Actualmente, la economía mexicana enfrenta una tensión creciente entre la estabilidad macroeconómica y la fragilidad de las finanzas públicas. Aunque no hay crisis inminente, los indicadores fiscales y de crecimiento muestran un deterioro progresivo que limita el margen de maniobra del gobierno. Inflación, déficit y bajo crecimiento configuran una vulnerabilidad clara en la coyuntura actual.
El frente más visible es la inflación. Tras un período de moderación, los precios superan nuevamente el rango objetivo del Banco de México, impulsados por componentes estructurales como energéticos y productos agrícolas afectados por crisis climáticas e inseguridad. El gobierno recurre a estímulos fiscales vía IEPS para contener precios de gasolinas. Esto cuesta caro: en 2025, la recaudación cayó 12-13% respecto a lo previsto (unos 100 mil millones de pesos perdidos); para 2026, se estiman pérdidas de entre 400 y 500 mil millones si se persiste con esta política populista.
Esta estrategia, políticamente rentable, presiona las finanzas públicas. En vez de atacar raíces estructurales, genera contención artificial que debilita ingresos y amplía el déficit. Paradójicamente, la política antiinflacionaria agrava el desequilibrio fiscal.
La política monetaria también participa en el desequilibrio. La reciente baja de 25 puntos base en la tasa de referencia, con inflación persistente, cuestiona el mandato del banco central. Por un lado, se busca estimular mayor dinamismo económico y, a la vez aliviar el costo financiero de la deuda que alcanzó el 3.7% del PIB en 2025 (cerca de un billón de pesos), con proyecciones de 3.6 a 4.0% en 2026. Tasas menores alivian la carga, pero todo tiene su costo, ya que puede debilitar el peso y elevar riesgos inflacionarios.
El crecimiento es insuficiente para equilibrar esta situación. En 2025, el PIB creció solo 0.6% (rayando el estancamiento); para 2026, se estima un rango de 1.2 a 1.6%. Esto limita ingresos públicos, ampliando el déficit y fomentando el endeudamiento. El déficit fue 4.3% del PIB en 2025 y se estima en 3.5 a 4.0% en 2026.
La deuda pública cerró 2025 en 18.95 billones de pesos (52% del PIB), con tendencia similar en 2026. Más del 80% es interna, sensible a las elevadas tasas de los bonos, estrechando el margen fiscal al destinar más presupuesto al servicio de la deuda.
Sin recortes de gasto ni aumentos de ingresos, el gobierno explora alternativas. Destaca la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que redefine “gasto corriente estructural” excluyendo programas sociales constitucionales y servicios esenciales (educación, salud, seguridad). Esto evade límites fiscales y reduce artificialmente el gasto estructural, mostrando déficits menores sin cambios reales: un ajuste contable que relaja disciplina y transparencia, dando flexibilidad presupuestaria.
Esta estrategia posterga ajustes. Inflación persistente, déficit alto y crecimiento débil recuerdan modelos que priorizan estabilidad política de corto plazo sobre sostenibilidad de largo plazo. México administra presiones sin resolverlas estructuralmente.
El riesgo es acumulativo: la erosión fiscal podría elevar costos de financiamiento, riesgo país y limitar políticas de crecimiento. La estabilidad actual descansa en bases frágiles. México no enfrenta aún una crisis fiscal, pero sí una trayectoria que la vuelve más vulnerable. La duda es cuánto durará un modelo que difiere consecuencias en vez de corregir desequilibrios.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®