Desde los años noventa se difundió con facilidad una lectura simplista: que México había salido “demasiado bien librado” en la negociación del viejo TLC frente a Estados Unidos. La versión encontró eco, sobre todo, en sectores sindicales del norte, donde se atribuían al acuerdo la pérdida de empleos y el deterioro de las condiciones laborales.

Pero esa supuesta ventaja nunca fue tal: descansaba, en realidad, en la precariedad salarial mexicana. No era del todo cierto entonces y hoy, en medio de una nueva presión política, sigue sin serlo. Lo que sí ha cambiado es el tono.

Desde Washington, Donald Trump vuelve a empujar una revisión más dura del T-MEC, acompañado por sindicatos que buscan reducir las asimetrías laborales y salariales. No es una discusión técnica: es una disputa política, económica y, cada vez más, ideológica.

Además, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha advertido sobre una injerencia “directa y abierta” de un gobierno extranjero en asuntos sindicales mexicanos a través del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del tratado. Según funcionarios, este instrumento estaría siendo utilizado no solo para supervisar, sino para influir e incluso promover organizaciones sindicales sin representación real en los centros de trabajo.

El señalamiento es delicado porque cambia la naturaleza del debate: ya no se trata únicamente de derechos laborales, sino de soberanía.

En paralelo, la participación de Claudia Sheinbaum en una reunión con líderes progresistas de América Latina y Europa forma parte de una agenda política internacional más amplia, pero no incide directamente en la renegociación del tratado. Mezclar ambos temas puede ser útil para el ruido mediático, pero poco aporta a la comprensión real del momento que atraviesa la relación comercial.

El fondo del problema sigue siendo el mismo de hace tres décadas. México defendió entonces, y con razón, que no podía equiparar salarios con Estados Unidos. No era una trampa; era una condición estructural. Esa asimetría permitió construir una integración económica que, con todas sus tensiones, ha sido funcional para los tres países.

Hoy, para sectores en Estados Unidos, la diferencia salarial ya no es una etapa del desarrollo, sino una ventaja que debe corregirse. De ahí la presión sobre sindicatos, contratos colectivos y condiciones laborales. De ahí también el uso, cada vez más agresivo, de los mecanismos del propio tratado.

México, por su parte, no llega con las manos vacías. La reforma laboral de 2019 abrió la puerta a una democracia sindical más real, con voto libre y legitimación de contratos. Pero también dejó al descubierto una verdad incómoda: nuestra competitividad sigue descansando, en buena medida, en costos laborales más bajos.

Esa realidad es más bien una vulnerabilidad y lo que estamos viendo ahora no es una corrección técnica, sino una disputa por redefinir ese equilibrio bajo nuevas presiones políticas, sindicales y electorales.

La pregunta no es si el tratado debe cambiar. Eso es inevitable. La verdadera pregunta es otra: ¿vamos a renegociar desde la inteligencia estratégica o desde la reacción defensiva?

Porque cuando un acuerdo deja de ser visto como una oportunidad compartida y empieza a tratarse como un campo de intervención, el problema ya no es comercial. Es político. Y, eventualmente, puede volverse irreversible.

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