A mucha honra somos frijoleros”, afirmó recientemente la presidenta de la República al anunciar una campaña para promover el consumo de este alimento básico en México. El mensaje apela a la identidad, a la cultura y a la importancia de fortalecer lo que producimos en el país. Sin embargo, hay una contradicción que no se puede ignorar: hoy, en estados como Chihuahua, producir frijol no garantiza poder vivir de él.

El #Megabloqueo del 6 de abril no fue un evento aislado ni una exageración. Fue la manifestación visible de un problema que se ha estado gestando en el campo mexicano desde hace tiempo: productores que dejaron el surco no por estrategia política, sino por necesidad. Salieron a exigir lo mínimo: que su trabajo tenga valor.

En el corazón de esta situación está el frijol, uno de los cultivos más emblemáticos y extendidos del país. Pero paradójicamente, el problema no es la falta de producción. De hecho, Chihuahua está en proceso de una recuperación considerable: después de años de sequía y las dificultades de la pandemia, los productores pudieron aumentar sus cosechas en 2025 a niveles no vistos desde hace varios años.

Pero ese esfuerzo ahora no se traduce en bienestar. Después de sembrar, invertir y esperar meses, los productores enfrentan una realidad brutal: enfrentan precios de entre 8 y 10 pesos por kilo, mientras que ese mismo producto se vende a los consumidores por entre 27 y más de 50 pesos en diferentes partes del país. Esto no es una variación normal del mercado. Es una distorsión profunda que muestra que algo no está funcionando.

Lo que sucede en Chihuahua no es un caso aislado. Se muestra un sistema que no refleja el equilibrio entre producción, comercialización y consumo. Un modelo en el que el productor asume todos los riesgos – climáticos, financieros, productivos – pero no cosecha los beneficios; donde el consumidor paga precios altos pero esos ingresos no se traducen en mejores condiciones para el campo; y donde persisten fallas estructurales que impiden que el valor se distribuya de manera justa.

En este contexto, la principal herramienta del Estado para la intervención en el mercado, el programa de garantía de precios implementado a través de Alimentación para el Bienestar es claramente insuficiente. En Chihuahua, solo alrededor del 10% de la producción puede acceder a este esquema. El resto está completamente expuesto a las condiciones del mercado.

La comparación con las otras entidades productoras también resalta el problema. En Zacatecas, la producción está cubierta por el programa aproximadamente en un 32% mientras que en Durango cerca de un tercio. En Chihuahua, sin embargo, la cobertura es mínima y no hay una explicación clara de los criterios utilizados para asignar estos volúmenes.

Además de esto, existen problemas operativos que han sido señalados por los propios productores: centros de acopio deficientes y falta de suministros básicos como sacos e instalaciones hacinadas, procesos administrativos lentos y retrasos en los pagos. En resumen, no es solo un esquema limitado, sino uno que tiene problemas para funcionar eficientemente.

El entorno internacional tampoco es bueno. Los productores mexicanos compiten con granos de países donde la producción está fuertemente mecanizada y respaldada por esquemas de apoyo robustos. En Estados Unidos, se anunciaron recientemente grandes aumentos en el gasto en el sector agrícola, incluidos seguros, coberturas de riesgo y programas de apoyo que brindan estabilidad a los productores.

En México, los agricultores están, sin embargo, mucho más inseguros. Esto se agrava por el hecho de que han entrado frijoles importados en grandes volúmenes en los últimos años, especialmente en 2023 y 2024, cuando ya se habían alcanzado niveles históricos.

En este caso, la reacción de los productores no solo es comprensible, sino predecible. Cuando las condiciones del mercado no permiten la recuperación de los costos de producción, la actividad deja de ser viable. Y cuando eso sucede, el problema deja de ser sectorial y se convierte en un asunto de interés público.

Por lo tanto, es importante pasar del diagnóstico a la acción. Primero, es necesario aumentar el volumen de recolección de frijol en el estado de Chihuahua, de manera equitativa en comparación con otras entidades productoras, para permitir que un mayor número de agricultores puedan comercializar de manera justa.

 

Lo mínimo que hoy se le debe al campo

Asimismo, es importante contar con un sistema de comercialización que sea capaz de cubrir el costo de producción para los productores, de modo que no se vean obligados a vender al precio más bajo.

De igual forma, se debe evitar la importación de frijoles en la ventana de producción media de la producción nacional para evitar la competencia en el momento más crítico para los agricultores.

Al mismo tiempo, se deben fortalecer las capacidades organizativas de los productores para que puedan agregar valor a su producción, mejorar su posición en el mercado y reducir su dependencia de los intermediarios.

Finalmente, debe haber transparencia en el funcionamiento de los programas públicos, en lo que respecta a los volúmenes de recolección que se distribuyen entre las diversas agencias federales.

Lo que está en juego no es solo una cosecha. Es la viabilidad del campo mexicano, el equilibrio del mercado alimentario y la capacidad del país para garantizar condiciones justas para quienes producen.

Al final, el problema no es cuánto se produce, sino si existen condiciones que hagan que la producción valga la pena. Y mientras esa pregunta quede sin respuesta, el campo seguirá perdiendo y las familias mexicanas seguirán perdiendo.

El autor es senador de la República y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal

@MarioVzqzR