Duro, demasiado duro. Áspero, demasiado áspero. Desagradable, demasiado desagradable. Así abrió el año 2026 para el mundo, América Latina y nuestro país. El Ejecutivo estadounidense, si acaso con un dudoso fundamento para llevar a cabo una operación militar, ordenó el sometimiento, aprehensión, sustracción y presentación ante una Corte de su país ubicada en Nueva York de Nicolás Maduro, quien fue proclamado por instancias bajo su control, como titular de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, no obstante la evidencia en torno al resultado falso y la votación mayoritaria emitida a favor de Edmundo González en los comicios de 2024.
Por supuesto que esas acciones y las inmediatas posteriores son violatorias de la Carta de las Naciones Unidas, cuyos principios abrevan en la actuación diplomática mexicana de 1945 y que retornaron a la Ley Suprema Mexicana con la reforma a la fracción X del artículo 89 de 1988 y su fortalecimiento de 2011. Muy destacadas y certeras las menciones a la condena que merece el apartamiento de la autodisciplina que debe haber de todo miembro de la comunidad de naciones ante la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos de otro Estado, la solución pacífica de las controversias y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Vale poner en perspectiva, también, la transgresión estadounidense del principio de la igualdad jurídica de los Estados; este hecho, en el conjunto, nos revela el grave riesgo del uso de la fuerza impune por el gobierno de Washington: la vigencia de la ley de la selva o la derrota de la civilidad por la barbarie en las relaciones entre Estados.
Maduro representaba el ejercicio ilegítimo de la jefatura del Estado Venezolano. Más allá de este señalamiento, cuya sustentación quedó acreditada por la publicidad de las actas de votación realizada por quienes abogaron por el respaldo a la voluntad popular en los comicios presidenciales del año antepasado, la acción militar estadounidense es condenable y constituye una alerta permanente ante la tentación de ese país -de larga tradición- por atender las normas del Derecho Internacional Público únicamente cuando coinciden con el derecho interno o con su particular interés.
La ilegitimidad del dictador Maduro, desde el punto de vista ético entre naciones -que importa por la asimetría de poder y su control con base en el principio de la igualdad jurídica de los Estados-, no confiere autorización para el uso de medidas carentes de legitimidad. Una niega el respeto a la voluntad popular y otra controvierte obligaciones válidamente asumidas para la convivencia pacífica entre las naciones.
Sin embargo, los hechos se han producido y obligan a mayores reflexiones que el rechazo y la condena. Respetable, muy respetable, la legítima esperanza de millones de personas venezolanas por la recuperación de un régimen de libertades y derechos bajo el capelo de las formas democráticas. No son -ni tenían por qué serlo- los planes de Washington. Quienes esperan ser liberados por la acción de un gobierno extranjero cuyo apartamiento de los principios básicos del derecho de los derechos humanos ha estado ampliamente establecido desde el 20 de enero del año anterior, quizá deban contemplar ahora otras acciones propias para sacudirse del yugo de la dictadura, asistida ahora por el reordenamiento de los intereses estadounidenses sobre la zona, sus recursos y su pueblo.
Lo sucedido el 3 de enero en curso en Venezuela es la ejecución de los postulados de la Estrategia de Seguridad Nacional dada a conocer por el habitante principal de la Casa Blanca apenas 30 días antes. De la bipolaridad producida por el resultado de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría (1947-1991), fuimos a la idea de una gran potencia militar liberal y varios enclaves de poder político y económico para el siguiente tramo en un entorno de globalización y construcción de entendimientos y alianzas regionales de diversa naturaleza y profundidad.
Parece que concurrimos ahora al impulso estadounidense de un orbe estructurado a partir de “liderazgos y zonas de influencia” con manchones de excepción y áreas en disputa. Estados Unidos y el continente americano; China y la construcción de la ruta de la seda con su esfera de seguridad; Rusia y la articulación de los países que conformaron la otrora Unión Soviética; la Unión Europea ante el desdeño del aliado y la ambición de los eslavos orientales; Arabia Saudita y países hermanos de la región con el crudo y el dinero que produce; Israel y su poderoso aliado americano, y el continente africano sin liderazgo autóctono y voracidades mayores por su alineamiento.
Es un mundo en redefinición por el impulso abierto de nuestro vecino del norte, basado en el ejercicio crudo del poder, incluido el recurso de la fuerza militar. Lo ocurrido en Venezuela habría de obligar a la reflexión y la construcción de políticas -interior y exterior- de amplio acuerdo nacional basado en el diálogo de la diversidad con la mente en el interés nacional; el interés que logra trascender la legítima expresión y propuesta de cada parte para articular el de todas en aras de la relevancia suprema de la casa compartida como pueblo plural que sabe y puede hacer síntesis de lo que lo une ante las amenazas y riesgos del exterior.
Con el segundo gobierno de Donald Trump parece quedar claro que ha fenecido la época iniciada en 1988 con el Espíritu de Houston y el interés despertado en los Estados Unidos por el desarrollo de nuestro país y su fortalecimiento como miembro de la zona norte del continente americano. Aún faltando la información necesaria, la forma en la cual Estados Unidos llevó a cabo la sustracción de Culiacán de Ismael “El Mayo” Zambada para su enjuiciamiento en ese país puede verse como un adelantamiento de la determinación de actuar por encima del orden jurídico y el diálogo y el acuerdo con el gobierno mexicano. Es una trayectoria que ahora se puede ver mejor con la emisión de la Estrategia de Seguridad Nacional.
Ante el tiempo que aparece, sin dramatismos pero con realismo, podemos pensar en los dos precedentes más graves de la relación histórica con los Estados Unidos: la guerra de 1846-1848, a causa de la invasión de territorio mexicano colindante con Texas, con la pérdida de buena parte del territorio nacional ante el apetito expansionista de Washington, y la colaboración del gobierno estadounidense -a través de su representante diplomático entre nosotros, Henry Lane Wilson- para el golpe de Estado en contra del presidente Francisco I. Madero y la usurpación del ejecutivo por Victoriano Huerta (1913), con la pérdida de la vía democrática y el estallido de la fase más cruenta de la Revolución Mexicana.
Son momentos diferentes, pero en ambos la sociedad mexicana se encontraba dividida y confrontada al grado de debilitar sensible e irremediablemente al Estado. En la división de las personas mexicanas las disputas generan condiciones contrarias al interés nacional.
Es mucho lo que se ha cedido a la presión estadounidense por la asimetría y, sobre todo, por la dependencia para el funcionamiento de nuestra economía, como lo ilustra la compra diaria del 70 por ciento del gas natural que consumimos y nuestra reserva de 2.4 días sin ese suministro. Cabe detenerse a pensar en los entendimientos internos ante la amenaza exterior y la debilidad de la retórica de que se coopera, aunque en realidad se cede.
Las tres fuentes de presión pública son nítidas: detener la migración, el dominio del comercio bilateral y la recuperación del control territorial y la seguridad pública ante los grupos más peligrosos de la delincuencia organizada. No debería ser imposible la convergencia de la pluralidad si hay voluntad de todas las partes por el consenso básico de convivir democráticamente.