En Guerrero, la disputa por la candidatura de Morena a la gubernatura de 2027 dejó de ser un proceso interno en construcción para convertirse en una lucha abierta por el control político del movimiento. A más de un año del inicio formal del proceso electoral, el partido ya vive una confrontación interna que ni las reglas recién aprobadas por el Consejo Nacional parecen capaces de contener.
Las elecciones del 2027 están más cerca de lo que aparentan en el calendario institucional. En la práctica, el proceso electoral en Guerrero ya comenzó, aunque todavía no exista convocatoria oficial. Las giras, los posicionamientos mediáticos, la construcción de estructuras territoriales y las campañas de desgaste entre aspirantes muestran que la contienda interna ya se encuentra en marcha.
La dirigencia nacional de Morena intentó ordenar ese escenario mediante acuerdos aprobados en sesión cerrada del Consejo Nacional. El plan es que el 22 de junio se emita la convocatoria para registrar a quienes aspiren a convertirse en coordinador estatal de la defensa de la transformación, figura que en la experiencia morenista termina convirtiéndose en el candidato a gobernador.
El diseño contempla un filtro: solo seis aspirantes participarán en la encuesta final que definirá al coordinador. Si se registran más de seis, el Comité Ejecutivo Nacional aplicará un sondeo previo para reducir la lista a quienes tengan mayor arraigo territorial.
En teoría, el mecanismo busca evitar una contienda interna prolongada. En la práctica, ese primer filtro puede convertirse en el detonador de la mayor disputa, pues la exclusión de aspirantes con peso político o respaldo de grupos internos puede traducirse en inconformidad, ruptura o campañas de deslegitimación contra el propio proceso.
Las reglas también incluyen restricciones que, en los hechos, ya llegan tarde. Morena prohibió a los aspirantes promover su imagen en espectaculares, utilizar recursos públicos, entregar dádivas o desplegar campañas de desprestigio. También se establecieron controles sobre la comunicación digital para impedir campañas de acoso o linchamiento en redes sociales.
Sin embargo, varios de los aspirantes ya han desarrollado estrategias de posicionamiento territorial y mediático desde hace meses, lo que deja claro que las normas buscan regular una competencia que ya se encuentra en plena marcha.
Entre quienes ya aparecen en el escenario político están Félix Salgado Macedonio, Esthela Damián, Guadalupe Eguiluz Bautista, Beatriz Mojica, Abelina López Rodríguez, Rogelio Ortega y Jacinto González Varona. Cinco de ellos ocupan actualmente cargos de elección popular, lo que agrega una dimensión adicional de conflicto: la posibilidad de que estructuras institucionales y redes políticas locales se utilicen para fortalecer proyectos personales.
Más allá de los nombres, lo que se perfila es una disputa entre bloques de poder dentro del propio Morena, cada uno con intereses territoriales, redes políticas y vínculos con distintos grupos del movimiento.
Uno de los choques más visibles se da entre Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, y el senador Félix Salgado Macedonio, quien aparece al frente en diversas mediciones de preferencia electoral.
Abelina López ha denunciado públicamente que enfrenta una estrategia de “fuego amigo” destinada a debilitar su imagen en el contexto de la disputa por la candidatura. En 2025, la Auditoría Superior de Guerrero presentó una denuncia ante la fiscalía estatal por la presunta falta de comprobación de 898 millones de pesos del ejercicio fiscal 2023. La alcaldesa ha insistido en que estos señalamientos forman parte de una ofensiva política vinculada al proceso interno.
Del otro lado, Félix Salgado Macedonio representa una de las figuras más conocidas del morenismo en Guerrero y cuenta con una estructura política consolidada en diversas regiones del estado. Sin embargo, su eventual candidatura también arrastra una carga de controversia.
Uno de los cuestionamientos recurrentes es la percepción de que su aspiración implicaría una continuidad familiar en el poder estatal, al ser padre de la actual gobernadora.
Además, en el marco de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, colectivos feministas retomaron la consigna “un violador no debe ser gobernador”, en referencia a las acusaciones que enfrentó durante el proceso electoral anterior y que derivaron en la cancelación de su candidatura hace tres años.
Otro frente de tensión se encuentra alrededor de Esthela Damián Peralta, cuya posible aspiración sectores del morenismo local la perciben como una figura impulsada desde el centro del país y distante de la dinámica política guerrerense.
Las críticas también han alcanzado a su entorno familiar, particularmente por la trayectoria de Pioquinto Damián Huato, empresario y ex dirigente de la Canaco en Chilpancingo, quien ha enfrentado señalamientos por parte de comerciantes del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla que lo acusan de despojo, intimidación y cobros indebidos.
Ante esa situación, en enero de este año Esthela Damián difundió un comunicado para deslindarse del grupo político que Pioquinto había conformado para promover su candidatura.
Mientras tanto, Morena intenta incorporar filtros adicionales para evitar que lleguen a las candidaturas personas vinculadas al narcotráfico o que reciban financiamiento ilícito, un tema particularmente sensible en un estado donde la relación entre política y crimen organizado ha sido históricamente un factor de riesgo electoral.
En este contexto, las reglas aprobadas por Morena parecen más un intento de contención que una solución real al conflicto. El proceso interno podría convertirse en un factor de fractura dentro del partido. Si alguno de los bloques considera que el método de encuesta o el filtro previo fue manipulado, el resultado podría derivar en divisiones, rupturas o candidaturas disidentes.
El desafío para Morena en Guerrero no es únicamente seleccionar a su candidato, sino evitar que la disputa por la candidatura erosione la cohesión del partido antes de enfrentar la elección constitucional. Una contienda interna mal administrada podría abrir una ventana de oportunidad para la oposición.
Por ahora, lo que se observa no es un proceso de selección ordenado, sino el inicio de una batalla política donde cada grupo intenta asegurar su lugar en la boleta de 2027.
Y en esa batalla, las reglas internas podrían terminar siendo menos un mecanismo de arbitraje y más otro instrumento dentro de la propia disputa por el poder.