El mundo tiembla. Los acontecimientos en Venezuela que derivaron en la defenestración de Nicolás Maduro; el deseo del gobierno de Estados Unidos de hacerse con Groenlandia y los desencuentros que ello genera al interior de la OTAN; la invitación de la Casa Blanca a distintos países a sumarse a la denominada Junta de Paz, que desafía a la ya de por sí mermada Organización de Naciones Unidas (ONU) y el incremento de las presiones sobre Cuba, son síntomas de las dificultades que encara el orden (desorden) internacional para generar dinámicas creíbles de distensión y encauzar al mundo por la senda de los buenos entendimientos, la concertación y la paz. Tras las guerras de Corea y Vietnam, de los ataques terroristas del 9/11 en territorio estadounidense y de los conflictos en Ucrania y Gaza, lo que ahora acontece es la más seria amenaza a la estructura establecida al final de la Segunda Guerra Mundial. La coyuntura es particularmente compleja porque vulnera la confianza básica en los liderazgos sobre su habilidad para garantizar la gobernanza global; perfila la erosión de acuerdos de cooperación y alianzas de seguridad y nutre una galopante tendencia a pasar por alto al Derecho Internacional. Lo que está en juego es delicado ya que socava las bases de un sistema mundial basado en reglas, que de 1945 a la fecha ha operado -no sin dificultades- instituciones multilaterales concebidas para conciliar los intereses de los países poderosos y los anhelos de progreso con justicia social del denominado Sur Global. Esta inédita circunstancia tiene aristas sensibles que comprometen el formato mismo de una convivencia pactada alrededor del Estado. Y no es cosa menor, porque esa es precisamente la ruta que se ha seguido para ordenar la vida política de los pueblos y establecer gobiernos nacionales. Paradójicamente, el modelo del Estado contractual y su  atributo de soberanía, que idealmente atiende el interés de personas y ciudadanos y apalanca la emancipación de los pueblos con base en la cooperación para el desarrollo, afronta crecientes dificultades para cumplir con su cometido cuando arriban al poder dirigentes mesiánicos y populistas que ejercen su autoridad de forma unilateral, vertical y disruptiva.

En una dinámica de acción-reacción, donde los acontecimientos internacionales de hoy impactan en el teatro interno, y viceversa, se debilita el Estado contractual y este se acerca a su predecesor westfaliano, en detrimento de la vocación social del primero y a favor de la reafirmación del autoritarismo del segundo. En tal tesitura, el menosprecio de este último al orden jurídico doméstico se proyecta al exterior, con la consecuente merma en la observancia del Derecho Internacional. Esta tendencia profundiza los desencuentros entre quienes sostienen que la meta de la ONU es contribuir a la edificación de sociedades libres y viables y aquellos que, en sentido inverso, creen que esa misma Organización es una rémora del pasado, que no representa al mundo actual e impulsa agendas que están en franca oposición a los intereses de los poderosos y su particular visión de la posguerra fría. Así las cosas, las luces de alerta se han encendido ante el grave riesgo que corre el capital político acumulado a favor de las causas sociales. Por si fuera poco, el fantasma autoritario y la intolerancia tienden a afianzarse en diversas regiones, en un proceso perverso que da por sentada la gratuidad de la paz, no obstante los cada vez más frecuentes estertores de descontrol e incertidumbre que preceden al conflicto. Ante tan singular panorama, hay que madurar ideas y proponer soluciones viables y caminos alternativos de distensión, que ofrezcan salidas y contrarresten estos oscuros procesos. Como nunca y por los graves riesgos que entraña, es imperativo evitar la reedición de la Guerra Fría, cuando la paz se fundó en una constante preparación para la guerra, según la afamada frase del escritor romano Vegecio (si vis pacem, para bellum).

El autor es doctor en Ciencias Políticas e Internacionalista.