La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su enjuiciamiento ante cortes de ese país ocurre en un entorno de elevada tensión geopolítica y reconfiguración del orden energético global. Más que un hecho aislado, se trata de un evento con potencial para actuar como catalizador de la volatilidad financiera con impactos en las economías emergentes, entre ellas la mexicana. Si bien aún es prematuro cuantificar impactos definitivos, sí es posible identificar canales claros de transmisión económica y escenarios posibles.

Conviene subrayar que la detención de Maduro no implicó, al menos en lo inmediato, un colapso del aparato estatal venezolano ni un cambio abrupto de régimen. Las estructuras institucionales, militares y administrativas permanecen, lo que ha contenido reacciones extremas en los mercados. Sin embargo, más allá del discurso político, será determinante observar la profundidad y consistencia de las decisiones que se adopten, particularmente en materia de política energética y la relación directa con Estados Unidos.

En el plazo inmediato, los efectos han sido predominantemente políticos con destacados simbolismos: manifestaciones, pronunciamientos diplomáticos y amagos retóricos que, hasta ahora, no han escalado hacia episodios de pánico financiero. Los mercados han mostrado cautela más que nerviosismo, a la espera de definiciones sobre una eventual transición en Venezuela y sobre el rumbo que tomará su industria petrolera, verdadero eje de los riesgos y oportunidades.

Contrario a lo que podría suponerse, el impacto inicial sobre los precios internacionales del petróleo ha sido limitado. En los días posteriores, el WTI, el Brent y la mezcla mexicana registraron variaciones acotadas, del orden de 1 a 2%, con una ligera corrección a la baja seguida de estabilidad en un rango de 50 a 60 dólares por barril. Ello responde a que el mercado ya había “descontado” la caída estructural de la producción venezolana y no anticipó disrupciones adicionales relevantes en la oferta global.

Este escenario cambia de manera destacada si la intervención estadounidense deriva en el levantamiento de sanciones y en el regreso de petroleras norteamericanas a la operación directa en la extracción de crudo venezolano. Una eventual recuperación de la producción incrementaría la oferta global y presionaría los precios del hidrocarburo a la baja de forma más sostenida. No es casual que, en las primeras horas las acciones del sector energético hayan mostrado avances en los mercados bursátiles (incluyendo el mexicano), anticipando una recomposición de la industria petrolera regional.

Para México, un entorno de reducción de precios del crudo implica especialmente riesgos de carácter fiscal. Si bien la dependencia petrolera ha disminuido, las exportaciones de crudo aún representan alrededor del 14-15% de los ingresos presupuestarios. Las coberturas petroleras amortiguan choques abruptos, pero una reducción persistente de precios limitaría los excedentes y estrecharía el margen presupuestal, con efectos potenciales sobre el gasto social.

Ahora bien, una baja del precio internacional de la gasolina abarataría aún más las importaciones —México adquiere entre 60 y 70% de su gasolina refinada, principalmente de Estados Unidos— frente a la producción nacional. El consumidor se beneficiaría, pero las finanzas públicas enfrentarían una nueva presión por menores ingresos, cuestionando la rentabilidad y éxito del actual esquema de refinación, presumido con amplitud.

En el plano financiero regional, la evolución del episodio intervencionista podría reactivar percepciones de riesgo en América Latina. Las declaraciones veleidosas y erráticas de Trump conjugadas con una transición política poco satisfactoria podrían elevar la aversión y movilizar flujos hacia activos refugio como el dólar y el oro, generando salidas de capital de mercados emergentes. En ese contexto, México no sería inmune y enfrentaría episodios de volatilidad.

Si la crisis se encauza con rapidez, el impacto sobre el peso podría ser marginal y transitorio. Pero una prolongación del conflicto, sumada a una mayor polarización regional y a la participación indirecta de actores como China y Rusia, elevaría los riesgos de volatilidad cambiaria y deterioro en la confianza de los consumidores e inversionistas.

Los efectos para la economía mexicana serán mixtos y asimétricos. Los principales riesgos se concentran en la volatilidad financiera, los flujos de capital y los ingresos petroleros, más que en el sector real. En este contexto, la neutralidad estratégica de México aparece como su mejor activo. Con una agenda bilateral ya conflictuada en temas de comercio, migración y seguridad fronteriza, involucrarse en disputas geopolíticas adicionales podría resultar un costo innecesario.

El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®.