Ante la velocidad que ha tomado la reconformación del orden mundial a partir del segundo mandato de Donald Trump, parecería necesario que el gobierno de nuestro país realizara una revisión autocrítica de la situación y las mejores formas viables de sostener, preservar e impulsar los intereses nacionales. Las realidades de la vecindad, la asimetría, la discrepancia en el mundo de las ideas de sus respectivos gobiernos y, ahora, del impulso de Washington a imponer sus términos, condiciones y voluntad, recomiendan reconocer que el momento es distinto a los existentes el 1 de octubre de 2024 e, incluso, el 20 de enero de 2025.
Sin que dejaran de llevarse a cabo algunas acciones -simbólicas, reactivas, menores o de emergencia-, el período presidencial 2018-2024 le heredó a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo la consigna de que “la mejor política exterior es tener una buena política interior”. Afirmación para la retórica que encierra limitaciones y una falacia: aunque la política doméstica marche bien, es indispensable establecer y desplegar una política hacia la comunidad de naciones. Además, es más que opinable asumir que la polarización excluyente por la confrontación y descalificación de la diversidad política fuere una adecuada política interior en un Estado con aspiraciones democráticas.
A partir del surgimiento, avance y consolidación del Estado-Nación como la forma política moderna y su impacto en el diseño y la evolución de la comunidad internacional, todo Estado necesita forzosamente establecer y desplegar una política exterior. Renunciar a ello equivale a soslayar o, peor aún, ignorar el entorno. Sabido es que la característica esencial del Estado-Nación es la soberanía para determinar el orden de cosas en lo interno y concurrir en lo externo con otros Estados en términos de igualdad. De ahí se desprende que el ejercicio de la soberanía constituye el valor fundamental para actuar en los planos interno y externo.
Ambos están vinculados -en el Estado moderno- al establecimiento y cumplimiento del orden jurídico; el adoptado por los órganos legitimados para ello por la norma interna vinculante y el convenido entre soberanías estatales actuando bilateral o multilateralmente. Uno y otro son la arena estática de la política interior y de la política exterior. No abundo ahora la dinámica sobre la primera (es clara en nuestro país en 2025 y con la anunciada reforma electoral), pero con relación a la segunda hay demasiada evidencia de los afanes y las acciones de Washington por dejar de lado el derecho convencional entre los Estados, a fin de llevar a cabo toda actuación que considere necesaria para promover y asegurar sus intereses, incluyéndose el uso de la fuerza y, desde luego, el efecto demostración como amenaza velada para quienes carezcan de medios adecuados para evitarla o para defenderse.
Ese proceder es, sin duda, relevante para el Estado Mexicano, cuyos principios para normar la política exterior se asumieron como vehículos idóneos en la defensa de los intereses nacionales. Es decir, principios para impulsar los intereses, donde el respeto y vigencia efectiva de los primeros constituye la síntesis abstracta de los segundos, pero que se desenvuelven en cuestiones concretas, como son, por ejemplo, la integridad territorial y la autorización previa de ingresos de representantes de fuerzas extranjeras al territorio nacional; las determinaciones para la organización y actuación del Estado en lo interno y en la comunidad de naciones, y las decisiones sobre los recursos naturales del Estado y los procesos económicos para su aprovechamiento y preservación.
Por supuesto que esas exigencias de respeto se dan en un entorno de responsabilidad con la comunidad internacional, principalmente en materia de derechos humanos, renuncia a las agresiones bélicas y compromisos en contra del cambio climático.
Con base en los principios para la actuación internacional y para promover los intereses nacionales, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND 2025-2030) planteó una actuación capaz de garantizar la defensa de la soberanía e intereses nacionales, el compromiso con la paz y el derecho internacional, la protección de los derechos humanos, la promoción de la igualdad sustantiva y el impulso de un orden global justo y equitativo, planteándose seis líneas estratégicas: revalorizar la migración y proteger a los mexicanos en el exterior; fortalecer las relaciones diplomáticas globales; tener una presencia activa en foros multilaterales y mecanismos internacionales; ampliar la cooperación para el desarrollo sustentable; fortalecer la coordinación intersectorial de la política exterior, e impulsar liderazgo diplomático en cumplimiento de la Agenda 2030.
Si bien con esos objetivos y líneas estratégicas se concibió nuestra política exterior y su despliegue para la presente administración, vale reconocer que en el último año las condiciones para su ejecución han cambiado por el impacto de las políticas y decisiones estadounidenses en el sistema internacional. Aunque el planteamiento fue modesto, no confrontacional y anclado en la gestión de la interdependencia con criterios soberanos, hoy los riesgos para sus objetivos emanan de la presión estadounidense en los temas de seguridad y de comercio, que pueden potenciarse por la campaña electoral de este año para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Además de este riesgo externo, otros vinculados a la ineficacia gubernamental, la polarización sobre la política exterior o una crisis política o económica global podrían tener un impacto negativo en los objetivos de la política internacional mexicana.
Ante lo que muchas veces parece la transformación del método para tratar al presidente Trump (tener la cabeza fría y no hablar de más) en la reducción forzada de la política exterior, sin afectar los principios e intereses expuestos en el PND 2025-2030, cabría revisar las acciones que la instrumentan en la relación con los Estados Unidos: concretar la demostración de lo que se hace en seguridad pública con sustento plural y proyección en una métrica para ser leída y valorada en el país vecino; asumir que la renovación del T-MEC se logrará articulando los intereses de regiones, empresas y personas estadounidenses en contra de las presiones de Donald Trump, y replantear al gobierno del vecino los incentivos de una negociación mutuamente conveniente y equilibrada, donde las acciones en seguridad sean reconocidas en el comercio y las actuaciones en migración lo sean en la inversión.
Nuestra condición de Nación plural y diversa, que tiene raíces hasta el tiempo mesoamericano, puede encontrar en la política exterior un componente de unidad, cuando la polarización ha hecho que se pierda. Antes de recriminar el equívoco de las oposiciones por no comprender el foco del riesgo, los ajustes necesarios a las líneas estratégicas de la política exterior les presentarían el reto de contemplar con perspectiva en donde está el interés nacional. En esa hipótesis, el acuerdo para modificar las normas electorales debería ser parte de la convivencia democrática en la pluralidad.