Hay decisiones de gobierno que no se sienten en los discursos, ni en las conferencias de prensa, ni en los boletines oficiales. Se sienten en el refrigerador de la casa, en el carrito del súper y en la cuenta final cuando una familia intenta estirar el gasto hasta la quincena siguiente, lo que intensifica la tradicional “cuesta de enero”. Ahí es donde realmente impacta la política fiscal.

En diciembre pasado, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Ingresos. Desde el gobierno se repitió una y otra vez que no habría nuevos impuestos ni aumentos generalizados. Formalmente, es cierto: no subieron el IVA ni el ISR. Pero esa verdad administrativa esconde una realidad mucho más incómoda para millones de hogares mexicanos.

Ese contraste entre discurso y realidad también se refleja en las expectativas económicas. Mientras el oficialismo estima que la economía mexicana crecerá entre 1.8 y 2.8 % en 2026, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierte que se trata de un escenario optimista. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de 1.4 %, y el Banco Mundial, apenas 1.1 %. Es decir, el gobierno planea recaudar más sobre una economía que, según organismos internacionales, crecerá menos de lo que se presume.

Porque cuando se incrementan impuestos indirectos, cuando se ajustan cuotas que recaen sobre productos de consumo cotidiano, el golpe no es abstracto: es directo y regresivo. Lo pagan más quienes menos tienen. Como he señalado en otras ocasiones, “cuando un impuesto se cobra en la caja del súper, no distingue entre ricos y pobres; castiga más a quien vive al día”.

A ese modelo fiscal que recae sobre el consumo se suma ahora otro costo silencioso para los hogares: el aumento de aranceles a productos importados de Asia y de países sin tratado comercial. Con tarifas de hasta 50 % aplicadas a mil 463 fracciones arancelarias —que incluyen bienes de uso cotidiano como ropa de cama, muebles, vidrio, acero y artículos escolares—, el impacto no lo absorben los exportadores, sino las familias mexicanas a través de precios más altos. La propia Secretaría de Hacienda estima que esta medida añadirá 0.2 % a la inflación en 2026, en una economía de bajo crecimiento y con salarios presionados. Presentados como política industrial, estos aranceles operan en la práctica como otro impuesto indirecto y regresivo que, una vez más, termina cobrándose en la mesa de las familias.

Un ejemplo claro es el impuesto a bebidas saborizadas. A partir de este año, el IEPS volvió a actualizarse y eso se traduce, inevitablemente, en precios más altos. Tres o cuatro pesos adicionales por producto parecen poco desde un escritorio, pero multiplicados por el consumo semanal de una familia trabajadora se convierten en cientos de pesos al mes. Y ese es solo un producto.

El propio INEGI ha documentado que la inflación en alimentos y bebidas ha crecido por encima del promedio general. Es decir, lo que más consumen las familias es justamente lo que más se ha encarecido. Los salarios, aun con ajustes, no alcanzan a compensar esa pérdida de poder adquisitivo. La economía familiar ha quedado atrapada entre precios que suben y apoyos que desaparecen.

Aunque el gobierno destaca el aumento del gasto social, el IMCO señala que casi 987 mil millones de pesos se destinarán a programas prioritarios sin que existan evaluaciones claras sobre su impacto real en el bienestar. El problema no es solo cuánto se gasta, sino qué resultados se obtienen, especialmente cuando el costo de la despensa crece más rápido que cualquier transferencia.

Aquí está el fondo del problema: el modelo fiscal actual es regresivo. No grava más a quien más tiene, sino al consumo básico. No protege el ingreso familiar, lo erosiona. Y eso contradice el discurso oficial de justicia social. Como he dicho claramente, “no se puede hablar de bienestar cuando el Estado se financia con lo que la gente consume para vivir”.

La Ley de Ingresos privilegia la recaudación, pero no va acompañada de una revisión profunda del gasto ni de resultados visibles para los ciudadanos. De acuerdo con el IMCO, los ingresos proyectados ascienden a 10.2 billones de pesos, equivalentes al 22.5 % del PIB, un aumento real de 5.9 % respecto a 2025. Sin embargo, 14.4 % de ese monto provendrá de endeudamiento, es decir, 1.47 billones de pesos que no salen de una economía más productiva, sino de comprometer recursos futuros. Se recauda más, pero no se vive mejor.

Los servicios públicos no mejoran al mismo ritmo que los impuestos y esa brecha genera desconfianza y hartazgo. En salud, por ejemplo, el IMCO advierte que el gasto será de apenas 2.6 % del PIB, muy por debajo del 6 % recomendado a nivel internacional, lo que vuelve a evidenciar la distancia entre el discurso de bienestar y la realidad presupuestal.

A esto se suma un problema estructural: la centralización. Cada vez más recursos se concentran en el centro del país, mientras estados y municipios reciben menos. Son los gobiernos locales los que enfrentan la escasez de agua, las calles deterioradas y la falta de servicios básicos, pero lo hacen con presupuestos cada vez más limitados. El IMCO ha advertido que esta concentración reduce la capacidad de respuesta donde los problemas son más inmediatos. Al final, quien paga esa ineficiencia es el ciudadano.

Desde el gobierno se insiste en que estos impuestos buscan cambiar hábitos o mejorar la salud pública. Sin embargo, incluso autoridades hacendarias han reconocido que no reducen de manera significativa el consumo. Entonces la pregunta es inevitable: si no cambian conductas y sí encarecen la vida, ¿a quién benefician realmente?

La economía familiar se deteriora en silencio. No hay marchas por el aumento de un refresco o por el encarecimiento gradual de la despensa, pero cada ajuste fiscal va acumulando presión en los hogares. Esa presión no desaparece: se transforma en frustración, enojo y desconfianza hacia quienes toman las decisiones.

La Ley de Ingresos publicada en diciembre no es solo un documento técnico. Es una definición política. Refleja una forma de gobernar y una manera de entender la relación entre el Estado y las familias. El análisis del IMCO es claro: el Paquete Económico 2026 se construye sobre supuestos optimistas, mayor endeudamiento y un esquema de recaudación que descansa en el consumo cotidiano, aun cuando los organismos internacionales advierten un crecimiento más moderado de la economía.

Y tarde o temprano, cuando la gente compara lo que paga con lo que recibe, cuando hace cuentas en su casa y no en el papel oficial, entiende que el discurso no llena el refrigerador. Porque ningún gobierno puede sostener un proyecto de bienestar financiándose con la mesa de las familias. Y cuando el impuesto llega al refrigerador, la factura política siempre termina cobrándose.

El autor es senador de la República y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal

@MarioVzqzR