con un enfoque preventivo y sostenible que permita asegurar el abasto de agua a largo plazo.
Garantizar la equidad en la distribución de las inversiones, priorizando las necesidades de la población local en igualdad de condiciones que el sector turístico.
Fomentar la participación ciudadana en los procesos de planificación y toma de decisiones para asegurar que las soluciones sean adecuadas y cuenten con el apoyo de la comunidad.
La reconstrucción de Acapulco no puede limitarse a restaurar lo que fue destruido por los huracanes, sino que debe ser una oportunidad para repensar y corregir las deficiencias estructurales de la ciudad. La recuperación de Acapulco debe basarse en un desarrollo urbano sostenible que minimice los riesgos y brinde oportunidades para todos los sectores de la población, no solo para aquellos vinculados al turismo.