El conflicto entre los ejidatarios de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, y la minera canadiense Equinox Gold —operadora de la mina Los Filos— constituye un caso emblemático de disputa socioambiental derivada de un modelo extractivo que ha privilegiado la rentabilidad privada sobre los costos ambientales, sociales y de salud pública, los cuales han sido transferidos de manera sistemática a la comunidad.
El pasado 19 de enero, los ejidatarios rompieron formalmente el diálogo con la empresa, al acusarla de una postura inflexible, carente de empatía y orientada a desgastar a la comunidad, más que a construir un proceso de negociación justo. En una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, los ejidatarios denunciaron que, desde hace más de diez meses, Equinox Gold ha desplegado una estrategia deliberada para doblegar a la asamblea ejidal, negándose a reconocer integralmente los daños ocasionados por su operación y obstaculizando cualquier salida que implique asumir responsabilidades legales, ambientales y sociales.
Desde una perspectiva económica, el núcleo del conflicto radica en la externalización de costos: durante más de dos décadas de explotación minera —primero bajo Goldcorp y, desde 2020, bajo Equinox Gold— la actividad ha generado ganancias privadas significativas, mientras que los pasivos ambientales y sanitarios han quedado sin remediación.
Los ejidatarios documentan contaminación del agua, del suelo y del aire por explosiones, polvo y residuos tóxicos, incluidos metales pesados como plomo y el uso de cianuro, lo que ha inutilizado tierras agrícolas (principalmente de maíz y frijol) y contaminado el manantial que abastece el riego.
A estos daños ambientales se suman impactos directos en la salud comunitaria: enfermedades respiratorias, padecimientos de la piel y los ojos, así como partos prematuros, sin que la empresa haya aceptado una relación causal ni implementado programas de atención o compensación.
La negativa de Equinox Gold a reconocer estos daños ha sido una constante, lo que bloquea cualquier proceso de reparación integral y profundiza la conflictividad social.
La negociación más reciente se centró en la remediación ambiental derivada de la clausura impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) desde octubre, que afecta cinco áreas de la mina. La autoridad estableció 52 medidas correctivas obligatorias; sin embargo, la empresa sólo ha cumplido cinco, lo que evidencia una resistencia estructural a internalizar los costos de su propia operación. En este contexto, los ejidatarios exigen la aplicación estricta de la ley y que el Estado evite que la empresa continúe, en sus palabras, “burlándose de la comunidad”.
El deterioro económico de Carrizalillo es otro elemento central. Tras el vencimiento del convenio de arrendamiento el 31 de marzo de 2025 y la suspensión indefinida de operaciones anunciada el 1 de abril, la empresa dejó de pagar la renta de las tierras durante al menos diez meses y no realizó acciones para rehabilitar los terrenos, privando a los ejidatarios de ingresos y de sus parcelas productivas.
Frente a esta situación, Equinox Gold ofreció una compensación de apenas 49 pesos diarios durante el periodo estimado de remediación (tres a cuatro meses), monto claramente insuficiente para cubrir la pérdida de ingresos agrícolas y el daño acumulado, lo que refuerza la percepción de un trato inequitativo y de desprecio por los derechos agrarios.
La empresa, además, intentó imponer convenios sociales con pagos reducidos y condiciones unilaterales, generando mayor confrontación. Los ejidatarios señalan directamente a Hugo Vergara, gerente de Responsabilidad Social, como responsable de estas prácticas de presión y división comunitaria. La Procuraduría Agraria, por su parte, ha exhortado a Equinox Gold a respetar los derechos ejidales, sin que ello se traduzca hasta ahora en un cambio sustantivo en la conducta empresarial.
En diciembre de 2025, tras ocho meses de plantones y bloqueos, la asamblea ejidal determinó el cierre total de la mina Los Filos, subrayando que cualquier salida de la empresa debe incluir la rehabilitación de casi 800 hectáreas explotadas a cielo abierto, la remediación ambiental integral y una compensación justa por los daños causados. Para la comunidad, no se trata sólo de un conflicto contractual, sino de una lucha por justicia ambiental, salud pública y respeto a los derechos territoriales, frente a una empresa que ha priorizado la minimización de costos sobre su responsabilidad social y ambiental.
Alrededor del 77 por ciento del ejido está ocupado por la trasnacional: 772 hectáreas han sido desmontadas, dinamitadas y contaminadas. En Los Filos, laboran mil 500 trabajadores.
Desde el 2007, los 173 ejidatarios de Carrizalillo, le han rentado mil 500 hectáreas a las distintas empresas mineras.
Fue la Corp Gold la que inició primero las operaciones de extracción de oro.
Después esta empresa fue adquirida por la Leagold Minnig Corporation que a su vez recientemente fue adquirida por la Equinox Gold.
Los ejidatarios de Carrizalillo denunciaron que no han realizado obras de mitigación por los daños a la salud y al medio ambiente. Los metales pesados que han contaminado los manantiales de esa zona, ha derivado en que muchas personas padezcan cáncer y niños que nazcan con deformaciones.
En suma, el caso Carrizalillo evidencia las fallas estructurales en la regulación del sector minero y la urgencia de que el Estado haga valer el principio de “quien contamina paga”, obligando a Equinox Gold a reconocer y reparar los daños que ha negado durante años, como condición mínima para cualquier resolución del conflicto o cierre definitivo de operaciones.