La detención y abatimiento de un líder del crimen organizado, y los episodios de violencia e interrupciones que le siguieron (en 20 entidades generando alertas internacionales de seguridad y preocupación por eventos de alto perfil como el Mundial 2026), volvieron a colocar en el centro del debate un tema que se analiza sólo desde la óptica de la seguridad pública, pero que tiene implicaciones económicas importantes: la relación entre estabilidad social, confianza empresarial y sus decisiones de inversión y el crecimiento de largo plazo.
Si bien los eventos fueron contenidos en pocos días y no alteraron los fundamentales macroeconómicos del país, si generaron afectaciones (las cámaras empresariales estimaron pérdidas entre 1,500 y 2,000 millones de pesos) y activaron mecanismos de transmisión que, acumulados, pueden afectar inversión, turismo y decisiones de relocalización productiva.
El planteamiento es particularmente relevante ante el anuncio de que 2025 cerró con cifras históricas de Inversión Extranjera Directa (IED). El país logró posicionarse como uno de los principales destinos de nearshoring a nivel mundial, en un entorno de inestabilidad geopolítica.
Sin embargo, un análisis más detallado de la composición de esa IED muestra matices importantes. Una proporción significativa provino de reinversiones y transferencias intraempresa —capital que ya estaba en México— más que de proyectos completamente nuevos. Además, el flujo mostró un ajuste negativo en el cuarto trimestre de 2025, coincidente con un entorno internacional más incierto, tasas de interés aún elevadas y señales internas de cautela empresarial. Este comportamiento sugiere que el dinamismo observado no está garantizado hacia adelante y depende de condiciones que trascienden la ventaja geográfica.
En paralelo, la inversión fija bruta de origen nacional mostró un desempeño más moderado durante 2025. Empresas mexicanas han sido más prudentes que sus contrapartes extranjeras, reflejando mayores costos financieros, dudas regulatorias en algunos sectores y, de manera creciente, el impacto de la inseguridad en regiones específicas. Esta divergencia entre inversión externa dinámica e inversión interna contenida es una señal de alerta: cuando el capital doméstico duda, suele ser porque percibe riesgos estructurales que los inversionistas extranjeros todavía están evaluando.
En este contexto los eventos de violencia de alto impacto adquieren relevancia económica. No porque modifiquen el tipo de cambio o las tasas de interés —variables que responden a factores globales— sino porque inciden en el costo intrínseco que la incertidumbre inyecta en la actividad productiva. Las empresas incorporan costos adicionales de seguridad (personal y de bienes), seguros, logística protegida y gestión de riesgos. Esos recursos no se destinan a innovación, expansión ni contratación de personal, reduciendo la productividad agregada.
Este contexto el éxito de la actual estrategia económica del gobierno, el Plan México, que apuesta por la inversión pública, la atracción de capital privado y la integración regional como motores de crecimiento, descansa en una premisa fundamental: que México pueda ofrecer simultáneamente cercanía al mercado estadounidense, capacidad manufacturera y un entorno confiable para operar. La seguridad, por tanto, no es sólo un objetivo social, es una variable económica crítica.
Para crear un entorno de seguridad para la inversión, los operativos exitosos contra el crimen organizado son condición necesaria, pero no suficiente. Para que la inversión productiva se traduzca en desarrollo sostenido, debe construirse un entorno donde la certidumbre sea permanente y no pequeños episodios. El verdadero dividendo económico de la seguridad no está en evitar pérdidas de corto plazo, sino en permitir que la oportunidad histórica del nearshoring se convierta en crecimiento de largo plazo.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®