El bloqueo de la Autopista del Sol y de la carretera federal México–Acapulco, a la altura de Tierra Colorada efectuado el 2 de febrero, evidencia el recrudecimiento de la conflictividad política y de seguridad en Guerrero, en un contexto donde los grupos de policía comunitaria vuelven a desempeñar un papel central como actores de desestabilización territorial e institucional.
Durante más de seis horas, alrededor de 400 vecinos, transportistas y comisarios de comunidades de Juan R. Escudero, Tecoanapa y la zona rural de Acapulco paralizaron las principales vías de comunicación del estado, obligando al gobierno a firmar una minuta de acuerdos bajo presión social y económica.
El eje de la protesta fue la exigencia de la salida de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), organizaciones que los manifestantes desconocen como instancias legalmente facultadas para ejercer funciones de seguridad pública.
En el documento firmado se establece, además, la conformación de una mesa permanente de trabajo que, en una primera etapa, sería atendida por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y posteriormente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que refleja un desplazamiento del conflicto del ámbito estatal al federal, señal de la fragilidad de la mediación local.
El conflicto pone de relieve una dinámica recurrente en Guerrero: la superposición entre policías comunitarias, autoridades formales y organizaciones criminales. Los manifestantes acusaron directamente a la UPOEG de estar vinculada con el grupo delictivo Los Rusos, mientras que desde estas organizaciones se señala a sus opositores de mantener nexos con Los Ardillos.
Esta mutua criminalización, sin resoluciones judiciales claras ni acciones contundentes del Estado, profundiza la percepción de vacío de autoridad y normaliza la disputa armada por el control territorial en la Costa Chica.
El detonante inmediato del bloqueo fue el intento de incursión de la Policía Ciudadana de la UPOEG en comunidades de Tecoanapa y Juan R. Escudero, mediante un convoy de vehículos que transportaban a aproximadamente 400 hombres armados. Este hecho refuerza la lectura de que las policías comunitarias han dejado de operar exclusivamente bajo esquemas de autodefensa local y actúan como fuerzas móviles con capacidad de despliegue regional, una característica más cercana a estructuras paraestatales que a mecanismos comunitarios tradicionales.
Aunque el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, sostuvo que se logró evitar “el escalamiento del conflicto”, el desarrollo de los acontecimientos sugiere lo contrario: el gobierno actuó de manera reactiva, negociando tras un cierre carretero que afectó a miles de personas y al principal corredor turístico del estado.
La afectación al último día del primer puente largo de 2026 —con turistas varados en casetas y terminales, y la suspensión total de salidas de autobuses hacia la Ciudad de México— evidencia cómo estos conflictos locales tienen impactos económicos, políticos y simbólicos de alcance estatal y nacional.
La desconfianza hacia las autoridades quedó explícita en el rechazo inicial al diálogo por parte de los comisarios, quienes acusaron a funcionarios estatales de complicidad con la UPOEG. La exhibición pública de fotografías de reuniones previas entre funcionarios y dirigentes comunitarios, así como la exigencia de la presencia directa de la presidenta de la República, revela una crisis de legitimidad del gobierno estatal y una narrativa social que asocia la interlocución institucional con pactos opacos.
A ello se suma el antecedente de la intervención de la Guardia Nacional en Tlayolapa, en agosto de 2025, señalada por los manifestantes como violenta y abusiva. Este episodio refuerza la percepción de que ni las fuerzas federales ni las estatales ofrecen garantías de protección a la población, alimentando el ciclo de desconfianza, autodefensa armada y confrontación política.
En términos políticos, el caso confirma que las policías comunitarias, lejos de ser un fenómeno marginal, se han convertido nuevamente en un factor estructural de inestabilidad en Guerrero. Su capacidad de movilización armada, de presión social mediante bloqueos estratégicos y de interlocución forzada con autoridades federales coloca al Estado en una posición defensiva, donde la gobernabilidad depende cada vez más de acuerdos coyunturales que no resuelven el fondo del problema.
La Costa Chica vive bajo las tensiones por la confrontación entre Los Rusos y Los Ardillos desde 2023. El 27 de enero La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado Guerrero (UPOEG) y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) firmaron una alianza para combatir el crimen organizado en la región Centro, Costa Chica y Montaña de Guerrero para desplazar a los grupos delictivos que han cometido violencia y desplazamiento de comunidades, a pesar de las solicitudes de intervención del gobierno según anunciaron por lo que reactivaron recorridos en el corredor Tierra Colorada-Cruz Grande-
Jesús Placido Galindo (CIPOG-EZ) y Lino Ponche Rosales (UPOEG) anunciaron que se sumaría la CRAC-PF.
La advertencia de los manifestantes de retomar los bloqueos si no se cumplen los acuerdos anticipa un escenario de conflicto latente, en el que la protesta social, la disputa criminal y la debilidad institucional continúan entrelazándose. En este contexto, la exclusión formal de las policías comunitarias de la mesa de diálogo no garantiza su neutralización política ni operativa, y deja abierta la pregunta sobre la capacidad real del Estado para recuperar el monopolio de la seguridad y la autoridad en amplias regiones de Guerrero.