En México, las grandes obras públicas se fiscalizan cuando ya es demasiado tarde. Cuando el dinero ya se gastó, cuando los sobrecostos ya se acumularon y, en los casos más graves, cuando ya ocurrió una tragedia. Esa forma de gobernar no es un error técnico: es una decisión política del gobierno morenista con consecuencias humanas.
Frente a esa realidad, presentamos en el Senado dos iniciativas —una constitucional y otra legal— para establecer la fiscalización en tiempo real y la transparencia total en las obras públicas del país. No se trata de un debate técnico ni de un trámite legislativo más: se trata de una respuesta directa a un patrón de opacidad y descuido que ya ha mostrado costos humanos y económicos insostenibles e insoslayables.
Desde 2018, el gobierno federal de Morena decidió concentrar una parte sustancial del presupuesto público en grandes proyectos de infraestructura. Esa decisión la acompañó de otra, menos visible pero igual de relevante: reducir los controles, limitar la fiscalización y normalizar la opacidad. Los resultados están documentados y no son una opinión política.
Informes de la propia Auditoría Superior de la Federación muestran que proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles presentan deficiencias reiteradas en planeación, contratación y ejecución, sobrecostos sin explicación, contratos modificados una y otra vez, pagos en exceso y una fragmentación deliberada de la información. En conjunto, hablamos de más de 670 mil millones de pesos ejercidos sin una fiscalización oportuna, completa y en tiempo real.
No lo dice la oposición.
No es una interpretación partidista.
Lo acredita el órgano constitucional encargado de vigilar el uso del dinero público; la propia Auditoría Superior de la Federación.
El problema de fondo no es sólo cuánto se gasta, sino cuándo y cómo se revisa. Hoy, la Auditoría Superior de la Federación enfrenta limitaciones legales que le impiden realizar auditorías de manera obligatoria a las obras mientras están en ejecución. No puede acceder a información clasificada como “reservada”, aún cuando se trate de contratos, costos o pagos financiados con recursos públicos. Y no puede intervenir de inmediato ante indicios claros de corrupción, sobrecostos o fallas estructurales, salvo que exista una autorización discrecional de quien está a cargo de la obra.
Eso no es una falla del sistema.
Es el sistema funcionando como fue diseñado.
Cuando se reserva información invocando la “seguridad nacional”, alguien firmó esa reserva. Cuando se impide una auditoría en tiempo real, alguien decidió que era mejor no revisar. Cuando la fiscalización llega años después, no es por casualidad: es porque así se quiso. La opacidad no es un descuido administrativo; es una decisión política con responsables concretos.
De tal forma que las consecuencias ya no son abstractas. Ahí está el reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó personas fallecidas y decenas de lesionados. Y, como ha ocurrido otras veces, la reacción inicial fue minimizar el hecho, se redujo a un problema operativo y se evitó una revisión integral de la obra. Esa respuesta también es una decisión política.
Cuando una obra pública financiada con recursos del pueblo falla, la responsabilidad no termina en el accidente. Empieza ahí. Y recae directamente en quienes decidieron construir sin controles, gastar sin vigilancia y ocultar información en lugar de transparentarla.
Por eso impulsamos dos iniciativas claras y complementarias, una reforma constitucional y legal en materia de Fiscalización en Tiempo Real y Transparencia Total en Obras Públicas, porque el problema es estructural y exige respuestas de fondo.
La primera es una reforma constitucional que busca establecer un principio que hoy el poder intenta relativizar: en ningún caso puede reservarse información relacionada con el ejercicio de recursos públicos, ni siquiera bajo el argumento de la seguridad nacional. El dinero del pueblo no admite excepciones ni zonas oscuras.
La segunda es una reforma legal para que ese principio tenga consecuencias reales. Proponemos que la Auditoría Superior de la Federación quede obligada a fiscalizar las obras públicas en tiempo real, durante su ejecución, sin permisos discrecionales ni bloqueos políticos. Que intervenga de inmediato cuando existan indicios de corrupción, sobrecostos injustificados o accidentes, incluso en el ejercicio fiscal en curso o en ejercicios anteriores. Y que una quinta parte de la Cámara de Diputados pueda solicitar directamente estas revisiones, a fin de fortalecer el control democrático del gasto público.
No es una reforma contra la obra pública.
Es una reforma contra la impunidad y el uso transparente y eficaz del recuso de los contribuyentes de este país.
Porque la buena obra pública no le teme a la fiscalización. Le teme quien sabe que no podría explicarla.
La fiscalización oportuna no frena el desarrollo; lo protege.
No detiene proyectos; evita tragedias.
No debilita al Estado; lo hace responsable.
México no necesita más obras blindadas políticamente. Nuestro país necesita y demanda gobiernos que decidan bien, y que cuando no lo hagan, asuman las consecuencias de sus decisiones. Necesita que la Constitución vuelva a ser un límite efectivo del poder, no un documento que se “brincan” cuando estorba y se invoca cuando conviene.
Mientras la información se reserve, mientras la fiscalización se postergue y mientras las auditorías “lleguen” cuando el daño ya está hecho, los sobrecostos seguirán acumulándose, los errores seguirán ocultándose y los accidentes seguirán repitiéndose. Y, por supuesto, lo más importante: las familias en este país se seguirán viendo afectadas enfrentando tragedias como la de perder a un ser querido.
No es una hipótesis.
Es el patrón que ya conocemos.
La opacidad no es neutral.
La falta de fiscalización no es accidental.
Y cada vez que el Estado decide voltear la mirada, alguien termina pagando el precio.
Si no corregimos ahora el diseño legal que permite construir sin controles y gastar sin vigilancia, la pregunta no será si volverá a ocurrir una tragedia, sino cuándo, cuántas veces más y en qué obra, porque esto se ha convertido en una constante.
La corrupción no se combate con discursos morales.
La transparencia no se promete.
La impunidad no se lamenta.
Se previene. Se actúa.
El autor es senador de la República y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal
@MarioVzqzR