En la conferencia de prensa del 17 del actual, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo informó haber recibido la propuesta de la Comisión para la Reforma Electoral que estableció, a fin de remitir la correspondiente iniciativa de reforma constitucional al Congreso. Aparecen dos matices; el único diálogo político en la materia -con los integrantes de la coalición parlamentaria de la super mayoría- no ha alcanzado acuerdos para la aprobación de las pretensiones del gobierno, y ha variado el listado de temas presidenciales, aunque puede ser sólo una simplificación declarativa, para reducirse a: (i) la disminución del “costo” de los comicios (presupuesto para los órganos competentes y financiamiento público de los partidos); (ii) la propuesta sobre la representación de quien no triunfó en la elección de mayoría relativa y accede al cargo por la vía plurinominal; (iii) la representación política de las personas mexicanas residentes en el exterior, y (iv) el impulso de las formas de la democracia participativa.

De lo que temático de agosto último no retornaron el propósito de revisar la dimensión de las legislaturas locales y de los ayuntamientos, la incorporación de acciones afirmativas para la igualdad entre los géneros en la materia, la revisión del régimen de fiscalización de los ingresos y egresos de partidos y candidaturas y la revisión de la normativa de la elección judicial.

Y de los temas presentados en enero último, ya no mencionó el planteamiento de suprimir la protección temporal contra la acción penal de las personas servidoras públicas que hoy tienen fuero.

Contra todo precedente establecido entre 1977 y 2018, la iniciativa anunciada no ha sido objeto de diálogo con la pluralidad política, cívica o social. Será la propuesta del gobierno y, quizás, del acuerdo con sus aliados del PVEM y del PT. Aquél tiene mayoría absoluta en las cámaras y, con éstos, la mayoría calificada necesaria. Así han aprobado -más la mayoría de las legislaturas locales- 21 decretos de modificaciones constitucionales en prácticamente la mitad de la vida de la LXVI Legislatura Federal.

El método presidencial excluyente de la diversidad política ha motivado cuatro acciones de quienes plantean se respete el derecho ciudadano a opinar, participar y generar convencimiento con razones; una, consistente en la iniciativa del grupo parlamentario del PAN en el Senado, debería ser valorada en el futuro proceso legislativo, más allá de los formalismos que podrían alegarse para evitarlo. Otras son ciudadanas: la del colectivo “Salvemos la Democracia” que constituye una iniciativa ciudadana y fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados; la propuesta de Somos México, asociación que busca el registro como partido en los comicios de 2027, y el planteamiento del Frente Amplio Democrático (FAD) en su Manifiesto a la Nación para pugnar por “evitar que prospere una iniciativa político-electoral regresiva.” Sus postulados en positivo: autoridades electorales con auténtica autonomía e imparcialidad; elecciones libres, equitativas y competidas para garantizar la posibilidad de la alternancia; fortalecimiento de la ciudadanía informada para la participación política; representación legislativa proporcional al voto de la ciudadanía, sin fórmulas de sobrerrepresentación, y respeto al pluralismo político para la discusión de las reformas constitucionales.

Sin demérito de los derechos del colectivo que presentó la iniciativa ciudadana en el proceso legislativo, el FAD y Somos México han solicitado la convocatoria y realización de un Parlamento Abierto sobre la iniciativa presidencial. La materia y la forma en la cual se prepara esa propuesta hace indispensable la apertura del Congreso para el diálogo con la ciudadanía; son las reglas para la emisión del sufragio y sus efectos, base del régimen democrático, y si bien se realizaron audiencias para escuchar y recibir planteamientos en la Comisión referida, no ha habido discusión pública sobre esas aportaciones y la pertinencia de aceptarlas o rechazarlas.

El esfuerzo del gobierno con su alianza parlamentaria revela el propósito de garantizar los votos de la mayoría calificada antes del dictamen de la iniciativa y su discusión; en otras palabras, enarbolar la certidumbre del proceso y afirmar que esa mayoría tiene la autoridad para cambiar el régimen electoral. Sin embargo, no podrán decir que hay un mandato de las urnas como las iniciativas del expresidente López de febrero de 2024 que ya han aprobado. Y si bien el razonamiento de contar con los votos podría presentarse como legitimidad de origen, controvertido ampliamente por la forma en que se obtuvieron las curules y los escaños, pero no cabe detenerse hoy aquí, no alcanza para para sustentar la legitimidad democrática en el desempeño de la función de reformar la Constitución o a la luz de las hipotéticas consecuencias de las modificaciones.

Si se tiene la mayoría necesaria, ¿cuál sería la reticencia a convocar y desarrollar un auténtico Parlamento Abierto? Únicamente podría pensarse en la disciplina mayoritaria para rechazar la deliberación pública de las propuestas de la ciudadanía y el deber de razonar sobre el tratamiento otorgado a las aportaciones recibidas, con la explicación de por qué algo se incorpora y cómo o se desecha.

Partamos de un supuesto para el diálogo; no es el momento de cuestionar la autoridad de la mayoría, pues no hay duda del hecho, sino de ir al análisis y, en su caso, cuestionamiento del contenido o la calidad, viabilidad y pertinencia de los argumentos que sustenten las propuestas, la presidencial y las demás.

La Dip. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, ha sido sensible a la solicitud del Parlamento Abierto. Es claro que se requiere voluntad política para que las atribuciones de su cargo y de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos en torno a las Comisiones y el rigor de los dictámenes con apego al Reglamento de la Cámara de Diputados, puedan dar consistencia a un auténtico Parlamento Abierto.

Sin la pluralidad política en la elaboración de la iniciativa presidencial, la reforma electoral podría aspirar a construir legitimidad en una deliberación pública abierta -no la simulación de los foros parlamentarios sin reglas ni consecuencias susceptibles de validación en los dictámenes- en la cual cada decisión reconozca las propuestas recibidas sobre la cuestión, merezca un análisis específico y se sustente en un razonamiento expreso frente a la propuesta favorecida y las otras opciones.

Los derechos políticos de la ciudadanía, que constituye el fondo y el hilo conductor de lo electoral, merecen el respeto del poder público. El verdadero Parlamento Abierto escucha, recibe, sistematiza, analiza, razona, explica y sustenta las decisiones en procesos deliberativos reales con la ciudadanía, que no mina sino fortalece el ulterior debate parlamentario.