¿Quién iba a decir que la llamada “nueva” Suprema Corte de Justicia de la Nación terminaría convertida en un espectáculo bochornoso, más cercano al circo que a la dignidad institucional que exige ser el máximo tribunal del país? Lo ocurrido con la compra (y posterior devolución forzada) de camionetas de lujo para ministras y ministros no es un asunto menor ni anecdótico. Es, por el contrario, un síntoma grave de algo mucho más profundo: la incongruencia estructural de la llamada austeridad republicana y la ausencia de una verdadera ética pública en el ejercicio del poder.

El escándalo estalló cuando se reveló que la Corte había autorizado la adquisición de camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas, con un costo unitario superior a los dos millones de pesos, como parte de una inversión global de 252 millones de pesos destinada a renovar su parque vehicular. La justificación inicial fue tan frívola como insultante: las unidades anteriores “ya estaban viejitas”, presentaban fallas mecánicas y, en algunos casos, dejaban varados a los ministros por problemas en el motor o el sistema de escape. Al parecer, ese argumento bastaba para legitimar el salto directo al lujo extremo, sin el menor rubor y sin una mínima reflexión sobre el contexto social del país.

La reacción ciudadana fue inmediata. Indignación, hartazgo y una pregunta elemental que resonó con fuerza: ¿esto es la austeridad republicana que tanto pregona la Cuarta Transformación?

Ante la presión pública, la Corte emitió un comunicado en el que anunció que ministras y ministros habían decidido no utilizar las camionetas y solicitar su devolución al Órgano de Administración Judicial, o bien ponerlas a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos. El mensaje cerraba reiterando el “compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo” y anunciaba una conferencia de prensa para “precisar la información”.

Pero nada de esto fue producto de una reflexión ética previa. Fue, más bien, un ejercicio tardío de control de daños. Y aun así, el episodio va mucho más allá de la mera anécdota vehicular. El asunto de las camionetas revela no solo una falta absoluta de congruencia, sino también una preocupante carencia de oficio político e institucional. ¿Cómo es posible que esta nueva SCJN (cuya retórica fundacional descansa precisamente en la austeridad) haya autorizado la compra de vehículos de lujo, blindados y ostentosamente caros? ¿Cuántas personas intervinieron en el proceso? ¿Cuántas revisaron la propuesta, analizaron los costos, identificaron el exceso y, aun así, decidieron aprobarlo?

Más grave aún: no solo se autorizó la compra, sino que las unidades fueron emplacadas en Morelos, presuntamente para evadir el pago de la tenencia. Ese dato, por sí solo, debería haber encendido todas las alarmas. Hay que decirlo con absoluta claridad: si nadie hubiera alzado la voz, las camionetas hoy estarían circulando sin pudor alguno. La devolución no fue una decisión moral; fue una respuesta obligada frente al escándalo público.

La conferencia de prensa organizada posteriormente por las y los ministros, lejos de aclarar los hechos, terminó por agravar la percepción pública. Lo que ahí quedó en evidencia fueron fracturas internas, versiones contradictorias y un uso irresponsable del espacio público por parte de algunos integrantes del Pleno, quienes recurrieron a los medios de comunicación para acusarse, deslindarse e incluso difamarse mutuamente. Ministros que deberían encarnar mesura, prudencia y autocontención institucional actuaron, en cambio, como actores políticos inmersos en una disputa narrativa, más preocupados por salvar su imagen que por preservar la credibilidad de la institución.

El episodio alcanzó niveles francamente lamentables cuando algunos intentaron reescribir los hechos. Se afirmó (de manera falsa) que se trataba de “haberes de retiro” o de bienes que ya eran propiedad de la Corte. No lo eran. Las camionetas anteriores se encontraban bajo esquemas de arrendamiento; no constituían activos propios del tribunal. La manipulación deliberada de los hechos no es un error menor: es una falta grave para quien tiene la responsabilidad de interpretar y aplicar el derecho.

Conviene decirlo sin rodeos: fomentar el encono social para evadir responsabilidades no solo es éticamente reprobable, es incompatible con la función judicial. La verdad importa. Y cuando se falsea deliberadamente desde la cúspide del sistema de justicia, el daño institucional es profundo y difícil de revertir. Lo que presenciamos fue un circo grotesco. Se pasó del viejo y gastado “el PRI robó más” al ahora recurrente “Piña gastaba más”. El argumento no solo es pobre; es peligrosamente infantil. No se trata de comparar derroches pasados para justificar excesos presentes. Se trata de asumir responsabilidades hoy, bajo los principios que se dicen defender.

Vale la pena recordar lo que la propia presidenta Sheinbaum ha señalado sobre la austeridad republicana: “Reducir los privilegios y destinar recursos públicos para beneficio del pueblo. No puede haber justificación moral, ética ni política para que quienes sirven al pueblo vivamos rodeados de lujos. Una nueva ética desde el poder.”

La pregunta entonces se vuelve inevitable: ¿en qué momento comprar camionetas blindadas de lujo se volvió compatible con esa definición? En los hechos, la austeridad republicana ha terminado convertida en un discurso selectivo, una bandera que se agita para castigar adversarios o justificar recortes, pero que se guarda cuidadosamente cuando incomoda a quienes forman parte del propio movimiento o de las nuevas élites del poder.

El episodio alcanzó un nivel todavía más inquietante cuando la presidenta Claudia Sheinbaum, decidió intervenir directamente en la narrativa del escándalo. Desde la conferencia mañanera (el principal espacio de comunicación política del gobierno) dedicó varios minutos a defender a la Corte, presentando incluso una comparación entre los ingresos de las y los ministros de la antigua Corte y los de la llamada “nueva” SCJN. Subrayó la reducción del salario mensual neto, la eliminación del seguro de gastos médicos mayores y otros ajustes, como si el problema fuera únicamente contable.

Pero aquí se cruza una línea constitucional que no debería cruzarse jamás. El problema no es si hoy ganan menos que antes, sino que el Ejecutivo asuma el papel de tutor, vocero o justificante del Poder Judicial. En un Estado constitucional de derecho, los poderes no se defienden entre sí, no se explican públicamente ni se absuelven mutuamente: se controlan, se limitan y se vigilan. Cuando un poder del Estado sale a proteger al otro frente a un escándalo, lo que se afecta no es solo la credibilidad o la narrativa, sino el principio mismo de división de poderes.

La señal se volvió aún más clara (y más alarmante) cuando el diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, intervino para afirmar que “en Morena tienen la obligación de apegarse a sus principios”, validando la actuación de las y los ministros y sugiriendo que habían hecho lo correcto. El mensaje fue inequívoco: el partido en el poder habla como si la Suprema Corte formara parte de su propio movimiento político. Si aún quedaban dudas sobre la confusión (o la captura) de los límites entre los poderes del Estado, estas declaraciones terminaron por disiparlas. Ahora sí que: “¡fuera máscaras!”.

No sorprende, entonces, que la percepción ciudadana respecto al desempeño de la nueva SCJN sea mayoritariamente negativa. De acuerdo con los datos disponibles, 62.4% de los mexicanos reprueban el desempeño de la Corte. Más de la mitad lo califica como pésimo. Apenas un 12.7% considera su trabajo excelente. Este rechazo coincide, no de manera casual, con la revelación de este escándalo. Es evidente que la legitimidad no se decreta, sino que se construye. Y se puede destruir con una velocidad inusitada cuando las instituciones se muestran desconectadas de la realidad social y atrapadas en sus propios privilegios, en su propia retórica, en sus propias superficialidades.

Lo verdaderamente grave no son las camionetas. Es lo que representan. Este episodio refleja con nitidez lo que está ocurriendo en el llamado nuevo Poder Judicial: improvisación, opacidad, divisiones internas, subordinación política y una ética pública profundamente erosionada. La austeridad republicana, convertida en farsa, ha dejado de ser un principio rector para transformarse en una coartada. La pregunta sigue en el aire, incómoda e inevitable: ¿dónde quedó la nueva ética desde el poder?, esa a la que hizo mención expresa la Presidenta Sheinbaum desde que tomó posesión del cargo.