Confrontada por la realidad, la encargada de la presidencia de la República tiene cada vez un más estrecho margen de maniobra.
En lo interno, la fragilidad de su liderazgo se ha mostrado por la rectificación del ofrecimiento público de investigar y actuar en contra de la corrupción gubernamental al haber optado por la unidad del movimiento al que pertenece ante la conclusión de que actuar comprometería su capacidad para desempeñar el rol que se le asignó en la sucesión presidencial de 2023-2024.
Con la economía estancada y la prospectiva de un crecimiento insignificante en el período del mandato conferido y el enorme rezago heredado hacia la recuperación de la seguridad pública, la proclamada legitimidad del resultado de los comicios de 2024 -pues la ausencia de equidad en la competencia y la captura de las autoridades electorales por el oficialismo morenista fueron parte del proceso- se erosiona la luz del desempeño deficiente y el deterioro de la expectativa de resultados.
En lo internacional, a golpe de arbitrariedades del presidente Donald Trump, los entendimientos y arreglos para ordenar la convivencia entre naciones después del triunfo de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial y el reordenamiento derivado del fin de la Guerra Fría tocan a su fin con proyecciones muy negativas porque la idea rectora es el uso de la fuerza -en todas sus vertientes- o, al menos, la amenaza de recurrir a ella.
Hay demasiada evidencia para soslayar la conclusión de que México no es el vecino con el cual se establece una sociedad con reconocimiento de valores compartidos e intereses comunes de dos soberanías, sino un espacio en la zona de seguridad estratégica de los Estados Unidos en esa redefinición del orden mundial.
En todo sentido, la segunda presidencia de Trump ha significado un factor disruptivo para el mundo y el componente externo más influyente en la gestión gubernamental mexicana. El retorno de la concepción populista a la Casa Blanca, tras haber sobrevivido a la pretensión muy documentada de alterar la decisión de las votaciones de noviembre de 2020 en el Colegio Electoral del 6 de enero de 2021, lamentablemente ha sido muy consistente en sus comportamientos y decisiones autoritarias.
En las cuestiones domésticas ha sido patente su desprecio a las leyes, instituciones y procedimientos que constitucionalmente limitan el poder presidencial o que dan sustento a contrapesos no orgánicos, como las universidades y los medios de comunicación. Gobernar con órdenes ejecutivas cuya constitucionalidad habrá de determinar la Corte Suprema, empezando por la imposición de aranceles sin el concurso del Congreso; con la activación de la Guardia Nacional para intervenir en ciudades gobernadas por quienes militan en el Partido Demócrata, y con el uso intensivo de agencias federales para detener personas por sus características étnicas a fin de cumplir metas auto-formuladas de deportación de inmigrantes, ha deteriorado significativamente el Estado de Derecho en nuestro vecino del norte.
En el plan internacional destacan el desprecio y desafío por las normas convencionales y las instituciones multilaterales; la imposición de aranceles como medida de presión para obtener concesiones, aún con Estados donde la relación comercial se ha desarrollado con base en la suscripción de acuerdos; la amenaza de llevar a cabo acciones unilaterales en vulneración de la soberanía de otros Estados, y el uso de la fuerza para imponer su punto de vista y someter. El gran garrote y la amenaza de utilizarlo -o no- como método para que se pondere la carta de presentación de la propaganda: el hacedor de tratos y aun de la paz.
Cuando una persona titular de poder público declara que su único límite es su propia voluntad y que ésta sólo depende de su sentido individual de lo moral, la premisa del respeto a los derechos de las personas y de las naciones constituye una noción ausente; la arbitrariedad y la imposición reinan. En ello se identifican y hacen síntesis coherente la política interior y la política exterior del 47º presidente estadounidense. No hay contradicción.
La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo presenta el frente de la paradoja entre las conductas que promueve en lo interno y las actitudes que sustenta y reclama en lo externo.
La pluralidad política ha sido excluida del diálogo y el reconocimiento a su representatividad por la captura de las instituciones electorales y la práctica de la corrupción para lograr la mayoría calificada en las cámaras federales, a fin de llevar a cabo reformas constitucionales en contra de valores y principios democráticos y el Estado de Derecho, como la disolución de la separación de poderes y la autorización de las actividades de las Fuerzas Armadas en asuntos y tareas que no son las propias de la disciplina militar. Con el postulado de que el pueblo manda -lo cual es cierto y fundado-, soslaya que lo hace a través de sus representantes, para impulsar un democratismo populista basado en la idea de un mandato de la mayoría para decidir con la única condición de cubrir las formas de procedimientos a los cuales se les ha sustraído la esencia del valor que tutelan.
En la puerta de la reforma electoral anunciada y bajo el discurso de que todavía no hay propuestas, tan solo mirar la trayectoria de los temas que trascienden, como el gasto público destinado a los comicios; la transformación de los votos en curules y escaños; la protección transitoria de determinados servidores públicos ante la eventual acción arbitraria de la procuración de justicia, a fin de que la inmunidad se levante con base en un procedimiento público en la Cámara de Diputados, y la promoción de procesos de democracia participativa en contextos de amplia desinformación, permite colegir que se busca imponer lo que tiende a la permanencia del oficialismo en el poder. Es revelador que el único diálogo -forzado por las circunstancias- hasta ahora es con los aliados del PVEM y PT.
La ausencia de vocación y práctica democrática y de diálogo con la diversidad en lo interno, contrasta con la invocación de los principios constitucionales de la política exterior mexicana y las normas del Derecho Internacional en las relaciones con el gobierno estadounidense y quien lo preside. En lo interno la intolerancia y la fuerza de las facultades de los cargos y de la sobrerrepresentación excesiva en las cámaras, y en lo externo el llamado a que se respete la Carta de las Naciones Unidas y el principio de la igualdad soberana de los Estados sin imponer conductas por el poder de la fuerza.
Hasta ahora, los Estados Unidos han presionado y obtenido la atención de todas sus pretensiones; por cierto, incrementales. La frase “nos coordinamos, pero no nos subordinamos”, que enmarca la concesión renovada de lo que se pide al Estado Mexicano ha sido el vehículo de la cesión de la voluntad propia, cuyo desgaste es mayor porque la insistencia más reiterada es con relación a los carteles de las drogas, cuyo efecto político real ha sido la pérdida de soberanía interior en distintas zonas del territorio y de algunas funciones públicas.
Hay dos paradojas en el desempeño de la titular del Ejecutivo: la práctica de la intolerancia y la imposición en casa, frente al discurso del diálogo y el acuerdo pacífico en lo internacional; y el discurso de la definición nacional soberana, frente a la explicación reiterada de hacer lo que se le demanda porque se colabora. Ambas minan la legitimidad del régimen y debilitan al Estado Mexicano.