La brecha entre la estadística oficial y la percepción real de inseguridad vuelve a hacerse evidente en Guerrero. Durante la reciente visita de Claudia Sheinbaum a la entidad, se destacó una reducción del 71 por ciento en los homicidios dolosos en Acapulco en lo que va de su administración. Sin embargo, el sector empresarial fue contundente: la principal amenaza a la estabilidad económica y a la inversión no es el homicidio, sino la extorsión.

En una reunión de aproximadamente 50 minutos con representantes empresariales, Sheinbaum Pardo escuchó una preocupación recurrente: la extorsión se ha normalizado como un mecanismo de control territorial y económico, inhibiendo la actividad productiva, la generación de empleos y la llegada de nuevas inversiones.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 2025 registra el nivel más bajo de homicidios dolosos en Guerrero en los últimos 16 años, con una reducción del 24 por ciento respecto a 2024. Asimismo, los delitos de alto impacto disminuyeron 18 por ciento, alcanzando su nivel más bajo en ocho años. En el desglose, la extorsión aparece con una reducción oficial del 20 por ciento.

No obstante, la estadística tiene límites claros para reflejar la realidad operativa del delito. Durante 2025, la extorsión se consolidó como el delito de mayor impacto social y económico en Guerrero. Aunque solo se denunciaron oficialmente 47 casos entre enero y mayo, organizaciones civiles y empresariales advierten una cifra negra cercana al 97 por ciento, producto del miedo a represalias y de la desconfianza institucional.

Más que un delito aislado, la extorsión funciona como un sistema de financiamiento del crimen organizado y como un instrumento de dominación social. Su impacto se concentra en sectores estratégicos como en el caso del transporte público que resulta el sector más crítico, especialmente en Acapulco y Chilpancingo. En el puerto, apenas el 30 por ciento de las rutas opera con regularidad. Choferes y permisionarios son obligados a pagar “cuotas” bajo amenazas de quema de unidades, secuestro o asesinato, lo que afecta directamente la movilidad, el turismo y la productividad urbana.

El comercio y sector privado es otro afectado: El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) denunció que el sector está “asfixiado”. Desde microempresas informales (vendedores ambulantes, pollerías, fondas) hasta empresas consolidadas de transporte, construcción, turismo, minería, ganadería y restaurantes enfrentan pagos sistemáticos que reducen márgenes, encarecen precios y desalientan la inversión.

Igual pasa con el sector agrícola: Jornaleros en tránsito hacia el norte del país son extorsionados en regiones como la Montaña, afectando cadenas productivas y profundizando la vulnerabilidad social.

Los hogares no están exentos de este delito. Según la ENVIPE 2025 del Inegi, la inseguridad y la extorsión generaron un costo estimado de 3.9 mil millones de pesos para los hogares guerrerenses, con un impacto promedio de 4 mil 399 pesos por persona afectada, lo que evidencia que el delito permea más allá del ámbito empresarial.

Julián Urióstegui Carbajal, presidente del CCE en Guerrero, advirtió que el delito está “arraigado” en municipios clave para la economía estatal como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo y Taxco, lo que eleva el riesgo país a escala local y afecta decisiones de inversión de mediano y largo plazo.

Ante el avance del delito, Guerrero consolidó una Fiscalía especializada en extorsión que logró recuperar 32 millones de pesos entre abril y febrero de 2025, además de 740 mil pesos en una sola semana de junio. El Congreso local propuso elevar las penas de 15 a 30 años de prisión, con agravantes cuando las víctimas sean comunidades indígenas o afrodescendientes, mientras que el gobierno federal impulsa una Ley General contra la Extorsión.

Sin embargo, el enfoque sigue siendo predominantemente legal y punitivo, mientras que las víctimas continúan expuestas a represalias. La detención de 36 personas vinculadas a este delito durante el año —aunque representa un aumento del 71 por ciento respecto al periodo anterior— resulta marginal frente a la magnitud del fenómeno.

Más grave aún es la evolución del crimen organizado hacia prácticas de violencia extrema y coerción social, incluyendo el reclutamiento y secuestro de niños y adolescentes como moneda de cambio para cobrar extorsiones o forzar a padres a integrarse a grupos criminales. En municipios rurales se han documentado casos de menores obligados a fungir como sicarios ante la imposibilidad de sus familias de pagar el “derecho de piso”.

Si bien las autoridades reportan mil 788 detenciones por delitos de alto impacto y la captura de 34 líderes criminales de grupos como Los Rusos, Cártel de Caborca, Los Rodríguez y el Cártel Independiente de Acapulco, el desafío central persiste: frenar la impunidad cotidiana de la extorsión, proteger efectivamente a víctimas y empresarios, y reconstruir la confianza en la denuncia.

Mientras la extorsión siga siendo un mecanismo de control económico y social, cualquier mejora en los indicadores de homicidio será insuficiente para detonar inversión, crecimiento y estabilidad en Guerrero. La seguridad no solo se mide en vidas salvadas, sino en la capacidad del Estado para garantizar que producir, invertir y trabajar no sea una actividad de alto riesgo.